La parlamentaria por Huelva tilda de “crimen inadmisible” la muerte en Huelva del jornalero nicaragüense

La parlamentaria por Huelva María Gracia González, tilda de “crimen inadmisible” la muerte en Huelva del jornalero nicaragüense y acusa directamente a la patronal de practicar “terrorismo laboral” de forma generalizada en el campo onubense.

El pasado 4 de mayo, se conoció la muerte de un jornalero de 30 años, de origen nicaragüense, electrocutado mientras trabajaba de forma ilegal recogiendo naranjas en una finca de La Palma del Condado, careciendo de contrato de trabajo y de cualquier otra cobertura laboral. “Queremos denunciar enérgicamente este nuevo suceso dramático en el campo onubense, porque no se trata de una muerte fortuita, ni de un accidente laboral, sino del resultado directo del “terrorismo laboral” que sufren nuestros campos por parte de la patronal agrícola y que ya ha costado demasiadas vidas”, ha declarado González.

“Llevamos tiempo denunciando las precarias condiciones de trabajo a las que se enfrentan los jornaleros en los campos de Huelva y el abandono y los abusos a los que son sometidos sistemáticamente”. “Y todo ante la parsimonia e inacción de las autoridades competentes, que terminan siendo cómplices de esta situación”, continúa la parlamentaria onubense. “Son ya demasiadas las ocasiones en las que diversos sindicatos, organizaciones y trabajadores particulares, y hasta el relator de la ONU, han denunciado la situación de explotación laboral a la que tienen que enfrentarse día a día en sus puestos de trabajo”. “En nuestra provincia, son muchos ya los ejemplos de abusos y explotación que tienen que soportar los y las trabajadoras de Huelva. Los “asentamientos de la vergüenza” de los trabajadores migrantes en Lepe, las continuas violaciones de convenios y legislación laboral de las trabajadoras del sector fresero, incluso abusos sexuales hacia las temporeras migrantes y muchos otros casos más que hacen que esta muerte sea la gota que colme el vaso para decir basta y plantarse ante esta situación”. “Huelva no puede permanecer impasible mientras en sus campos mueren personas explotadas y semi esclavizadas”, continúa María Gracia.

“Hace algo más de un año, a pesar de las numerosas denuncias sobre su estado, los asentamientos tercermundistas de Lepe sufrieron un brutal incendio, ante el que las administraciones no han tomado al día de hoy ninguna medida importante para evitar que se repita, ni se ha consolidado una alternativa habitacional idónea para las personas que permanecen allí hacinadas como animales y sin ningún tipo de condiciones mínimamente dignas. Mientras las instituciones con competencias en este tema y las autoridades locales no tengan la voluntad política de solucionar esta situación, nuestros famosos “frutos rojos” deberán su nombre a la sangre de las personas que están muriendo en nuestros campos y esos campos, en campos “de esclavos” más que “de cultivo”, mientras la patronal anteponga sus beneficios económicos por delante de la vida de las personas” concluye.

María Gracia considera que “En el sector fresero onubense, también recientemente han salido a la luz pública varios casos de incumplimiento de convenios, horas de trabajo que duplican lo permitido, malos tratos, explotación diaria y todo tipo de abusos, situaciones a la que las trabajadoras no pueden poner fin, por el miedo al despido en caso de denunciarlo, miedo que también sufren las temporeras, víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los encargados de fincas en Moguer, Almonte y otros lugares, denuncias que por supuesto realizan desde el anonimato, para evitar represalias por parte de su agresor”.

Finalmente, María Gracia defiende que “este último caso, este nuevo crimen inadmisible en nuestros campos, no es un suceso aislado, se trata del resultado de una sistemática violación continuada, no solo de la legislación laboral, sino de los derechos humanos más básicos, y ponen a nuestra tierra en el punto de mira de la explotación laboral. Exigimos por ello una urgente y necesaria labor de inspección laboral general y permanente de todo el campo onubense y la aplicación de sanciones ejemplarizantes para los explotadores.

Es cada vez más urgente acabar con esta sensación de terrorismo laboral que asola al campo onubense”.