El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha pedido hoy al Gobierno andaluz que asuma responsabilidades en el caso de la muerte de un menor migrante durante una maniobra de contención mecánica en el centro Tierras de Oria de Almería y ha anunciado que llevará de nuevo este asunto al Parlamento al objeto de determinar las consecuencias derivadas administrativas y disciplinarias derivadas de este caso. El centro de menores referido en esta causa acumula un amplio historial de supuestas irregularidades en el trato a los menores que han vuelto a la actualidad tras publicarse el vídeo que muestra que hasta seis personas colaboraron en la maniobra que acabó con la vida del joven Ylias Tahiri. Pese a que la causa de la muerte fue la contención mecánica como recoge el informe forense, inexplicablemente la juez no halló motivo para iniciar proceso judicial y archivó la causa.

Para la diputada de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla, Maribel Mora, el vídeo desvelado esta semana muestra claramente que no hubo resistencia por parte del menor y que su muerte se produce durante la maniobra de contención “claramente injustificada en esas circunstancias”. En este sentido, la parlamentaria ha lamentado que trabajadores del centro actuaran “como si las vidas de los menores migrantes no importaran” y ha recordado que Yllias Tahiri es un caso más de “violencia institucional hacia las personas más débiles y vulnerables” que, en esta ocasión, supuso la muerte de un menor de edad. Así, ha mostrado su “sorpresa” ante la decisión de la jueza de archivar rápidamente el caso bajo el pretexto de que se trató de una muerte accidental.

El caso de Ylias Tahiri certifica, en opinión de Maribel Mora, el mal funcionamiento de la administración autonómica durante años en materia de gestión de centros de menores migrantes: “la Junta de Andalucía se desentendió de este tema poniéndolo en manos de empresas privadas que no han estado a la altura y no han cuidado a los menores que son directamente responsabilidad del Gobierno andaluz”. En este sentido, Adelante considera necesario revisar la aplicación del nuevo protocolo de actuación en centros para verificar que se aplican desde el respeto a los Derechos Humanos, así como la revisión urgente del contrato firmado con la empresa gestora del centro Tierras de Oria toda vez que “las evidencias de mala praxis son irrefutables”.