• Nacho Molina defiende "el buen uso del dinero público" y asegura que la confluencia no permitirá "que ninguna empresa siga coartando la libertad de los trabajadores y su derecho de representación"

Adelante Andalucía ha expresado en la mañana de hoy su apoyo al trabajador sindicalista del grupo Samu, que le ha notificado su despido después de “conculcar sus derechos, no sólo laborales sino también personales, por pedir que se cumpla el convenio laboral”.

En la concentración que ha tenido lugar a las puertas de la sede del Samu en Sevilla han estado presentes los diputados de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, Mari García y Nacho Molina. El propio Molina ha indicado que “Adelante Andalucía estará en primera línea de defensa de los intereses de los trabajadores y del buen uso del dinero público” y ha lamentado que “se siga reprimiendo la libertad sindical”.

Para Molina se trata de un caso “grave”, por lo que ha instado al nuevo gobierno andaluz a cuestionarse “si este tipo de empresas merece la contratación pública”, teniendo en cuenta además que “su cartera de clientes es básicamente la administración pública”.

Según el diputado de Adelante Andalucía, la confluencia no va “a permitir que ninguna empresa, ni Samu ni otra, siga coartando la libertad de los trabajadores y su derecho de representación”.

El afectado, Aurelio Ventura, ha indicado que “pese a lo que se discute hoy es mi despido, lo más importante es que como yo y mis compañeros y compañeras hay muchos otros que  pagan sus impuestos para tener unas condiciones dignas de trabajo”. En ese sentido, ha recordado que la empresa trata de despedirle por “sencillamente pedir que se cumpla el convenio laboral para que todos mis compañeros y compañeras puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar”.

Por su parte, el responsable del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla, Miguel Albéndiz, ha afirmado que “las reglas del juego hay que respetarlas y no vamos a consentir situaciones como las que ha anunciado la empresa”. Para Albéndiz, no es aceptable que “con dinero público se financie a empresas que hacen prácticas contra los trabajadores y contra derechos como la representación sindical”.

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