Ante esta situación, y heredando problemas de legislaturas anteriores, el gobierno de la Junta de Andalucía ha respondido intensificando las tareas de politización del sistema sanitario e instrumentalización de los servicios de protección social poniéndolos al servicio de la propaganda institucional y no al servicio de la población andaluza. Se han diseñado planes, programas y leyes que en los aspectos formales mantienen cierta apariencia de lucha por los más desfavorecidos pero al no constituir una clara apuesta por parte de las instituciones competentes esto no se ha materializado en el beneficio de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. El PSOE se ha instalado, al contrario, en la autocomplacencia y en negar las evidentes fallas del sistema. Su nula capacidad de reacción ha abonado el terreno a quienes pretenden abundar en la ya muy preocupante privatización de la sanidad andaluza, camuflando sus verdaderos intereses en el malestar generalizado de las personas trabajadoras y usuarias del SAS ante el deterioro objetivo de la sanidad pública.