En un contexto de creciente precarización del mercado laboral, la Junta de Andalucía, lejos de buscar y encontrar soluciones para paliar, por lo menos en sus ámbitos competenciales, los efectos nefastos de las dos reformas laborales, ha asumido el marco actual y ha facilitado la difusión de la precariedad tanto en el interior de la Adminitración Pública como en las relaciones contractuales con empresas y agentes externos a la administración. Externalización por un lado, y precariedad por el otro, han erosionado en manera considerable la calidad del empleo público.