Existen importantes limitaciones competenciales para poder crear un verdadero marco jurídico y político de participación ciudadana, ya que la legislación estatal, que data mayoritariamente de los años 80, es muy restrictiva en lo que a participación se refiere. La inexistencia de una Ley Orgánica que desarrolle el derecho fundamental de participación, recogido en el artículo 23 de la Constitución, hace que sean las Sentencias del Tribunal Constitucional las que fijen los límites jurídicos de la participación en las Comunidades Autónomas.