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1. Somos el 18%, queremos una inversión del 18% en los PGE y el pago de la nueva deuda histórica

La Disposición Adicional III del Estatuto de Autonomía establece una inversión para Andalucía equivalente a su peso poblacional en el conjunto del estado. Exigimos que se respete este criterio refrendado por las andaluzas en los nuevos presupuestos. Su incumplimiento en los diferentes presupuestos generales del estado ha generado una nueva deuda histórica que ciframos en 6000 millones. Resulta imprescindible el reconocimiento por parte del Gobierno central con la puesta en marcha de un calendario de liquidación para financiar un nuevo modelo productivo sostenible y estable para las trabajadoras andaluzas. Queremos romper el mito de la Andalucía subsidiada, por eso el Gobierno central debe comprometerse a trabajar junto a la administración andaluza en una auditoría para cuantificar el volumen de impuestos que pagamos por los bienes y servicios de grandes empresas que, sin embargo, se contabilizan en las balanzas fiscales de otras comunidades.

2. Plan Andalucía Conecta

Es urgente conectar de forma eficaz e integral Andalucía a través del ferrocarril. Por eso exigimos que se financie y, sobre todo, se ejecute la parte final del Corredor Mediterráneo y el tren Algeciras Bobadilla, así como conectar por ferrocarril el Puerto de Algeciras, uno de los puertos con mayor tráfico de mercancías del mundo, así como el Puerto de Almería y desarrollar la conexión Jaén – Linares y la reapertura de la línea Guadix – Baza – Almanzora – Lorca, imprescindibles para la conexión de las provincias orientales. Además, el tren de cercanías y media distancia ha sufrido cierres y cortes de línea antes y durante la pandemia. El transporte público no sólo permite reducir el tráfico rodado y su impacto medioambiental, también es mucho más utilizado por las mujeres a la hora de acudir al trabajo. Por eso proponemos el Plan 83: que los 83 municipios de más de 20.000 habitantes de Andalucía estén conectados por ferrocarril, además de garantizar que el resto de los municipios tengan una parada accesible.

3. Derogación inmediata de las reformas laborales

Las reformas laborales de Zapatero y Rajoy han significado una escalada de precariedad e inestabilidad laboral para miles de trabajadores y trabajadoras en Andalucía. La temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios se han convertido en la nueva normalidad laboral. Es imprescindible la derogación completa de las reformas y un nuevo marco de relaciones laborales que garantice el empleo estable y de calidad. Además, con el fin de facilitar la conciliación y garantizar el empleo, proponemos reducir la jornada laboral de 40 a 32 horas, sin merma salarial. Andalucía, con un mercado de trabajo caracterizado por la precariedad, debe encabezar el debate por una reducción de jornada laboral. También proponemos la regulación de la subcontratación y la protección de los derechos de las trabajadoras para evitar externalizaciones.

4. Plan de Choque para el Empleo en Andalucía

Exigimos la puesta en marcha de un plan de choque para el empleo en Andalucía con carácter social y ambiental. Queremos que el Gobierno se comprometa con el fomento del empleo en Andalucía, dejando atrás los planes de empleo volátiles y ligados a las grandes empresas y superando los planes de empleo municipales de carácter coyuntural para ofrecer soluciones estructurales vinculadas a las necesidades los municipios generando empleo de carácter estable y permanente. Necesitamos implementar un modelo productivo diferente, que deje de depender del turismo como motor principal basado en la economía social, las cooperativas y la responsabilidad ambiental, reforzando los derechos ya conquistados y avanzando en nuevos derechos para las trabajadoras. El esfuerzo del Gobierno con el empleo en Andalucía debe tener una visión global y que ofrezca alternativas a largo plazo adaptando nuestro modelo actividades que generen conexión y cohesión económica bajo prioridades sociales y ambientales.

5. Un Guadalquivir andalú

La gestión andaluza de las aguas del Guadalquivir es una reclamación histórica y que resulta fundamental para el desarrollo del medio rural andaluz, además de ser una herramienta para la vertebración del territorio y para el desarrollo de un nuevo modelo para nuestra agricultura y la potenciación de la agroindustria. Su gestión, junto con la puesta a disposición de las agricultoras de las tierras públicas para su uso, es vital para Andalucía. En 2011 el Constitucional devolvió las competencias al Estado, por lo que exigimos una mesa bilateral para establecer un protocolo de traspaso de las competencias a Andalucía. Tanto PSOE como PP lo han reclamado y han cambiado de posición en función de su responsabilidad en Madrid. Pedimos el compromiso por parte del Gobierno.

6. Reforma del sistema de financiación autonómica

Andalucía es una de las CCAA peor financiadas con el actual modelo aprobado en 2007 por el Gobierno de Zapatero y asumido por los sucesivos gobiernos de Rajoy. La complejidad de los criterios actuales deriva en la arbitrariedad a la hora del reparto, lo que normalmente ha supuesto una financiación a la carta en función de los intereses del gobierno de turno. El actual sistema de financiación nos hace perder hasta 4000 millones anuales. De ese reparto depende el Sistema Andaluz de Salud, el Sistema Andaluz de Educación y la aplicación de la dependencia. Por eso pedimos la puesta en marcha de los trabajos para una reforma del sistema de financiación autonómica, basada en criterios poblacionales y sociales (tasa de exclusión social, tasa de desempleo, esperanza de vida, etc). Una financiación más justa significa la ampliación de la parte correspondiente a administración local en la participación de los impuestos del estado. Apostamos por una estrategia a largo plazo que avance hacia un marco bilateral en materia fiscal impulsando un concierto económico con el Estado, de manera que sea la Hacienda Andaluza la agencia de recaudación del conjunto de los tributos, transfiriendo a la administración central la recaudación por lo tributos estatales tras descontar el cupo que se pacte entre ambas administraciones. La mala financiación del ciclo autonómico y las escasas posibilidades de establecer una política fiscal al servicio de nuestro desarrollo y la creación de empleo, han cronificado la desigualdad y la brecha económica con la media del Estado y de la Unión Europea. Solo el control de nuestros recursos y el establecimiento de una fiscalidad propia podrán permitirnos cambiar esta situación.

7. Frente a la amenaza del virus, servicios públicos blindados

Lo público ha sido la garantía de que pudiéramos salir adelante frente a esta pandemia. Por eso es más importante que nunca que blindemos los ingresos de los servicios públicos a través de una financiación apropiada. El sistema de financiación debe garantizar un suelo de ingresos del 7% en Sanidad, del 5% en Educación y del 2% en Servicios Sociales. Para ello se debe no sólo impulsar la derogación del artículo 135 de la Constitución Española que prioriza el pago de la deuda, si no el blindaje constitucional de los suelos de inversión en servicios públicos básicos. Hasta la fecha los servicios públicos han sido un nicho de negocio a través de las subcontratas, provocando más precariedad en un sector clave como el de los cuidados. Por eso es imprescindible la financiación por parte del estado de una Agencia Andaluza de Cuidados que, con personal propio, garantice el cuidado a las personas mayores en sus hogares.

8. La conciliación no es un nombre inventado

Los cuidados durante y post confinamiento han recaído sobre las espaldas de las mujeres. Nueve de cada 10 reducciones de jornada y excedencias por cuidados las han solicitado mujeres: son ellas quienes ingresan menos para poder cuidar. Por ello es necesario un Plan Estatal de Corresponsabilidad en los cuidados con (1) más escuelas infantiles públicas y (2) con una renta que compense las reducciones de jornada para los cuidados de menores a su cargo, de forma que los y las trabajadoras no pierdan ingresos por cuidar.

9. Una vivienda asequible y garantizada

Acceder a una vivienda se ha convertido poco menos que en misión imposible. Incluso durante la pandemia el precio medio de la vivienda ha subido entre 7 y 12 puntos en ciudades como Cádiz, Sevilla o Jaén. Por eso proponemos modificar la ley de Arrendamientos Urbanos de de 1994 para ampliar los años de contrato: 6 para pequeños tenedores y 12 para grandes propietarios. Además, se regulará a la baja los precios de los alquileres. Esta modificación legislativa vendrá acompañada de un aumento del parque público de viviendas y la obligatoriedad de, al menos, el 30% de viviendas de protección oficial en toda nueva promoción de vivienda privada. Además, la situación excepcional provocada por el COVID supone que se tenga que prolongar la moratoria de alquileres, garantizando ingresos alternativos para los pequeños tenedores.

10. Una Andalucía que investiga su futuro

La pandemia ha demostrado que no podemos vivir de espalda a la ciencia y la investigación. Andalucía invirtió sólo el 1,05% de su presupuesto en investigación el año pasado. Por ello es necesario un plan de inversiones para fomentar la investigación tanto pública como privada. Además, la precariedad no puede ser el pan nuestro de cada día para miles de investigadores/as. Hace falta una reforma de los contratos y garantizar salarios dignos. Este aumento de inversión estará encaminado hacia la búsqueda de la soberanía energética, por el desarrollo de las energías limpias, y apostando por un sector público energético. Esto deberá ir acompañada de una moratoria en la apertura y ampliación de grandes industrias contaminantes de combustibles fósiles, con una transición social real que aporte futuro a trabajadores/as y comarcas dependientes del sector, algo que hasta ahora no ha pasado.

11. Una tasa COVID para pagar las facturas

Durante la pandemia, aunque hemos alcanzado el millón de parados en Andalucía, la fortuna de los 23 españoles más ricos ha aumentado en plena crisis del COVID. Para poder afrontar el coste de la crisis del COVID e igualar la balanza, el gobierno central debe imponer una Tasa COVID a las grandes fortunas. Sin un incremento de los ingresos dará igual qué política de reconstrucción prefiera el gobierno, porque la única forma que habrá de pagarla será con más deuda y recortes.

12. Andalucía, zona libre de CIEs

Durante el confinamiento se cerraron los CIES en todo el estado. Queremos extender esta situación para que Andalucía sea declarada definitivamente como zona libre de CIES, en la práctica cárceles para personas que no han cometido ningún delito. Dicho de otro modo, los CIES tienen que desaparecer para siempre. Además, se debe garantizar que ninguna cuarentena puede convertirse en un CIE encubierto, ni se deben vulnerar los derechos a la libre movilidad de las personas sin que primen criterios sanitarios que afectarían al resto de la población.

13. La tierra es importante: Andalucía debe estar en las negociaciones de la PAC

La Política Agraria Común se ha demostrado una herramienta imprescindible para el desarrollo del medio rural de Andalucía. Los fondos deben llegar a los pequeños agricultores y a los trabajadores del campo, por lo que es necesario replantear los criterios por los que los grandes propietarios latifundistas, los grandes tenedores de bolsas suelo y los fondos de inversión que capitalizan nuestra agricultura se han estado beneficiando de las políticas que deben ir destinadas a su desarrollo, a garantizar la dignidad de las trabajadoras del campo y a una estructura de la propiedad de la tierra más democrática. Andalucía debe estar presente en las negociaciones a nivel europeo de la política agraria de la Unión para defender los intereses de un sector estratégico de nuestro sistema productivo. Así mismo el uso de las tierras públicas del estado deben ponerse a disposición de las trabajadoras para su explotación como fuente de generación de empleo en el medio rural, por lo que exigimos el compromiso del Gobierno en mantener su titularidad y en avanzar los trabajos para una reforma agraria pendiente que garantice la supervivencia del campo andaluz.

14. Rehabilitación de la figura de Blas Infante Manuel, García Caparrós y todas las víctimas andaluzas del franquismo y la transición

84 años después del asesinato de Blas Infante el genocida responsable de su muerte y de la represión desatada en Sevilla y Andalucía, el general Queipo de Llano, está enterrado con honores en la Basílica de la Macarena mientras Blas Infante, el padre de la matria andaluza, está enterrado en paradero desconocido en una fosa común. Además, la sentencia que le condena por haber defendido los ideales andalucistas sigue vigente. Exigimos que se anule dicha sentencia para dignificar su memoria. Así mismo solicitamos al Gobierno que se hagan públicas las actas de la Comisión de Investigación sobre el asesinato de Manuel José García Caparrós mientras se manifestaba por la autonomía de Andalucía en las calles de Málaga para conocer de una vez por todas sus autores y circunstancias. Es necesario restaurar la memoria y el honor de Caparrós y su familia.

15. La Cultura, eje vertebrador de nuestra sociedad

La importancia de los sectores culturales, generadores de empleo y de riqueza material e inmaterial, y su peso en nuestra economía, así como su capacidad transformadora, debe dotarse de una mayor financiación que permita su óptimo desarrollo.