• Servicio de Ayuda a Domicilio: “Desde el Grupo Provincial Adelante Málaga presentamos moción urgente relativa al servicio de Ayuda a Domicilio en el mes de enero de 2020, así como en pleno ordinario celebrado el día 01 de julio donde en ambos proponíamos la gestión directa del mismo, en este último caso tras la finalización de un estado de alarma donde la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del Covid-19, ha puesto de manifiesto la especial relevancia en la política de los cuidados, señalando las deficiencias y debilidades en su gestión por parte de esta Diputación Provincial ante incumplimiento de convenios y de medidas de prevención en riesgos laborales, precariedad laboral, redundando en la atención de nuestros mayores, dependientes y personas vulnerables, en definitiva mercantilizando con lo que es un derecho la atención de los cuidados”.
  • Planes empleo exprés de la Junta: “Los principios constitucionales de mérito, capacidad, formación o experiencia, meritocracia, han sido sustituidos por la velocidad del ADSL o la fibra óptica de cada cual, además de hablar de un proceso machista que excluye a las mujeres por el simple hecho de estar embarazadas, un proceso excluyente que se ha dejado atrás a personas con discapacidad o mayores de 60 años. NO existe justificación”.
  • Patronato de Recaudación: ”Durante el estado de alarma hemos visto la importancia de tener una administración pública ágil, adaptada a las nuevas tecnologías. No es una cuestión puntual, sino que el marco normativo en nuestro país tiende a reforzar la administración sin papel para relacionarse con la ciudadanía, además, es una cuestión de derecho a la información, la transparencia y la participación ciudadana”

Los datos son contundentes, en Junio de 2020 en Andalucía, se habían reconocido tras resolución de prestación en relación a la atención a la Dependencia a 218.073 personas, de las cuáles 12. 652 personas tenían reconocida en la provincia de Málaga el Servicio de Ayuda a Domicilio como programa individual de atención, siendo una de las prestaciones más reconocidas del catálogo de servicios por parte de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales. Son 4.500 las personas beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio en la Diputación provincial, según informe emitido por la entidad el 27 de diciembre de 2019.

Tal y como expone la portavoz de la coalición de Izquierda Unida y Podemos en Diputación, Teresa Sánchez, el ente supramunicipal debe “garantizar y promover la calidad en este servicio esencial y dignificar las condiciones de trabajo del personal adscrito a través de la gestión indirecta del servicio, dado que PP siempre se ha negado a rescatarlo para su gestión pública”.

“El objetivo de nuestra propuesta es evitar la precariedad laboral ya que en gran medida los/ las auxiliares desarrollan tareas que exceden de sus obligaciones laborales, persistiendo las deficiencias y vacío legal en relación a obligaciones, derechos y deberes, la falta de recursos en materia de prevención de riesgos laborales, como guantes e indumentaria reglamentaria, así como la inexistencia de protocolos de actuación y de comunicación ante casos de emergencia y de conflicto. Se continúa cronificando la feminización del sector, se continúa asignando al sistema de cuidados a las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar, el trabajo relacionado con los cuidados, la falta de conciliación”.

La diputada, Maribel Sánchez, recuerda que “desde el Grupo Provincial Adelante Málaga presentamos moción urgente relativa al servicio de Ayuda a Domicilio en el mes de enero de 2020, así como en pleno ordinario celebrado el día 01 de julio donde en ambos proponíamos la gestión directa del mismo, en este último caso tras la finalización de un estado de alarma donde la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del Covid-19, ha puesto de manifiesto la especial relevancia en la política de los cuidados, señalando las deficiencias y debilidades en su gestión por parte de esta Diputación Provincial ante incumplimiento de convenios y de medidas de prevención en riesgos laborales, precariedad laboral, redundando en la atención de nuestros mayores, dependientes y personas vulnerables, en definitiva mercantilizando con lo que es un derecho la atención de los cuidados”.

“Nuestra propuesta, respondía a una cuestión práctica y de sentido común que, entre otras cosas, hubiera permitido un mejor funcionamiento, un mayor control del servicio por parte de la administración pública”, apunta Sánchez, “así como la dignificación de las condiciones laborales de la plantilla y una mejor atención a las personas en situación de dependencia”

Es por ello que Izquierda Unida y Podemos, ante la negativa permanente del equipo de gobierno de rescatar el servicio para lo público, proponen a Diputación que se elabore un informe técnico justificando la gestión indirecta del servicio de ayuda a domicilio, gestión excepcional y subsidiaria ante su gestión directa siendo el  SAD de titularidad pública;  que se implementen las siguientes medidas en el pliego de condiciones ante la contratación del servicio, esto es que las empresas participantes estén acreditadas como entidades prestadoras del servicio de ayuda a domicilio y cumplan todas las cláusulas las obligatorias y las recomendadas, llevar a cabo para la correcta prevención de riesgos laborales y salud laboral, no participando aquellas que no cumplen con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Convenio Colectivo, garantizar el SMI de las trabajadoras, el salario bruto y sus condiciones laborales no puede estar condicionado al precio establecido en el concurso de la empresa concesionaria y que por tanto remite la Administración, la obligación de que la empresa cuente con un Plan de Igualdad, que contemple medidas dirigidas hacia la conciliación, así como medidas de protección de las víctimas de violencia de género.

Patronato de Recaudación

 Asimismo, el Grupo Provincial de Adelante en Diputación, trasladará a pleno la necesidad de dar un impulso para adaptar y hacer una gestión más eficaz del Patronato de Recaudación, para ello “solicitamos que se amplíen y sistematicen los servicios que se prestan a los ayuntamientos, ofreciendo informes sobre la gestión de los tributos delegados; que se cree una comisión de trabajo para la implantación de la administración electrónica; y que se dote al propio Patronato de los medios electrónicos para conseguir una administración adaptada a las nuevas tecnologías”.

Sánchez abunda en que “durante el estado de alarma hemos visto la importancia de tener una administración pública ágil, adaptada a las nuevas tecnologías. No es una cuestión puntual, sino que el marco normativo en nuestro país tiende a reforzar la administración sin papel para relacionarse con la ciudadanía, además, es una cuestión de derecho a la información, la transparencia y la participación ciudadana”.

En 2017 la Diputación afrontó una primera adaptación, implantando la administración electrónica en la Diputación y en los municipios menores de 20.000 habitantes, “pero aún queda pendiente en uno de los entes más importantes”.

“El Patronato de Recaudación Provincial atiende a la inmensa mayoría de municipios, cerca de 800.000 ciudadanos y ciudadanas, desde el cobro del IBI, la solicitud de fraccionamiento, aplazamientos o el cobro de la tasa de basura depende del mismo”, recuerda Sánchez, “en octubre termina el plazo legal que hay previsto para esta adaptación tecnológica  y no es de recibo que la gestión de los tributos municipales no lo haya hecho, dejando a ciudadanos en clara desigualdad, ciudadanía de primera y de segunda”.

Ofertas de empleo público exprés

La coalición también ha criticado con dureza las “ofertas de empleo exprés de la Junta de Andalucía”.

La portavoz el grupo provincial ha puesto el foco en que “mientras presentamos propuestas para mejorar la transparencia y el acceso en igualdad de condiciones a la información, el gobierno del trifachito andaluz va remando en sentido contrario”.

“Tras las cortinas de humo de los vídeos promocionales, se encuentran y ocultan las barbaridades en la gestión. El pasado mes de julio, instalados ya en la vuelta a la normalidad, PP y Cs nos sorprendían con una convocatoria exprés de 24 horas para la contratación de personal funcionario interino, asimilado al cuerpo técnico de grado medio opción trabajo social con el único requisito, si se puede llamar así, de ser el más rápido en enviar un correo electrónico”, critica Sánchez.

“Los principios constitucionales de mérito, capacidad, formación o experiencia, meritocracia, han sido sustituidos por la velocidad del ADSL o la fibra óptica de cada cual, además de hablar de un proceso machista que excluye a las mujeres por el simple hecho de estar embarazadas, un proceso excluyente que se ha dejado atrás a personas con discapacidad o mayores de 60 años. NO existe justificación”, reprocha Sánchez.

Adelante, haciéndose eco de lo manifestado por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, exigirá al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que “respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y que tenga en cuenta la bolsa única para realizar las contrataciones o en su defecto realice las convocatorias oportunas en base a la legalidad. No se puede tolerar lo que entendemos como un ataque a una profesión que ofrece herramientas para dignificar la vida de las personas”.