A/A Sr. Ministro de Justicia del Gobierno de España
A/A Sra. Ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España

En los últimos días hemos conocido la sentencia 27/2020, de 29 de mayo, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se establece que “el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en esta norma”.

Como ustedes bien saben, las Naciones Unidas consideran desde 1963 al Sahara Occidental como un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y al Estado español como la potencia administradora de dicho territorio.

Esta sentencia supone un salto cualitativo de máxima gravedad en la consideración del status del territorio saharaui por parte del Estado español. Si se asume que haber nacido en el Sahara anteriormente a la ocupación ilegal de Marruecos en 1975, o ser descendiente de quienes lo hicieron, no abre la puerta a la obtención de la nacionalidad española, se rompe el criterio vigente hasta ahora y por el cual miles de personas han accedido a la nacionalidad.

Esto supone la consideración legal de que hasta 1975 “el Sahara Occidental no formaba parte de España”. Esta sentencia lo hace, además, basándose en la legislación franquista firmada una semana antes de la muerte del dictador.

Esta sentencia tiene graves consecuencias para España y para las relaciones con el Sahara y el pueblo saharaui. Supone saltarse lo hasta hoy dispuesto por el Derecho Internacional y por las resoluciones de las Naciones Unidas y abre la puerta a legitimar por la vía de los hechos la ocupación marroquí y el consiguiente genocidio perpetrado por el régimen marroquí.

Es la misma lógica que llevó a cabo el régimen franquista en 1975: desentenderse del destino de las y los saharauis, abandonando a su suerte a una población que era responsabilidad jurídica, política y moral del Estado Español.

Andalucía es un pueblo hermano del pueblo saharaui. Los lazos sociales, económicos, culturales e históricos se cuentan por miles a lo largo y ancho del territorio andaluz. Una sentencia como esta pone a Andalucía y a España a jugar un papel histórico opuesto al de la justicia, la dignidad y la reparación que se merece el Pueblo Saharaui.
Por ello, desde Adelante Andalucía le solicitamos contribuya a aclarar la intencionalidad de dicha sentencia y su ajuste a la normativa estatal e internacional.

De igual forma, puesto que el Estado español es la potencia administradora del Sahara Occidental y como máximos representantes del mismo, el Gobierno de España debe recurrir la mencionada sentencia ante todas las instancias legales posibles, con el fin de que se puedan anular los efectos de la resolución en cuestión.
Por último, exigimos al actual Gobierno de España que actúe para completar la descolonización del Sahara Occidental, garantizar un referéndum de autodeterminación, tal y como obliga el Derecho Internacional, y a poner fin al genocidio y expolio que sufre el Pueblo Saharaui.

Atentamente,
Sevilla, a 9 de junio de 2020

Adelante Andalucía