El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha trasladado esta mañana más de 300 consultas y denuncias sobre vulneraciones de derechos laborales relacionadas con la situación de pandemia a las centrales sindicales UGT, CCOO, SAT y CGT al objeto de que éstas también tengan conocimiento y actúen, si procede, ante los numerosos casos detectados de presuntas irregularidades en el entorno laboral bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno central. Hasta la fecha, el equipo jurídico de Adelante Andalucía ha realizado asesorías e información personalizada, caso por caso, colaborando en su resolución a través de denuncias públicas, contacto con representantes sindicales e informando a las autoridades competentes.

De los más de 300 casos registrados, la mayoría estaban relacionados con cuestiones de salud laboral y el incumplimiento de medidas que garanticen la protección de los trabajadores ante la expansión del Covid-19 . Junto a ello, también han destacado las denuncias de ciudadanos por despidos a consecuencia de la pandemia, la mayoría sin derecho a prestaciones y aprovechando el período de prueba y, habitualmente, tramitados por empresas de trabajo temporal que ni tan siquiera informaban a los trabajadores de tales procedimientos. Otras problemáticas con gran incidencia detectadas son los casos en que las empresas obligan a trabajadores a tomarse las vacaciones coincidiendo con el periodo de confinamiento, así como los de empresarios que no aplican medidas como el teletrabajo o la reducción de jornada para minimizar las posibilidades de contagio del coronavirus en sus empleados.

Por sectores, el mayor número de denuncias recibidas corresponden al telemarketing (37%), donde las plantillas de centros de toda Andalucía han denunciado situaciones de desprotección al no cumplirse las normas de seguridad laboral básicas y registrarse supuestos casos de amenazas de despidos, ERTEs o vacaciones forzadas, obligando a los trabajadores a elegir entre salud o empleo. Otros porcentajes llamativos son los referidos a Educación y Servicios (con un 10% de las denuncias cada uno), sectores cuyos trabajadores han denunciado despidos en casos de empresas que operan actividades públicas externalizadas así como abusos vinculados a la obligación de tomar vacaciones bajo coacción. En lo que respecta a construcción, fábricas y agroganadería (16%), las denuncias han evidenciado la especial situación de vulnerabilidad de la mujer y especialmente en las provincias de Huelva y Almería.

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