El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha registrado hoy una proposición no de ley mediante la cual interpela al Gobierno de Moreno Bonilla para que a su vez inste al Gobierno central a garantizar una ley estatal sobre la protección jurídica de las personas transexuales y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. La iniciativa, redactada en colaboración con la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), pone el acento sobre el vacío legislativo en esta materia a nivel estatal mientras varias comunidades autónomas ya trabajan o han aprobado regulaciones para garantizar los derechos trans, y propone un plazo de tres meses desde su aprobación para que el Gobierno andaluz rinda cuentas de los trabajos realizados al respecto en el Parlamento.

Según se apunta en el texto de la propuesta, firmada por la parlamentaria Luz Marina Dorado, aunque Andalucía ya cuenta con la Ley 2/2014 para la no discriminación y reconocimiento de derechos de las personas transexuales, al estar enmarcada en las competencias autonómicas no permite garantizar estos derechos de forma real y efectivamente integral. En este sentido, la iniciativa incluye un segundo apartado en el que solicita además al Ejecutivo de Moreno Bonilla la aplicación efectiva e inmediata de todas las disposiciones recogidas en la citada ley andaluza.

Las discriminaciones que debe afrontar las personas trans –tal como apunta la PNL de Adelante Andalucía- tienen que ver con cuestiones que exceden el marco regulatorio autonómico y afectan a cuestiones elementales de la vida cotidiana. Es el caso de asuntos como la política laboral para poner fin a la tasa de desempleo superior al 85%; en materia sanitaria, pues la manera de acceder a los tratamientos hormonales y quirúrgicos difiere de unas comunidades a otras, siendo en la mayoría de ellas un proceso en el que las personas trans son tratadas como enfermas mentales; o la violencia ejercida contra el colectivo trans en el entorno escolar por la ausencia de su visibilidad en el currículum educativo y que supone cada año centenares de casos de bullying e incluso suicidios de adolescentes transexuales.

Por último, la propuesta recuerda que la ONU, a través de los principios de Yogyakarta relativos la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, insta a los estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a determinar su la identidad de género y a vivir su orientación sexual con respeto.