La diputada de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla, Maribel Mora, ha pedido hoy a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que recupere el sentido común en el ejercicio de sus obligaciones de tutela de los menores no acompañados y deje de ceder a las presiones de VOX, formación ultra que ha demostrado que tiene sometido a este Gobierno. Mora se posiciona de este modo contra la decisión de Ruiz de recortar partidas presupuestarias destinadas a menores tutelados por la Junta escudándose en la necesidad de reajustar las cuentas andaluzas con motivo de la pandemia de coronavirus.

Para la diputada de Adelante, el hecho de que los recortes aplicados por la consejera Ruiz afecten única y exclusivamente al capítulo de menores no acompañados revela una intencionalidad ideológica del Gobierno por exterminar las políticas de protección de menores que son competencia exclusiva de la comunidad autónoma como recoge el Estatuto de Autonomía. Así, Mora ha vinculado este recorte a la permanente campaña de odio de VOX contra colectivos vulnerables, la cual “ha conseguido filtrarse una vez más en la toma de decisiones importantes para el bienestar y la prosperidad social de Andalucía”, al tiempo que ha recordado que “ninguna decisión que margina o abandona a personas vulnerables debe tener cabida en un gobierno democrático”.

La confluencia considera que la eliminación de las partidas económicas para la atención a menores eleva aún más el riesgo de que éstos acaben solos en albergues temporales y desasistidos, lo que supondría un caso flagrante de dejación de funciones por parte de la Consejería de Igualdad. En esta línea, Mora ha insistido en que, por más que la Junta trate de desviarse de la legalidad asegurando que los afectados son inmigrantes, la realidad es que se trata de niños vulnerables y sin referentes familiares y, como tal, la única administración responsable de su tutela es la autonómica.

Finalmente, Mora ha vuelto a advertir a la consejera Ruiz que Adelante mantendrá una “estrecha vigilancia” en colaboración con numerosas ONGs sobre la situación de cada uno de los menores afectados por su decisión de recortar plazas en los centros concertados, y que trasladarán a la Fiscalía de Menores todas aquellas situaciones en que las decisiones del Gobierno autonómico hayan supuesto la vulneración de derechos.