El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha denunciado esta mañana la situación de caos que están sufriendo los servicios sociales comunitarios como resultado de la falta de personal y recursos acumulados durante años y que está suponiendo retrasos severos en la ejecución de las distintas ayudas sociales impulsadas por las administraciones para paliar los efectos que la crisis del coronavirus está teniendo sobre las familias andaluzas. En este sentido, la portavoz de Igualdad y Políticas Sociales de la confluencia, Ana Villaverde, ha reclamado un giro en las políticas del Gobierno andaluz para reforzar los equipos de trabajo social públicos en lugar de derivar la gestión a entidades sociales, lo que garantizará la agilización de los procedimientos necesarios para la distribución de los recursos.

Concretamente, la diputada autonómica ha señalado el caso de la tarjeta monedero para el acceso a la alimentación, una iniciativa del Ejecutivo andaluz que al ser gestionada por entidades externas requiere iniciar procedimientos administrativos que los servicios públicos ya tendrían avanzados. El Gobierno de Moreno Bonilla, en opinión de Villaverde, entorpece procesos y contribuye a la confusión entre la ciudadanía al tener que acudir a diferentes lugares para cubrir sus necesidades básicas, al tiempo que obvia el papel central que deben tener los servicios sociales comunitarios y las trabajadoras sociales en los municipios, como profesionales de referencia según la propia Ley de Servicios Sociales, en el proceso de tramitación de cualquier prestación social que provenga de la administración pública.

Para la confluencia, la crisis del coronavirus ha puesto en evidencia que los servicios sociales con los que cuenta Andalucía estaban en una situación crítica: escasa financiación, falta de personal, retrasos abusivos en la percepción de prestaciones (RMI, dependencia, etc.) y privatización; por lo que ha instado a las autoridades autonómicas a aprender del actual caos y apostar por la reversión de las políticas de recortes y privatización que han caracterizado a los servicios sociales durante años, dotarlos de personal y financiación y avanzar hacia un sistema cien por cien público como garantía de cumplimiento de derechos. Asimismo, Villaverde ha incidido en la necesidad de reforzar la cooperación con los Ayuntamientos, “que son la institución más cercana a la ciudadanía y desde donde mejor se puede conocer la realidad de cada municipio e identificar las necesidades de atención social de la población”.

Por último, Adelante ha defendido la implantación de sistemas de garantía de renta a medio y largo plazo, de forma que se hagan transferencias directamente a las familias para que puedan cubrir sus gastos y administrar sus propias economías sin tutelajes externos como ocurre con la tarjeta monedero. En esta línea, Villaverde ha recordado que Andalucía cuenta con prestaciones económicas de los Ayuntamientos y con la Renta Mínima de Inserción, las cuales, a pesar de que desde le Junta han anunciado diversas medidas de agilización, lo cierto es que a día de hoy las personas en situación de emergencia siguen teniendo que esperar entre 5 y 6 meses para que les ingresen la prestación y para quienes no entran en esa categoría, muy restrictiva, recuerda que aún persiste un retraso de más de un año. En lugar de transferir fondos públicos a entidades privadas para la gestión de prestaciones públicas como la tarjeta monedero, la portavoz de Igualdad y Políticas Sociales ha reclamado que se triplique el presupuesto para la Renta Mínima de Inserción y la contratación de más personal en los servicios sociales, actualmente al borde del colapso por el aumento de personas que necesitan de su atención.