El portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado hoy que la confluencia se ha dirigido por carta a los ministros de Exteriores y Justicia instándoles a clarificar la intencionalidad de la reciente sentencia del Tribunal Supremo mediante la cual, rompiendo con la tradición legislativa aplicada hasta la fecha y recurriendo a leyes franquistas, se niega el derecho a la ciudadanía española a una mujer nacida en el Sáhara Occidental en 1973, cuando este territorio era una provincia española.

Según ha explicado el diputado, la sentencia del Tribunal Supremo responde la misma lógica que llevó a cabo el régimen franquista en 1975: desentenderse del destino de los saharauis, abandonando a su suerte a una población que era responsabilidad jurídica, política y moral del Estado Español. Ante ello, García ha recordado que Andalucía es un pueblo hermano del Sáhara Occidental al que lo une lazos sociales, económicos, culturales e históricos, y que no permanecerá impasible ante una sentencia que aboca a Andalucía y a España a jugar un papel histórico opuesto al de la justicia, la dignidad y la reparación que se merece el pueblo saharaui.

Adelante expone en su misiva que la citada sentencia tiene graves consecuencias para España y para las relaciones con el Sahara y el pueblo saharaui dado que implica, por una parte, eludir lo hasta hoy dispuesto por el Derecho Internacional y por las resoluciones de las Naciones Unidas, al tiempo que abre la puerta a legitimar por la vía de los hechos la ocupación marroquí y el consiguiente genocidio perpetrado por este régimen. Así, desde Adelante interpelan al Gobierno central para que explique el encaje de la resolución judicial ante la legalidad estatal e internacional vigente así como a presentar un recurso contra la misma en calidad de potencia administradora del Sahara Occidental para anular sus posibles efectos jurídicos.

Por último, desde Adelante Andalucía se pide al actual Gobierno de España que actúe para completar el proceso de descolonización del Sahara Occidental mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación, tal y como obliga el Derecho Internacional, y a poner fin al genocidio y expolio que sufre el Pueblo Saharaui.