• La portavoz adjunta de la confluencia, Ángela Aguilera, considera que la actuación de la sanidad privada en esta crisis está siendo desleal con la sociedad

El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha denunciado esta mañana la reducción de las plantillas sanitarias en más de 21.000 personas como resultado de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que las clínicas privadas andaluzas han aprobado pese a encontrarse bajo jurisdicción de la Consejería de Salud tal como establece el decreto de estado de alarma. Para la portavoz adjunta de esta confluencia, Ángela Aguilera, el Gobierno andaluz comete una “grave irresponsabilidad” al permitir que la sanidad privada “se lave las manos ante la mayor crisis sanitaria que ha sufrido nuestra tierra” en la historia reciente cuando debería estar “movilizando personal de la privada para que la respuesta al coronavirus no flaquee en ningún frente”.

Según los datos oficiales conocidos, Andalucía ha registrado 5.757 solicitudes de ERTEs por parte de empresas vinculadas a actividades sanitarias, asistencia en residencias y prestadores de servicios sociales, lo que supone el 22% de los trabajadores afectados por un ERTE en Andalucía, un total de 21.432. De esta cifra global del sector, 17.960 (un 83,7%) son profesionales directamente ligados a las “actividades hospitalarias, médicas, odontológicas y de otras áreas sanitarias”.

Ante esta circunstancia, Aguilera ha recordado que el Gobierno andaluz incrementó el presupuesto público para conciertos con la sanidad privada este año hasta los 452 millones, una inversión que no ha impedido una actuación de la sanidad privada“desleal” con la sociedad andaluza ante esta crisis sanitaria. “Más de 1.000 andaluces fallecidos y la Junta de Andalucía ha sido incapaz de movilizar a esos 21.000 sanitarios de la privada que han sido despedidos”, ha lamentado la portavoz de Adelante.

Por último, la diputada andaluza ha apuntado al Gobierno andaluz como responsable de la reducción de sanitarios “por no intervenir a tiempo” haciendo uso de las nuevas competencias adquiridas durante el estado de alarma y ha reclamado concentrar la inversión económica en el sistema sanitario público. “Es necesaria una sanidad pública fuerte y por ello debemos incrementar su financiación”, ha reivindicado Aguilera, quien ha considerado que sólo “blindando” el sistema sanitario común “podremos hacer frente a cualquier otra crisis sanitaria que pueda acontecer”.