• Luzmarina Dorado ha denunciado la situación de desprotección en los centros de acogida y de justicia juvenil de Andalucía y ha pedido a la Junta equipos de protección y un refuerzo de las plantillas que garantice la cobertura del servicio en condiciones de seguridad tanto para profesionales como usuarios

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, Luzmarina Dorado, ha denunciado la situación de desprotección que sufren varios centros de acogida y de justicia juvenil andaluces debido tanto a la falta de equipos de protección individual como al aumento de la carga de trabajo a raíz de la crisis sanitaria y ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía medidas de apoyo que garanticen la cobertura del servicio en condiciones de seguridad para profesionales y usuarios.

Dorado ha explicado que la ausencia de protocolos de actuación ha derivado en una situación de improvisación constante. Así, ha alertado de que existe un riesgo real de contagio y de que resulta muy difícil para los trabajadores garantizar una atención adecuada justo en uno de los momentos de mayor necesidad. “Hemos recibido denuncias de educadores sociales que están trabajando sin EPIs, poniendo en riesgo su salud, la de los usuarios y la de sus propias familias”.

Además, ha señalado la parlamentaria, en muchos de estos centros, que pese a ofrecer un servicio público han sido privatizados y son gestionados por fundaciones o asociaciones (es el caso de 15 de los 16 centros de internamiento de menores de la Junta), la falta de espacio hace imposible cumplir con las distancias reglamentarias de seguridad, así como tampoco permite habilitar zonas de aislamiento para que los menores de nuevo ingreso cumplan el periodo de cuarentena antes de incorporarse con el resto del grupo.

Por eso, desde Adelante Andalucía han exigido a la Junta que facilite los equipos de protección necesarios para preservar la seguridad de las personas implicadas, que refuerce las plantillas, tanto de educadores como profesores y maestros, y establezca un plan preventivo ante “el riesgo potencial de contagio que, de producirse, podría conducir a un problema de salud en los centros debido a la falta de personal para suplir las bajas de los trabajadores afectados”.

Para Dorado, la falta de recursos y el aumento del ratio de profesionales por número de usuarios, en suma a la crisis sanitaria, han llevado a los centros a la saturación. “La situación ya era frágil antes de la pandemia, pero ahora es mucho peor. Pese al crecimiento del sector, los recortes han afectado directamente a la calidad del servicio. Se abren nuevas instalaciones pero, en contraposición, se reduce el salario de los educadores, empeora el programa de alimentación o disminuyen los materiales a disposición de los menores”.

Además, el cierre de los centros educativos ha multiplicado el volumen de trabajo, cuyo peso asumen plantillas que cuentan con el mismo número de empleados que antes de la pandemia. “Nos encontramos con casos en los que el seguimiento telemático del plan educativo resulta prácticamente inasumible debido a la falta de dispositivos, así como tampoco hay capacidad para mantener a todos los menores en contacto con sus familias a través de internet”.

En consecuencia, la parlamentaria ha recordado al consejero de Justicia, Juan Marín, que “los trabajadores de estos centros cumplen una función esencial en esta crisis sanitaria”, y por eso, ha afirmado, frente a la sobreocupación y ante las carencias del servicio “resulta imprescindible una contratación extraordinaria para poder garantizar la cobertura integral de las necesidades de nuestros menores y unas condiciones laborales dignas para las personas que les atienden”.

 

 

Nacho Molina y Mari García, parlamentarios por Sevilla.