• El portavoz adjunto de la confluencia, José Ignacio García, invita a todos los grupos a aprobar la norma por lectura única para implementar la climatización en las escuelas urgentemente
  • "Ha llegado el momento de que PP y Cs se retraten ante la comunidad educativa andaluza"

El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha anunciado hoy  que registrará en los próximo días la Ley de Bioclimatización de centros educativos en respuesta a las demandas realizadas por las asociaciones de padres y madres de alumnos aglutinadas en la plataforma Escuelas de Calor. Esta norma aspira a consolidar como nuevo derecho el bienestar en las aulas y da respuesta a los problemas de temperaturas extremas en las escuelas andaluzas mediante la aplicación de técnicas bioclimáticas, energías renovables e intervenciones de eficiencia energética.

Adelante Andalucía recupera la Ley de Bioclimatización con el objetivo de que en un plazo de seis meses puedan iniciarse los trabajos de adaptación de los centros escolares de toda Andalucía, por ello el grupo parlamentario ofrecerá a todos los partidos la posibilidad de firmar el texto legislativo y realizar un registro común del mismo, favoreciendo así su aprobación mediante el trámite de lectura única. Hoy mismo dará comienzo la ronda de contactos con el resto de grupos y Escuelas de Calor para canalizar el consenso que generó la iniciativa en la pasada legislatura.

 

Como ha destacado el portavoz adjunto de Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, tras reunirse con representantes de ‘Escuelas de Calor’, “ha llegado el momento de que PP y Cs se retraten ante la comunidad educativa y demuestren si están del lado de los dos millones de niños y niñas andaluces”. En esta línea, el dirigente ha recordado que la ley emana de las AMPAs y obtuvo el respaldo de todos los grupos de la oposición en la pasada legislatura -incluidos PP y Cs- y que sólo el adelanto electoral de Susana Díaz impidió su aprobación definitiva en el pleno del Parlamento.

La proposición de Ley presta una especial atención a la participación ciudadana de toda la comunidad educativa. Se ha mejorado con las aportaciones de diferentes sectores representantes de la comunidad educativa, y ha sido informada, como antes mencionaba, de forma favorable por los juristas del parlamento, que califican la propuesta de muy novedosa, resaltando la inexistente normativa relacionada con la materia. Es decir, Andalucía marcaría con esta ley una nueva línea de trabajo en la calidad de los servicios educativos.

 

El texto legislativo establece un plazo máximo de seis meses para la elaboración de auditorías energéticas en todos los centros educativos públicos (CEIPs, IES y universidades) que permitirán diseñar un mapeado de necesidades bioclimáticas. Sobre esta información técnica, el Gobierno andaluz tendrá que establecer un plan de inversiones que, a razón de 66 millones de euros anuales según las estimaciones realizadas, permitirá erradicar las deficiencias en las infraestructuras educativas y garantizar así las condiciones de bienestar de todos los alumnos y alumnas de Andalucía.

Como ha recordado José Ignacio García, se trata de una norma “muy necesaria” toda vez que la mayor parte del parque de infraestructuras educativas de la comunidad (6.000 centros en total) no se edificó siguiendo patrones de eficiencia energética que actualmente son obligatorios para cualquier edificio de titularidad pública. “Un problema constante requiere de soluciones integrales y sostenibles como esta ley”, ha zanjado.

La puesta en marcha de la Ley de Bioclimatización tendrá efectos positivos en el bienestar de la población estudiante de Andalucía, tal como reivindicaban AMPAS de todo el territorio andaluz, si bien su impacto se extiende más allá de los estrictamente educativo. De este modo, repercutirá directamente en la dinamización económica del sector de las energías renovables y las empresas andaluzas de servicios energéticos y favorecerá la creación de empleo de alto valor añadido. Asimismo, supondrá un cuantioso ahorro económico en la factura energética de los centros escolares y reducirá la huella de carbono como resultado de la aplicación de técnicas no contaminantes.

Normativa innovadora

El grupo parlamentario Podemos Andalucía registró por primera vez la Ley de Bioclimatización en 2017 tras un proceso participativo en el que se recogieron las aportaciones de la comunidad educativa, sindicatos, así como de numerosos expertos en edificación bioclimática, energías renovables y eficiencia energética. A pesar del criterio contrario mostrado en su día por el Consejo de Gobierno encabezado por Susana Díaz, los letrados del Parlamento destacaron el carácter vanguardista de la norma, de la que señalaron que no existían precedentes en todo el país. De hecho, tras su presentación pública, otras comunidades como Extremadura y Castilla La Mancha se interesaron en la iniciativa para adaptarla a las necesidades de climatización en sus territorios.