Derechos humanos y civiles, solidaridad, cooperación y pueblo gitano

Recoge nuestro Estatuto de Autonomía que «todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España, en particular en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea». Buena parte de los derechos aquí reconocidos, pese a su obligado cumplimiento y respeto por parte de los poderes públicos, son en la actualidad papel mojado en manos de un Gobierno andaluz inmóvil, que se pone de perfil ante las sistemáticas vulneraciones que se dan en nuestra tierra.

Por este motivo, desde Adelante Andalucía tenemos la vocación de situar el cumplimiento y respeto a los derechos humanos como prioridad en la agenda política andaluza y como principio rector de toda nuestra acción de gobierno.

En materia de Solidaridad Internacional y Cooperación para el Desarrollo, desde Adelante Andalucía entendemos que las instituciones andaluzas deben optar por una nueva arquitectura de la seguridad mundial que ponga el foco en la seguridad humana, partiendo de la responsabilidad compartida, el diálogo y la negociación. Esta nueva arquitectura debe tener como objetivo a corto plazo el desarme; y a medio y largo plazo, poner fin a las principales amenazas a la paz mundial: la guerra, el hambre, la desigualdad social y la enfermedad en los países empobrecidos.

Consideramos que la solidaridad y la cooperación con otros pueblos forman parte del programa esencial soñado por Blas Infante para Andalucía, y como tal figura en nuestro himno el «por sí y para la Humanidad» y se recogen en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma: «El fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos» y «la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos».

Consideramos que la contribución de Andalucía al desarrollo de los pueblos se debe realizar en estricta observancia del marco de valores propuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que el modelo de desarrollo propuesto para Andalucía debe ser compatible con el desarrollo de todos los pueblos que conforman la comunidad mundial. Es fundamental promover y vigilar la coherencia de todas las políticas andaluzas en orden a la persecución de objetivos de desarrollo para Andalucía y todos los pueblos.

En este sentido, desde Adelante Andalucía, consideramos que Andalucía no puede establecer relaciones normalizadas con aquellos estados ocupantes de territorios pertenecientes a otros pueblos, al tratarse de situaciones contrarias a los derechos humanos y la legalidad internacional. Nuestra tierra debe aspirar a convertirse en aquel territorio de paz que desean los andaluces y las andaluzas, y que debe promover la cooperación para el desarrollo como un verdadero derecho de los pueblos.

Nos comprometemos a asumir los valores de la solidaridad entre pueblos como eje vertebrador de las relaciones de todo tipo que se establezcan entre Andalucía, los países de su entorno y el resto de la comunidad mundial, haciendo hincapié en la solidaridad con la causa de los pueblos palestino y saharaui.

Reforzaremos desde Andalucía la implementación de la Agenda 2030, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París (Pacto por el Clima), la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

También fomentaremos la cooperación para el desarrollo, entendiendo como tal el amplio abanico de acciones conjuntas de ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales del Sur y del Norte, orientada a fomentar capacidades locales en los países del Sur, para contribuir a la transformación de las injustas estructuras políticas, sociales y económicas causantes de las desigualdades entre países y su efecto principal, la pobreza. Asumiendo el compromiso de alcanzar el 0,7% de los presupuestos de la Junta de Andalucía destinados a Ayuda Oficial para el Desarrollo antes de finalizar la legislatura y el horizonte de llegar al 1% en la siguiente legislatura.

Es necesario impulsar un salto cualitativo en la calidad y eficacia del sistema andaluz de cooperación para el desarrollo, poniendo los mecanismos normativos, institucionales y presupuestarios necesarios al efecto.

Por todo lo expuesto, asumimos la coherencia de todas las políticas con el fin de generar desarrollo humano como principio básico de la acción de todas las instituciones andaluzas.

En el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se recogen los objetivos básicos de la comunidad autónoma. En su punto 21 se hace referencia a la promoción de las condiciones necesarias para la plena integración de las minorías y, en especial, de la comunidad gitana para su plena incorporación social. La consecución de dicho objetivo debe basarse en la construcción de una Andalucía donde los derechos sociales este garantizados en igualdad a todas las comunidades que habitan nuestra tierra, especialmente a un sector poblacional tan estigmatizado históricamente como es el caso del pueblo gitano.

La situación de desigualdad a la que se enfrenta la población romaní a nivel internacional y concretamente en Andalucía no se debe a la falta de inclusión o integración en la que siempre se ha enmarcado a este sector de la población, mostrando al pueblo gitano como un problema social. Es necesario aclarar el punto de partida de esta situación, realizar un recorrido del rechazo sistemático por la sociedad mayoritaria hacia el pueblo gitano durante toda su historia. Desde su llegada al continente europeo se ha legislado en contra de esta etnia en numerosos países y concretamente en el estado español hasta la constitución de 1978. En la actualidad, fruto del trabajo y la presión ejercida por los movimientos sociales gitanos y progitanos a nivel internacional, se ha acuñado el término «antigitanismo» como forma específica de racismo hacia el pueblo gitano. Lamentablemente, ha sido Andalucía donde han tenido lugar en las últimas décadas los actos antigitanos más duros de todo el Estado español, situación que no debe volver a repetirse, más cuando nuestra tierra es un crisol de culturas, y sirve de impulso para seguir trabajando en la eliminación de cualquier expresión o acto racista.

Según las estimaciones que se tienen acerca de la población gitana en Andalucía, de los datos extraídos del último Plan integral para la inclusión de la comunidad gitana de Andalucía 2017-2020, la población gitana en el estado español se estima en alrededor de 725.000-750.000 personas, aunque existen otros cálculos que la sitúan entre 500.000 y 1.000.0000.

Esta población se encuentra distribuida por todo el territorio del estado, siendo su presencia más destacada en Andalucía, donde reside más del 40% de la población gitana total. Teniendo en cuenta esta situación de partida, apostamos por una serie de propuestas que fomentan la igualdad efectiva, así como la eliminación de barreras que garanticen los derechos del pueblo gitano.

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