Memoria histórica y democrática

Queremos recuperar y difundir la memoria de las múltiples formas de violencia y de violaciones masivas de los derechos humanos ejercidas sobre la población desde el inicio del golpe de estado hasta el final de la transición, así como de la sostenida lucha que miles de ciudadanos y ciudadanas mantuvieron contra la dictadura. Esta recuperación constituye una cuestión central e irrenunciable para nosotras y nosotros. Para ello, exigimos el cumplimiento efectivo de los convenios y disposiciones legales internacionales en materia de derecho humanitario, junto con el desarrollo normativo y la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, como fundamental marco legal aprobado por el Parlamento de Andalucía en el que se encuentran recogidas las demandas y objetivos del movimiento memorialista andaluz. El marco legal estatal establecido por la Ley de Memoria de 2007 resulta claramente insuficiente e inadecuado para responder a los derechos de las víctimas, ya que instaura un modelo de memoria desjudicializado, despolitizado y tendente a la privatización mediante una política de subvenciones de los procesos de exhumación e identificación.

Aunque la aprobación de la ley andaluza 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, supuso un hito, que suscitó grandes expectativas entre las víctimas de la represión franquista y las asociaciones memorialistas, un año y medio después, dichas expectativas no han sido satisfechas, a falta de un compromiso político real del Gobierno andaluz, lo que se refleja en un lento desarrollo reglamentario de la ley y en un presupuesto claramente insuficiente para cumplir sus objetivos en un plazo razonable de tiempo que no suponga una nueva ofensa a las víctimas de la represión franquista.

Por otro lado, acusamos la falta de voluntad política para llevar a cabo una política de rechazo claro al fascismo, a la hora de abordar la memoria aún vigente de la dictadura y frente a los grupos que la defienden de modo activo y antidemocrático. Esto se traduce en falta de reconocimiento de las personas que perdieron la vida o la libertad en la lucha por la democracia, escaso compromiso institucional y mantenimiento de la impunidad para los que siguen atentando a la dignidad de las víctimas del franquismo.

Padecemos también una escasa o nula implicación de los medios de comunicación públicos y del sistema educativo para transmitir a las nuevas generaciones un relato veraz y comprometido con los valores democráticos, de lo que supuso para la economía, la cultura, la sociedad en su conjunto y en particular los sectores populares el periodo comprendido entre la instauración de la Segunda República española y el final de la dictadura franquista.

Contamos ya, aunque necesitamos que se aumente, con el refuerzo y el apoyo a las dinámicas de trabajo y las reivindicaciones del movimiento memorialista andaluz, como base social organizada de la ciudadanía en la denuncia de la violencia franquista y la defensa de los derechos de las víctimas del franquismo. Asimismo, contamos con la incorporación del poder institucional a escala autonómica, provincial, comarcal y local a la lucha por la memoria democrática y la denuncia del origen franquista de la monarquía restaurada. Y aprovechamos las posibilidades que se abren con la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Propuestas

Propuesta 1447 Contribuir, desde Andalucía, al establecimiento de un nuevo marco legal que sitúe a los tres poderes del Estado como responsables democráticos del deber de memoria y la respuesta efectiva a los derechos de las víctimas y de sus familias.

Propuesta 1448 Aunar el impulso institucional y la fuerza del movimiento ciudadano memorialista para conseguir el desarrollo normativo, la dotación presupuestaria y el impulso político necesario para el completo desarrollo y aplicación real de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. En particular, consideramos prioritario:

  1. Agilizar y completar el desarrollo normativo que permita poner en marcha a la mayor brevedad los órganos e institutos previstos en la ley 2/2017 y en particular la Comisión de la Verdad, así como el régimen sancionador para hacer frente cuanto antes a las infracciones a la ley y garantizar su cumplimiento.
  2. Poner en marcha los mecanismos previstos en la ley para la rendición de cuentas de lo presupuestado en Memoria Histórica, asegurando la máxima ejecución de lo presupuestado y la aplicación efectiva de las partidas aprobadas a los fines previstos.
  3. Orientar los planes anuales y plurianuales de Memoria Democrática al cumplimiento del objetivo de lograr en ocho años una Andalucía libre de fosas comunes. Se promoverá para ello la colaboración interinstitucional entre todos los niveles de gobierno (europeo, central, autonómico, diputaciones y ayuntamientos, además de las universidades andaluzas).
  4. Garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas promoviendo la intervención judicial desde los primeros hallazgos de restos humanos con signos de muerte violenta en cualquier exhumación de fosas comunes en Andalucía.
  5. Garantizar la difusión, entre la población interesada, de los trabajos de exhumación, de modo que las familias de las víctimas puedan realizar sus pruebas de ADN para la identificación de los restos. Además, el Gobierno andaluz pondrá a disposición de la identificación de los restos todos sus servicios (en particular centros de salud, institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses) de manera que la identificación de las víctimas se haga mediante gestión pública directa.
  6. Garantizar que las exhumaciones, realizadas siempre bajo la dirección de personal especializado (arqueólogos), con el apoyo científico de antropólogos forenses, cuyos gastos serán asumidos por las administraciones públicas bajo el impulso del Gobierno andaluz, deberán realizarse conforme a los protocolos internacionales, con tutela judicial, identificación genética y publicidad sobre el censo de víctimas, responsabilidad de los victimarios y toma en consideración de la dimensión política e ideológica del genocidio. En este sentido, resulta urgente la elaboración de un nuevo protocolo andaluz de exhumaciones que se adecue a las exigencias del derecho internacional y al propio marco de la Ley de memoria andaluza.

Propuesta 1449 Crear una red andaluza de oficinas de víctimas. Es necesario dotar de más personal, cualificado y sensibilizado en relación con la memoria histórica, a las oficinas de víctimas recientemente creadas en las delegaciones del Gobierno andaluz en las ocho provincias, de modo que cumplan el objetivo de proporcionar y recabar información, orientar a las víctimas del franquismo y escucharlas con la atención que merece quien durante décadas de dolor ha sufrido el olvido y el abandono institucional. Extenderemos la red a los municipios en colaboración con diputaciones y ayuntamientos de modo que las víctimas tengan un lugar al que acudir lo más cercano posible a su domicilio.

Propuesta 1459 Elaborar un censo oficial y completo de víctimas del franquismo y de la violencia policial y de la extrema derecha hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía de 1981, por parte de la administración, constituye otra necesidad inaplazable para la memoria democrática. A partir de bases de datos ya existentes y listados parciales de ámbito territorial recopilados por investigadores e historiadores, el Gobierno andaluz elaborará un censo exhaustivo de víctimas del franquismo unificando y sistematizando lo ya elaborado y completándolo con los datos que falten. Este censo debe ser dado a conocer de modo solemne por el Parlamento de Andalucía como base de la condena pública del genocidio y la proclamación de la nunca perdida dignidad de las víctimas.

Propuesta 1451 Conseguir, a corto plazo, la eliminación completa de los símbolos y vestigios que aún recuerdan y exaltan los valores y la memoria del franquismo. Nos referimos a nombres de calles, placas y monumentos situados en cualquier espacio público o privado de uso público o sostenido con fondos públicos, incluyendo sin excepciones a los de carácter religioso, militar, docente o administrativo. En particular, urge sacar de la basílica de la Macarena los restos del general golpista Queipo de Llano, el mayor genocida de la historia de Andalucía y devolver el patrimonio expoliado por él y su familia

Propuesta 1452 Instar al Gobierno estatal a transferir a Andalucía la gestión de los archivos relacionados con la guerra civil y la memoria histórica a los que se refiere la ley 2/2017 para facilitar el trabajo de investigadores, familiares y asociaciones memorialistas.

Propuesta 1453 Incorporar al currículo escolar los contenidos propios de la memoria histórica y democrática, en el doble plano de actualización científica del relato histórico que se explica en las aulas y mayor compromiso con los valores democráticos, rompiendo cualquier forma de equidistancia moral entre democracia y fascismo, entre víctimas y victimarios. Para ello, promoveremos la formación del profesorado, la elaboración de contenidos educativos, los portales web y la incorporación de contenidos en el diseño curricular con carácter transversal. En este aspecto, el Gobierno andaluz impulsará y desplegará todos los medios necesarios, de la mano del movimiento memorialista y las comunidades educativas, de modo que la incorporación de la memoria histórica a las aulas sea resultado de un proceso participativo e interiorizado por las personas protagonistas de los procesos educativos.

  1. El uso de lugares de la Memoria cercanos a los centros docentes para actividades fuera del aula o la puesta en valor de efemérides como el 14 de junio, día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura según la Ley 2/2017, y otras relacionadas con los hechos que necesitamos rescatar del olvido, deben contribuir a enriquecer las actividades docentes en esta materia.
  2. Específicamente, con motivo de la celebración del 4 de diciembre como día en que el pueblo andaluz conquistó en las calles su derecho a una autonomía plena y en el que fue asesinado Manuel José García Caparrós en Málaga, o del 28 de febrero, como día en que ratificamos en las urnas esa voluntad de autogobierno, poner de manifiesto en las aulas la intrahistoria del proceso autonómico en nuestra Comunidad, incluyendo la represión empleada contra las aspiraciones de libertad del pueblo andaluz.

Propuesta 1454 Impulsar el cumplimiento del derecho a la verdad -establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2010- como un factor de fortalecimiento de la conciencia republicana, clave para conseguir una mayoría social que apoye el estado republicano al que aspiramos. Mientras que los derechos de justicia y reparación se dirigen específicamente a las víctimas de la dictadura, el derecho a la verdad tiene como destinatario al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, establecer, difundir y socializar la verdad sobre la Segunda República como un régimen democrático, transformador y comprometido con los derechos de la ciudadanía en general y en particular de los sectores populares y de las mujeres que ha existido en la historia de España, reforzará sin duda la lucha y el compromiso creciente de los andaluces y andaluzas por una nueva república.

Propuesta 1455 Promover de forma específica la memoria de la diversidad. El franquismo se ensañó de manera especialmente cruel con las mujeres y las personas que querían ejercer libremente su orientación sexual y su identidad de género. La memoria de las mujeres rapadas, violadas, vejadas, de los colectivos LGTBI ha sido objeto de políticas de olvido específicas y por tanto requiere también políticas de memoria diferenciadas que el Gobierno andaluz llevará a cabo de la mano del movimiento feminista y LGTBI junto con el movimiento memorialista.

Propuesta 1456 Elaborar un Plan de recuperación de la memoria histórica feminista andaluza, reconociendo el papel vertebrador de las organizaciones feministas y la pluralidad de demandas, logros y retos históricos a partir del reconocimiento de los colectivos diversos de mujeres andaluzas según etnia, procedencia, religión u orientación/identidad sexual, entre otros posibles. Incluir en el plan la visibilización y reconocimiento del papel de las mujeres en la lucha por la democracia y la autonomía andaluza.

Propuesta 1457 Recuperar la memoria histórica LGTBI andaluza de la mano de las asociaciones y personas históricas del colectivo, y crear el centro de documentación histórica LGTBI en Andalucía, al margen de la biblioteca proyectada en la cárcel de Huelva.

Propuesta 1458 Revisar y ampliar el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía. Nuevas investigaciones y testimonios suponen la necesidad de ampliar los espacios y lugares señalados como Lugares de Memoria Democrática. Los lugares de la memoria tienen un alto potencial pedagógico y están íntimamente vinculados a la memoria local de cada territorio y cada municipio, por lo que, en colaboración con el Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía, ajustaremos la declaración de nuevos lugares de Memoria a criterios menos restrictivos que los que imperan actualmente y agilizaremos los procedimientos de declaración de nuevos Lugares de la Memoria. El desarrollo reglamentario de la ley 2/2017 debe contemplar sanciones disuasorias para quien atente contra placas, letreros y otros elementos constitutivos de los lugares de la Memoria ya declarados.

Propuesta 1459 Conseguir un papel activo y comprometido de la televisión y la radio públicas en la difusión de lo que supuso la dictadura y de la lucha del pueblo andaluz para recuperar las libertades perdidas. Los medios de comunicación públicos andaluces no pueden seguir de espaldas a la recuperación de la memoria democrática, cuando no fortaleciendo una mirada equidistante, incompleta y despolitizada de la mayor catástrofe humana que ha vivido Andalucía en los últimos siglos.

Propuesta 1469 Apoyar, como Gobierno andaluz, la querella argentina promovida por la jueza Servini. Promoveremos, en colaboración con la FAMP, la adhesión de los municipios andaluces a la querella argentina y los asistiremos cuando deseen querellarse también ante los tribunales españoles.

Propuesta 1461 Acabar con los nombres franquistas de los colegios andaluces. Urge realizar un inventario exhaustivo de colegios andaluces con nombres franquistas, de los que aún quedan decenas en Andalucía, y sustituirlos por otros más acordes con una sociedad democrática. Para ello es necesario que la Consejería de Educación y la competente en materia de Memoria Democrática, junto con el movimiento memorialista, realicen una labor de sensibilización de los consejos escolares y comunidades educativas afectadas, de modo que dicho cambio de nombre cuente con el máximo consenso. Carece de sentido desarrollar los contenidos educativos que prevé la ley andaluza 2/2017 desde centros que aún honran a personalidades de la dictadura, asesinos o torturadores.

Propuesta 1462 Impulsar la investigación del robo de bebés en Andalucía. Desde el Gobierno andaluz contribuiremos a esclarecer el robo de miles de bebés que comenzó cuando se inició la represión franquista, al principio con una motivación política, y se prolongó más allá del franquismo, como negocio, hasta mucho después de la restauración de la democracia. Apoyaremos a las asociaciones en las que se han organizado las madres víctimas de tales robos e impulsaremos la acción de la Justicia frente a tan atroces crímenes que no son hechos del pasado, que se cometen cada día que pasa sin que a las personas sustraídas a sus familias les sea devuelta su verdadera identidad y a las madres y padres les sea brindada la oportunidad de reencontrarse con sus hijas e hijos.

Propuesta 1463 Investigar los campos de concentración, los de trabajos forzados y las empresas franquistas que se aprovecharon de los trabajadores esclavos, permitiendo conocer y difundir el nombre no solo de las empresas sino de sus propietarios y sus herederos, que disfrutan de la plusvalía extraída con sangre de los vencidos del franquismo.

Propuesta 1464 Instar al Estado la anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas.

Directos