Infancia, juventud y mayores

Las políticas de Infancia en nuestra comunidad autónoma se sustentan en la Constitución de 1978; en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007.Su regulación está prevista en la Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor.

Tras 10 años de crisis económica, las medidas adoptadas por el PSOE no han servido, ni de lejos, para erradicar la pobreza infantil o el riesgo de pobreza. Todo lo contrario, el índice de pobreza infantil ha escalado hasta el 33%. Resulta urgente revertir esta situación.

El tratamiento que se da a las personas menores que padecen algún trastorno o discapacidad o que están en riesgo de padecerlos es fundamental para su desarrollo futuro. Por eso, resulta necesario reforzar todos los mecanismos de que dispone la administración para atenderlos. En concreto:

Antes de ser extranjeros o extranjeras, son menores y por ello deben contar con toda la protección que el ordenamiento jurídico otorga a las personas menores en Andalucía. Sobre la condición de inmigrantes de los y las menores extranjeros no acompañados, la orientación política general en esta materia será presidida por el “interés superior del menor” determinado por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, y en el ámbito andaluz la Ley 1/1998, de los derechos y atención al menor.

Entendemos que urge eliminar la rigidez e inmovilidad en la aplicación de políticas así como prestar la mejor atención y protección a la infancia migrante.

La última EPA señalaba que un 47% de los y las jóvenes andaluzas menores de 25 años se encuentra en paro, cifra que aumenta hasta el 61% en los y las menores de 20 años. El último Observatorio de Emancipación de Andalucía señalaba que solo el 17,4% de los y las jóvenes andaluzas puede emanciparse. Con este contexto, más de 120.000 jóvenes andaluces y andaluzas han salido de nuestra tierra hacia otros países desde que comenzó la crisis.

La juventud andaluza sigue en crisis, y estos datos nos demuestran la nula eficacia de las políticas juveniles de los gobiernos de la Junta de Andalucía, que continuamente han dejado sin desarrollar al máximo las competencias del artículo 74 de nuestro Estatuto de Autonomía. Una políticas que han sido prácticamente inexistentes y cuyos programas específicos para jóvenes han tenido una aplicación caótica, con una gestión deficiente, sin planificación ni rendición de cuentas alguna. A pesar del enorme esfuerzo de los y las profesionales, las políticas de juventud han sido una herramienta para hacer uso partidista, caciquil y corto de miras. Ejemplo de ello ha sido la aplicación del Sistema de Garantía Juvenil, que requiere una profunda revisión para siquiera vislumbrar la posibilidad de alcanzar los objetivos que a nivel europeo dieron luz a dicho programa.

Un gobierno que verdaderamente defienda a las y los andaluces y que se proponga cuidar de su gente debe ser muralla de contención ante los ataques de un sistema depredador, y por tanto tendrá en las políticas de juventud un eje prioritario de actuación. Hace falta combinar una perspectiva transversal de las políticas de juventud tratando de introducir unas “gafas jóvenes” en todas las políticas de la administración, con actuaciones específicas que permitan un grado de concreción mucho mayor. Políticas que deberán abordar los problemas de la juventud, actuando de manera urgente ante las necesidades más básicas, a la vez que permiten ir generando una cultura de participación, democracia y transformación real, siendo un catalizador y no un freno de las experiencias sociales, económicas, políticas, culturales, deportivas o artísticas que ya está experimentando la juventud andaluza.La juventud de Andalucía ya está demostrando que es posible una Andalucía nueva, lejos de clichés y con un futuro enorme por delante, innovando y construyendo en primera persona del plural.

En este bloque abordaremos algunos de los ejes centrales de las políticas de juventud que llevará a cabo el nuevo Gobierno andaluz: políticas de juventud, servicios públicos, empleo, ocio, cultura, tiempo libre, feminismos, sexualidades, diversidad, participación, democracia, voluntariado, vivienda, educación, investigación y migraciones.

Para el desarrollo de las políticas de juventud es importante la puesta en marcha de una Ley de Juventud que surja de un proceso real de participación. La Ley tramitada en esta legislatura dista mucho de poder solucionar alguno de los problemas de la juventud andaluza tanto a nivel sistémico como en un plano más concreto. Desde Adelante Andalucía proponemos una Ley de Juventud que incluya alguna de los principios y propuestas que se establecen en este apartado.

Hasta ahora las políticas de la Junta de Andalucía para atajar el gravísimo problema del desempleo y la precariedad juvenil no han cumplido sus objetivos y son muchas las voces que han mostrado cómo la aplicación andaluza del Sistema de Garantía Juvenil ha dejado mucho que desear. A continuación, se exponen algunas propuestas concretas sobre empleo juvenil:

Resulta necesario poner en valor las políticas juveniles en materias de ocio, cultura y tiempo libre, pero huyendo de la burocratización y anquilosamiento que ha caracterizado a la Junta de Andalucía en los últimos años. Debe basarse en los principios de participación, autogestión y apertura, facilitando el acceso a todas las personas jóvenes, poniendo en valor expresiones artísticas, culturales o de ocio que huyan de estereotipos sexistas o clasistas y que no encuentran cabida en circuitos comerciales.

A la vez que el movimiento feminista vive un crecimiento exponencial y una cierta hegemonía entre la juventud, existe una reacción conservadora que se apoya en los valores vigentes del sistema patriarcal entre la juventud. El papel de un gobierno del cambio debe ser apoyar al movimiento feminista y poner en marcha medidas que a la vez que suponen una mejora inmediata de las condiciones de vida de las mujeres y las personas LGTBI, ponen en cuestión el sistema patriarcal y nos acercan poco a poco a una sociedad igualitaria.

La participación debe ser una de las señas de identidad de un gobierno que quiere hacer políticas juveniles de transformación real, no solo hablando de democracia sino poniéndola en práctica. Para ello es imprescindible garantizar procesos democráticos e independientes, con órganos de contrapoder y promoviendo el empoderamiento de las y los jóvenes para transformar en primera persona del plural.

La vivienda es uno de los elementos que el que más dificultades nos encontramos las y los jóvenes para el desarrollo de una vida digna y la emancipación. Es imprescindible una política de vivienda dirigida a la población joven, tanto para estudiantes como trabajadores y trabajadoras, favoreciendo el régimen de alquiler asequible, seguro y con garantías, alejada de criterios mercantiles y que prevenga de la especulación. Para ello es preciso primar la figura del parque público de viviendas por encima de unas políticas de ayuda al alquiler que no se ha demostrado eficaz en los últimos años.

En otros bloques del programa se abordará a fondo una transformación tanto de la Escuela Andaluza como de nuestro sistema de investigación. En este bloque trataremos de aportar algunas medidas concretas, complementarias a las anteriores, y centradas en la población joven que, por sus características, tiene un especial interés en estas materias.

Andalucía es una tierra que se ha caracterizado durante toda su historia por su apertura, empatía y solidaridad. Somos además una tierra de acogida pero hemos visto, y seguimos viendo, cómo miles de andaluces y andaluzas tiene que hacer las maletas. La emigración y la inmigración son dos fenómenos inherentes a la identidad de Andalucía. En los últimos tiempos se hace más que urgente la puesta en marcha de políticas destinadas a poner las condiciones para que los cientos de miles de andaluces que han emigrado puedan retornar, a la vez que ponemos en marcha los mecanismos para el cumplimiento estricto de los derechos humanos y el desarrollo de una acogida digna a las personas migrantes que llegan a nuestra tierra.

A 1 de junio de 2018, en Andalucía el total de pensiones ascendía a 1.544.872. La pensión media en Andalucía -de todas las diferentes clases de pensiones- era de 839,50 euros. Un 11% menos que la media española.

Si hablamos solo de las pensiones de jubilación, en Andalucía se abonan un total de 868.061 pensiones, siendo la pensión media de 976,21 euros. Nuevamente, un 10% menos que la media española.

En Andalucía, según los últimos datos publicados, la diferencia entre la media de las pensiones de mujeres (658,07 euros) y hombres (993,26 euros) es de un 34% menos. El total de pensionistas en Andalucía se situaba en 1.379.298 (712.002 hombres y 667.194 mujeres).

Las pensiones no contributivas sitúan a sus 101.000 personas perceptoras, con ingresos menores de 370 euros al mes, en situación de riesgo de exclusión social, siendo mujeres el 67% de las beneficiarias.

Las políticas sobre mayores y personas dependientes impulsadas desde la Junta de Andalucía requieren de una sensibilidad especial y un trato prioritario en cuanto a servicios y calidad de la prestación de estos. De igual manera, afrontar como una oportunidad de creación de empleo digno asociado al sector de los cuidados deberá basarse en políticas de expansión y mejora de los servicios asociados. Fomentar las ayudas, las exenciones de la Tarjeta Junta 65, hacer más abiertos los Centros de Participación Activa en su gestión y, como una finalidad prioritaria, hacer a nuestra administración más sensible, eficiente y justa para con nuestros mayores.

Constatamos la necesidad de racionalizar el gasto de la Junta de Andalucía, unos recursos públicos que son de todos y todas. La competitividad de las grandes empresas de servicios sociales tiene su base en el abaratamiento de los contratos de las trabajadoras. La privatización de los servicios públicos no lleva aparejada empleos y salarios dignos, sino todo lo contrario. Igualmente, tampoco brinda mejores servicios a la ciudadanía. Debemos revertir la deriva externalizadora de las residencias públicas, dotarlas de los servicios adecuados, y evaluar la demanda real de este servicio social, ajustando la ratio por habitante, para la implantación de las plazas necesarias en las comarcas andaluzas que lo precisen.

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Protección de la infancia
Juventud
Mayores y defensa de las pensiones públicas