Proteger a las personas consumidoras

La protección de las personas consumidoras encuentra su encaje legal en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, a nivel genérico, y, más detalladamente, en las leyes sectoriales de referencia a nivel estatal y andaluz. En nuestra Comunidad Autónoma la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, desarrolla las competencias específicas de Andalucía en materia de consumo. Desde 2003 ha habido un desarrollo reglamentario amparado en lo anterior que ha venido dando soporte a la actividad administrativa en consumo. El tiempo transcurrido permite analizar los déficits de esta norma, que desde Adelante Andalucía queremos actualizar para facilitar la labor del movimiento consumerista, que permitan controlar de manera eficiente el mercado, y que delimite un régimen sancionador adecuado, cuyos ingresos repercutan en políticas de consumo en toda la Comunidad.

Avanzaremos en el reconocimiento del papel de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias como agentes económicos y sociales. Debe reconocerse el desarrollo alcanzado por el movimiento consumerista organizado en Andalucía y el nuevo rol que juegan las organizaciones de personas consumidoras y usuarias andaluzas como agentes con capacidad de intervención en el mercado. Impulsaremos y garantizaremos su participación en la toma de decisiones que les afecten, en un nuevo modelo de diálogo social que se impulse en condiciones de igualdad con otros agentes sectoriales de la economía andaluza.

Para garantizar el alcance de estas políticas es necesario crear una consejería propia o que exista un centro directivo con competencias en materia de consumo, insertado en la actual Consejería de la Presidencia o aquella que, cualquiera que sea su denominación, ostente las competencias en materia de Presidencia.

Para ejercer las competencias autonómicas en materia de consumo se necesita, además del liderazgo institucional y una planificación transversal, una estructura administrativa y unos presupuestos suficientes acorde con el cometido a desarrollar. Por ello, concentraremos, fortaleceremos y dignificaremos tanto las competencias de consumo como el personal que las desarrolla, evitando que sean un juego de trileros perdido entre consejerías.

Desde Adelante Andalucía queremos liderar una verdadera política de defensa de las personas consumidoras. Es preciso que la política de consumo sea considerada política social y de servicio público, dirigida a la ciudadanía y sus derechos. Que potencie el consumo responsable y solidario como principio esencial de su acción.

Propuestas

Propuesta 961 Garantizar el derecho a la información y a la formación como mecanismo de reclamación de los derechos por una ciudadanía activa. Consumo Responde será una herramienta imprescindible para la ciudadanía que quiera estar informada y que debe ser apoyada y activada al máximo con personal suficiente. A su vez, se aprobará también un plan integral de formación en materia de consumo y protección de los consumidores.

Propuesta 962 Elaborar un Plan integral de formación en materia de consumo y protección de las personas consumidoras y desarrollar programas de educación genéricos dirigidos a toda la ciudadanía y en especial a: educadores y educadoras, personas que ejercen la función arbitral, empresariado, personal técnico de las organizaciones y asociaciones consumeristas. También impulsar programas especializados dirigidos al personal técnico de las administraciones públicas de Andalucía vinculado al área de consumo. Es necesario fomentar la información, formación y educación en materia de consumo, fomentando hábitos de consumo responsable y sostenible entre la población en colaboración con las organizaciones de consumidores más representativas.

Propuesta 963 Garantizar la protección de las personas consumidoras con una política de seguridad y control del mercado eficaz y eficiente. Que garantice la participación de las organizaciones de personas consumidoras y empresariales en el diseño de las campañas de inspección y en su seguimiento final. Es imprescindible, además, reglamentar la Comisión Coordinadora de la Inspección de Bienes y Servicios, prevista en la Ley 13/2003, que dará soporte a la necesaria transversalización de la inspección de consumo. Para potenciar la labor de inspección de la administración es importante, además, la optimización de efectivos, a través de convenios con la administración local.

Propuesta 964 Garantizar respuestas ágiles a las reclamaciones que se presentan como mejor exponente del servicio público que prestamos a la ciudadanía. Desarrollar aplicaciones tecnológicas que permitan la presentación telemática desde cualquier dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso al estado de tramitación del expediente.

Propuesta 965 Redefinir el papel de las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC), garantizando que de manera progresiva asuman más competencias en materia de control del mercado, e iniciando un proceso de transferencia de sus tareas de asesoramiento e información a la ciudadanía a las organizaciones de personas consumidoras.

Propuesta 966 Apoyar la participación social, potenciando el Consejo Andaluz de Consumo y el Consejo Andaluz de Personas Consumidoras y Usuarias, así como la consolidación del movimiento consumerista andaluz. Para ello se debe proporcionar los medios para que las organizaciones de consumidores y usuarios puedan ejercer su papel de agentes económicos y sociales, tal como establece la legislación vigente.

Propuesta 967 Crear la Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores. La protección de los consumidores y usuarios debe recaer en un organismo que concentre las competencias en una sola estructura administrativa, que actúe de forma global y coordinada con el resto del ejecutivo, y que tenga autonomía para ello.

Propuesta 968 Garantizar que el arbitraje de consumo sea el verdadero servicio público eficaz y eficiente de resolución extrajudicial de conflictos que la ciudadanía andaluza espera y necesita. Para ello, se requiere dotar de medios materiales y personales a la Junta Arbitral de Consumo Andaluza e impulsar campañas de adhesión del empresariado, incluidas las empresas públicas que presten servicios a la ciudadanía, incorporando la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo como elemento a tener en consideración en los concursos y adjudicaciones de contratos de prestación de servicios de la administración autonómica.

Propuesta 969 Implantar las herramientas y procedimientos necesarios para que la transparencia sea un eje esencial de la práctica de la administración en relación con la ciudadanía y las organizaciones que la conforman.

Propuesta 979 Limitar o prohibir que las administraciones públicas contraten con empresas sancionadas en firme por cometer infracciones graves y muy graves.

Propuesta 971 Revisar la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, en particular su régimen sancionador, para:

  1. Garantizar la función disuasoria frente a las conductas que atentan contra los derechos de los consumidores.
  2. Asegurar la difusión e información de las sanciones impuestas.
  3. Reconocer expresamente el carácter de interesado en el procedimiento sancionador de las organizaciones de consumidores.
  4. Aplicar parte del dinero recaudado en sanciones por abusos contra los consumidores en la mejora de políticas de protección de consumidores y agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores con garantía de cobro.
  5. Reforzar los recursos destinados a la tramitación de las reclamaciones y denuncias presentadas.
  6. Regular la reparación del daño causado al consumidor.

Propuesta 972 Impulsar un sistema de mediación como mecanismo de solución negociada de los conflictos con la colaboración y la concertación de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y el sector empresarial que contribuya a la reducción de la conflictividad en materia de consumo.

Propuesta 973 Promover la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en los consejos de administración de las empresas y agencias públicas andaluzas. Si aún es preciso avanzar en el ámbito de la participación social en el seno de la propia administración autonómica, aún se hace más necesario contemplar la posibilidad de intervención de las personas ante los órganos de gestión de los entes instrumentales, y en concreto en los consejos de administración de las empresas y agencias públicas que prestan servicios públicos y/o de interés general.

Propuesta 974 Promover en Andalucía la regulación de los servicios de atención al cliente de las empresas que operan en nuestra Comunidad, estableciendo la gratuidad de sus servicios telefónicos, así como plazos de respuesta obligatorios a las reclamaciones y consultas de las personas consumidoras.

Propuesta 975 Definir y planificar en el ámbito de la Comunidad Autónoma políticas y estrategias de protección de los consumidores y usuarios, implicando a todas las áreas del Gobierno andaluz. Dicho diseño y planificación deben abordarse con la participación y la colaboración de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas en el ámbito de Andalucía.

Propuesta 976 Desarrollar el Decreto regulador del Régimen de Precios Autorizados en Andalucía, de forma que garantice la transparencia en la formación de los precios y la participación real de los agentes económicos y sociales.

Propuesta 977 Definir con claridad los requisitos que deben cumplir las asociaciones de consumidoras y usuarias para ejercer como tales, así como los criterios de representatividad que las habiliten para intervenir en el ámbito de la participación institucional y de otras actuaciones.

Propuesta 978 Garantizar el eficaz funcionamiento y la máxima transparencia del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, implementando auditorías a las organizaciones de consumidores y usuarios inscritas en el mismo, en particular aquellas reconocidas como organizaciones más representativas.

Propuesta 979 Garantizar mayor control y contundencia en la respuesta frente a prácticas publicitarias que atentan contra los derechos de los consumidores y la dignidad de las mujeres..

Propuesta 989 Reforzar la protección del consumidor en relación con servicios esenciales (acceso a la vivienda, banca, telecomunicaciones, energía, etcétera.) y regular la protección de los consumidores vulnerables y mínimos vitales.