Marco general

Propuestas

Propuesta 923 Aumentar la dotación presupuestaria destinada por la Junta de Andalucía a la Administración de Justicia un 25% anual con respecto a las cifras del año 2018, incrementando así su importancia proporcional dentro de los presupuestos autonómicos, con el fin de que todas las medidas de mejora planteadas puedan ser reales y efectivas al final de la legislatura.

Propuesta 924 Reclamar al Estado un compromiso firme con las comunidades autónomas para la dotación de los recursos necesarios (personales y materiales) y la modernización de infraestructuras y herramientas judiciales.

Propuesta 925 Estudiar la situación real de carga de trabajo de los juzgados con la finalidad de detectar cuáles se encuentran en situación de saturación, promoviendo para estos un plan de choque que pueda propiciar refuerzos urgentes allí donde sea necesario.

Propuesta 926 Modernizar las infraestructuras judiciales existentes, realizando las actuaciones necesarias en los edificios actuales y planificando de forma transparente la construcción de nuevos inmuebles, así como ubicando las sedes de la Administración de Justicia en edificios de titularidad pública a medio-largo plazo.

Propuesta 927 Adaptar la demarcación judicial a las necesidades reales de nuestra Comunidad, lo que conlleva la dotación y cobertura de las suficientes plazas judiciales.

Propuesta 928 Reclamar la creación de los nuevos juzgados que necesita Andalucía, dejando a un lado la creación de juzgados especializados, ya que esta ha tenido un resultado muy insatisfactorio.

Propuesta 929 Constitución del Consejo de Justicia de Andalucía y el desarrollo normativo preciso, de forma que se garantice el gobierno democrático del poder judicial en nuestra Comunidad Autónoma.

Propuesta 939 Impulsar la policía autonómica, de acuerdo con el artículo 149.1.29 de la Constitución Española.

Propuesta 931 Dotar presupuestaria y materialmente la puesta en marcha de servicios de Justicia Restaurativa en toda Andalucía, caso contemplado en muchas comunidades autónomas (por ejemplo, País Vasco), y al amparo de lo establecido en el Estatuto de la Víctima (Ley 4/2015).