Una justicia que nos proteja

Según recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la justicia es uno de los valores superiores y el impulso de la justicia social es uno de los objetivos fundamentales de esta norma. Por ello, la Administración autonómica está obligada a garantizar la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia gratuita. Lamentablemente, el resultado de la gestión de los sucesivos gobiernos del PSOE andaluz no es digno de elogio. Andalucía continúa siendo uno de los territorios con mayor nivel de litigiosidad de España y la respuesta de la Administración de Justicia nunca ha sido acorde a las necesidades que se derivan de esa realidad.

Esta lectura de la situación, lejos de ser catastrofista, coincide con los datos oficiales y las manifestaciones de voces públicas autorizadas. En el último informe de la gestión de la Defensoría del Pueblo Andaluz, correspondiente a 2017, se hace referencia a la situación de colapso de numerosos órganos judiciales, a la que se suma una «precaria capacidad de gestión y resolución de asuntos». La Defensoría del Pueblo Andaluz avisa de que «estas carencias no han hecho sino agudizar la parálisis del sistema judicial y dejar, aún más si cabe, en evidencia la falta de respuestas efectivas de superación de los graves problemas detectados, avisados, denunciados y carentes de correctivos apreciables hasta la fecha».

Uno de los ejemplos más evidentes de la lamentable situación de la Justicia en Andalucía se encuentra en la sobresaturación de los juzgados provocada por los litigios sobre las cláusulas suelo o para la reclamación de gastos indebidos en la formalización de préstamos hipotecarios. Los juzgados andaluces no recibieron los recursos y refuerzos necesarios para hacer frente a la legítima avalancha de demandas. Y, lamentablemente, la precaria situación de la Justicia en Andalucía no se limita al momento de apertura de los procesos, sino que alcanza también a la ejecución de las sentencias, cuestión fundamental para la efectividad de los derechos reconocidos en los tribunales.

En la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, correspondiente a 2017, se destaca que el sistema judicial se encuentra claramente congestionado. Se afirma también en ese documento que «para la normalización de ciertos Juzgados o jurisdicciones, así como para la reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible la necesaria creación de plazas judiciales, todo ello sin olvidar la mejora de los planes de refuerzo y la mejor optimización de ciertos órganos», entre otras cuestiones.

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, se ha mostrado contundente al calificar públicamente al sistema judicial de la comunidad como «insostenible y poco operativo». Sin embargo, estos datos y manifestaciones no han sido suficientes para que la Junta de Andalucía haya situado la Justicia entre sus prioridades. Ni el consejero que inició la legislatura (hasta la polémica que lo separó del cargo), ni la consejera que lo sustituyó han conseguido implementar las mejoras que son necesarias con urgencia.

La Junta de Andalucía es competente en materia de personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia. El ejercicio de esta competencia por parte de la administración autonómica ha afectado de forma negativa a los y las profesionales de la Justicia, como se ha puesto de manifiesto en las movilizaciones llevadas a cabo en 2018, en las que varios sindicatos denunciaron la parálisis de la negociación colectiva en el sector de Justicia.

De igual forma, en relación con las competencias autonómicas en materia de medios materiales, la propia consejera de Justicia e Interior en funciones ha reconocido ante el Parlamento de Andalucía que casi la mitad de las infraestructuras judiciales necesitan intervenciones para subsanar deficiencias. A esta situación se suma la necesidad de poner en práctica una planificación sensata de la construcción o adquisición de inmuebles para usarlos como edificios judiciales, que debe estar alejada de anuncios estrella y ligada a las necesidades reales del territorio.

Mención especial merece la lucha contra la corrupción que se realiza desde el ámbito judicial, casi siempre con medios insuficientes y sujeta a normas que en varias ocasiones han facilitado que el menoscabo de recursos públicos haya quedado impune. Es necesario realizar un análisis y reforma de varias normas para evitar que protejan a quienes se aprovechan de su cargo público, obteniendo beneficio particular o favoreciendo intereses partidistas.

Por último, en un contexto en el que el sistema judicial clásico no puede responder con suficiencia a las demandas que se le plantean, es necesario reforzar la apuesta por métodos alternativos para la resolución de conflictos, como la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales, con el fin de facilitar el acceso a la misma y el ejercicio de la libertad sindical en Andalucía.

Subcategorías
Marco general
Personal de la Administración de Justicia y operadores jurídicos
Justicia para la regeneración democrática
Lucha contra las violencias machistas
Impulso de la mediación
Defensoría del Pueblo Andaluz
Justicia Juvenil