Derecho a la vivienda

Andalucía, por voluntad de las y los andaluces, es una comunidad de cuidados, donde unos y otros velamos por todos. Para Adelante Andalucía hablar de vivienda es hablar de muchas más necesidades y derechos que la mera tenencia de un inmueble. Hablar de vivienda es discernir sobre uno de los presupuestos básicos para el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano. Y es así porque los derechos humanos no se ejercitan aisladamente.

No puede haber derechos de los menores sin vivienda donde vivir la infancia. No puede existir el libre desarrollo de la personalidad sin tener aseguradas las más mínimas necesidades vitales. Todos los andaluces y andaluzas tenemos el derecho a vivir en cualquier ciudad o pueblo de Andalucía en condiciones de seguridad, paz y dignidad.

El impacto de las políticas de vivienda en la mayoría de los países europeos, en los que el alquiler es una significativa forma de acceso al techo y la vivienda pública y/o asequible alcanza porcentajes que se miden en dos cifras (Holanda 32%, Austria 23%, Reino Unido 18% o Francia 17%). Aquí, el alquiler y la vivienda pública y/o social han sido fenómenos marginales, el segundo testimonial (1,1%), a los que sumando viviendas de renta antigua y otras formas de promoción social, alcanza un ridículo 2,5%. En los últimos años, esta divergencia entre Europa y Andalucía no se ha acortado, sino que, por el contrario, ha ido en aumento. El gasto público en vivienda es de un 0,059% del PIB en el estado español, mientras que en países del entorno europeo, con un importante parque de vivienda asequible, se sigue invirtiendo en torno al 1,5% de su PIB.

Este derecho de la ciudadanía andaluza debe corresponderse con la obligación que tiene la administración autonómica de intervenir activamente para garantizar su efectivo cumplimiento. El Ejecutivo andaluz no siempre ha velado por el respeto de los derechos y garantías habitacionales de la ciudadanía andaluza. Andalucía, según las estadísticas del CGPJ, ha ocupado en los años de esta legislatura los primeros puestos en cuanto a ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler. La inacción social y la desidia de la Junta de Andalucía en estos últimos cuatro años en materia de vivienda ha agravado los estragos en el derecho humano a la vivienda del pueblo andaluz. Cada vez son más personas las que no tienen satisfecho su derecho a la vivienda. Los desahucios se mantienen en unos niveles intolerables, como los fenómenos de sobreocupación por varias generaciones de una vivienda, la infravivienda, la dificultad cuando no imposibilidad de emancipación juvenil o las personas sin hogar. A esto se suma el deterioro físico y energético de las edificaciones, muchas de ellas inaccesibles para los sectores más vulnerables ante la falta de política de rehabilitación.

A esta situación se suma que el precio medio de los alquileres ha ido subiendo de tal forma, que en los últimos tres años se ha recuperado el precio previo a la crisis en todas las provincias andaluzas. A este nuevo ciclo especulativo, iniciado por la turistificación en los barrios históricos de las ciudades andaluzas, se añade que los mayores propietarios de viviendas en arrendamiento en España son fondos internacionales de inversión, muchas veces denominados fondos buitre por su interés en maximizar los beneficios a toda costa. El resultado de la subida abusiva del precio, que en el caso de alguna ciudad andaluza ronda el 20%, es que Andalucía lidera el ranking de desalojos por impago del alquiler.

Esta segunda burbuja inmobiliaria de los precios del alquiler, originada por fenómenos tan complementarios como son la concentración en la tenencia de vivienda, su función inversora y el destino al uso turístico, es de nuevo un círculo vicioso que tantos problemas ha dado cíclicamente a la economía y las familias andaluzas.

Esta nueva burbuja inmobiliaria se combate restaurando el sentido de ciudad mediante políticas públicas que reconozcan y doten presupuestariamente los programas de rehabilitación de viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad, de edificios eficientes energéticamente, de recuperación del espacio público, de tal forma que hagan de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva, y no un mero escenario de visita para turistas. Desde Adelante Andalucía defenderemos que la vivienda sea un derecho subjetivo garantizado que alcance en el 2030 su universalidad. Empezando por los sectores más desfavorecidos y empobrecidos.

Para ello, es urgente y prioritario el aumento significativo de viviendas públicas y/o asequibles. Exigiremos e impulsaremos el objetivo de que en Andalucía exista una importante inversión pública que destine el 2,5% del PIB a vivienda asequible.

Ante los abusos contractuales y de procedimiento, tanto en las ejecuciones hipotecarias, como en las condiciones fraudulentas aplicadas por las entidades financieras a los contratos de préstamo, denunciados y sancionados por los distintos órganos judiciales, tanto estatales como europeos, hemos propuesto importantes reformas en la Ley de Vivienda de Andalucía. Además, hemos abordado en profundidad la modificación o inclusión de nuevos artículos en la Ley de Tanteo y Retracto para procurar la recuperación de viviendas públicas en manos de las entidades financieras que les fueron adjudicadas tras procesos de desahucios.

Como ocurre en otros países europeos, Adelante Andalucía aspira a establecer un plan de adquisiciones de viviendas que complementen el Parque Público Residencial Andaluz, y se destinen fundamentalmente al alquiler y a aprovisionar las reservas de recursos habitacionales transitorios destinadas a los colectivos más vulnerables y a situaciones de emergencia.

Por último, pero no menos importante, nuestra convicción de que no hay estado social sin igualdad de oportunidades, como no hay estado democrático sin transparencia, por esta razón entendemos que el programa electoral, la actividad política y la implementación de las políticas públicas en materia de vivienda deben contemplar cuantas medidas sean posibles sobre transparencia y control parlamentario. Así, se permitirá la participación de la sociedad civil en plano de igualdad y se darán soluciones y alternativas a aquellas políticas públicas que no hayan dado el resultado que se esperaba.

Propuestas

Propuesta 881 Ampliar los recursos económicos y los instrumentos legales destinados a satisfacer el derecho a la vivienda. Así debe reflejarse en el nuevo modelo competencial, en el que Andalucía tenga mayor autonomía para diseñar y sufragar una política de vivienda destinada a la mayoría social, en el que, a la vez, otorgue a pueblos y ciudades más herramientas para dar respuesta a las singulares características que tenga el derecho a la vivienda en su municipio.

Propuesta 882 Incorporar al ordenamiento jurídico andaluz la definición de la acción especulativa como aquella que consiste en adquirir una vivienda o suelo para posteriormente venderlo obteniendo un beneficio sin invertir, transformar o mejorar el bien, estableciendo como sujetos intervinientes en la especulación tanto quien compra como quien vende, así como la entidad que financie la operación y la administración competente que no preste la suficiente diligencia en el deber de vigilancia. Asimismo, la norma establecerá mecanismos para evitarla y sancionarla.

Propuesta 883 Convertir la cohesión social en el objetivo prioritario de la actuación del Servicio Público de Vivienda de Andalucía, al objeto de configurar un parque residencial habitable y de entidad suficiente, que satisfaga el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada.

Propuesta 884 Incorporar a la legislación andaluza como causa de incumplimiento de la función social de la vivienda aquellas situaciones en las que:

  1. El titular incumple el deber de conservación o rehabilitación de la vivienda o edificio.
  2. La vivienda o el alojamiento esté desocupada o sobreocupada.
  3. La vivienda protegida no se destine a residencia habitual y permanente de la persona adjudicataria.
  4. La vivienda, el alojamiento o la edificación se someta a un uso diferente del de su calificación urbanística, autorización o destino legal.

Propuesta 885 Establecer programas de actuación y rehabilitación que aseguren la erradicación de infraviviendas, entendiendo como tales aquellas que no reúnen las condiciones necesarias de funcionalidad, seguridad, solidez estructural, accesibilidad, salubridad y sostenibilidad.

Propuesta 886 Destinar un gasto en política de vivienda de al menos el 2,5% del PIB para alcanzar una política de vivienda al nivel de países europeos de nuestro entorno.

Propuesta 887 Garantizar que la ausencia o insuficiencia de ingresos económicos no será obstáculo para el acceso a un alojamiento o vivienda protegida en alquiler. Para ello, la administración autonómica contemplará líneas de ayudas y subvenciones destinadas a hacer frente al pago de las rentas, pudiendo llegar estas a la totalidad del importe de la renta bajo determinadas circunstancias.

Propuesta 888 Instar al Gobierno la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles sobre las viviendas protegidas en alquiler de titularidad pública.

Propuesta 889 Crear un fondo especial para crear soluciones habitacionales adaptadas a las particularidades del mundo rural, en la que se incluyan medidas de fomento del empleo local.

Propuesta 899 Promover una Ley que regule las cooperativas de cesión de uso.

Propuesta 891 Introducir la perspectiva de género en todas las políticas de vivienda.

Propuesta 892 Crear un instituto público de crédito, para proveer una línea de financiación de adquisición de primera vivienda habitual al mismo tipo de interés al que se autoriza a las administraciones a contraer deuda.

Propuesta 893 Eliminar el requisito de tener que constituir un depósito o aval bancario por una cantidad equivalente a tres meses de renta de alquiler, estableciendo exclusivamente el requisito contenido en la ley: un mes de fianza.

Propuesta 894 Reformar el actual Observatorio Andaluz de Vivienda, abriéndolo a la participación de la sociedad andaluza mediante debates abiertos, directos y accesibles. Para tal fin, la Consejería competente elaborará un programa de evaluación participativa de la política pública de vivienda por municipio o barrio.

Propuesta 895 Promover un plan de participación de la ciudadanía en la gestión del Servicio Público. Con instancias de participación de colectivos de defensa del derecho a la vivienda, agentes económicos, sociales y profesionales. Asimismo, se establecerán cauces participativos especiales para aquellas barriadas en las que se concentren un gran número de viviendas públicas.

Propuesta 896 Implementar un sistema de información en tiempo real del parque residencial de Andalucía, para conocer los efectos de las políticas públicas sobre el mercado de la vivienda.

Propuesta 897 Crear el Inventario andaluz de vivienda protegida de titularidad pública, para garantizar la máxima transparencia en su gestión, y para que los y las andaluzas conozcan en cada momento los bienes inmuebles que integran los servicios públicos de vivienda en Andalucía.

Propuesta 898 Publicar en el portal de transparencia los programas específicos de vivienda que expresamente se financien mediante la liquidación de las fianzas de arrendamientos de viviendas, locales y suministros.

Propuesta 899 Promover un pacto andaluz por la vivienda que haga de la problemática habitacional un elemento clave de las políticas públicas de vivienda.

Propuesta 909 Cambiar el prisma de la gestión de la política pública de vivienda, acercándola a la gente a través de la gestión municipal y comarcal.

Propuesta 901 Revisar y evaluar los planes de vivienda municipales y autonómicos, al menos, cada cuatro años. La administración será patrimonialmente responsable de los periodos en los que no haya plan de vivienda en Andalucía.

Propuesta 902 Proponer la conversión de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos en Ley marco con la finalidad de permitir a las Comunidades Autónomas legislar en materia de arrendamientos para adaptarlos a su realidad territorial y social.

Propuesta 903 Constituir el Servicio Público de Vivienda Asequible, conformado por el conjunto de viviendas públicas de titularidad autonómica y municipal, regulando por ley su régimen y estableciendo medidas para su incremento, potenciación y cuidado.

Propuesta 904 Reformar la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Una ley obsoleta que no contempla ni respeta los tratados internacionales suscritos por el estado español en materia de desahucios, ni la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Propuesta 905 Promover la intervención de la administración como garante del interés recíproco de los pequeños arrendatarios y los arrendadores. Para lo que dotará al sistema de fianzas de arrendamiento de mecanismos de mediación y garantía del cumplimiento mutuo de sus obligaciones con un sistema de avales públicos.

Propuesta 906 Promover la aprobación de la Ley de Construcción de Vivienda Asequible para destinar un 30% de las viviendas a uso social en las nuevas promociones.

Propuesta 907 Detener la privatización de vivienda pública. Solo podrá venderse, excepcionalmente, en un municipio si así lo determina su plan municipal de vivienda, y siempre que se reponga simultáneamente en igual número a las viviendas vendidas o se constate que no existen demandantes de vivienda protegida en ese municipio.

Propuesta 908 Garantizar que las administraciones públicas únicamente promoverán vivienda de titularidad pública en alquiler.

Propuesta 909 Promover la utilización de los pisos vacíos que se encuentran en manos de las entidades bancarias. Particularmente se auditará el cumplimiento del convenio de cesión de vivienda firmado entre la Junta de Andalucía y la SAREB.

Propuesta 919 Legislar, o instar para legislar, para permitir la movilización de la vivienda desocupada. La comunidad autónoma, así como los municipios, podrán dotarse de herramientas que acaben o mitiguen este uso antisocial a través de medidas sancionadoras, de gravamen o bonificación fiscal, expropiación o venta forzosa, estímulo, de aseguramiento físico y económico para pequeños tenedores, y programas de rehabilitación de viviendas inhabitables.

Propuesta 911 Crear el índice de precios del alquiler público de referencia. La Junta de Andalucía lo establecerá de manera participativa (entre todos los agentes sociales implicados), referido a variables socioeconómicas como la renta familiar disponible, ubicación del inmueble, y estado de conservación. Instaremos a que la elección por el arrendador de una renta que supere el índice de precios de alquiler tendrá efectos económicos y fiscales para el arrendador.

Propuesta 912 Publicar la Carta de Servicios del parque público residencial. La Carta de Servicios contendrá:

  1. a. La descripción de los servicios que tiene encomendados, los derechos que asisten a los ciudadanos en relación con aquellos y los compromisos de calidad en su prestación.
  2. b. Los itinerarios públicos de adecuación habitacional, entendiendo estos como los que permiten que la ciudadanía elija el modo legal de acceso y permanencia en la vivienda pública que mejor se adapte a sus circunstancias personales, familiares, sociales, económicas y laborales. Para ello se garantizará una oferta pública variada en las soluciones habitacionales y acorde con las necesidades sociales.

Propuesta 913 Modificar el sistema andaluz de protección integral a personas en situación de exclusión habitacional. La administración garantizará que ante una situación de exclusión habitacional, energética o de otros suministros, se coordinarán los diferentes servicios públicos para garantizar que la ciudadanía pueda acceder de manera integral a los recursos públicos habitacionales, sanitarios, educativos, de justicia, del sistema público de servicios sociales y cualesquiera otros que les pudieran ser de utilidad.

Propuesta 914 Garantizar que, con carácter anual, la Consejería competente presenta ante el Parlamento andaluz un informe detallado de los efectos y objetivos alcanzados por la Junta en la lucha contra los desahucios.

Propuesta 915 Reforzar económicamente la inversión en las áreas de rehabilitación integral con el objetivo de invertir los procesos de degradación urbana y residencial, y recuperar la ciudad existente. Para ello se propone ampliar su número, fortalecer con medios humanos y materiales la presencia de la Consejería competente, e implementar las necesarias mejoras tras realizar una auditoría de la intervención pública.

Propuesta 916 Intervenir, en colaboración con las administraciones locales, en los cascos históricos de las ciudades sometidos a procesos de especulación, gentrificación y turistificación al objeto de garantizar el derecho a la ciudad de la ciudadanía andaluza.

Propuesta 917 Reformar la normativa sectorial para frenar la pérdida de viviendas por su transformación en espacios de negocio, especialmente de actividades turísticas. Dotando a las ciudades de facultades para limitar y regular su radicación.

Propuesta 918 Trabajar para garantizar que cada pueblo o barrio declarado con mercado de alquiler tensionado tenga un 30% de parque de vivienda asequible.

Propuesta 919 Modificar los criterios de contratación y adjudicación de las promociones de vivienda pública para que cumplan nuevos requisitos tales como:

  1. Que permitan el acceso a las pequeñas promotoras-constructoras, cooperativas y, en particular, a empresas de la economía social-
  2. Que los pliegos recojan criterios éticos, sociales, de sostenibilidad y perspectiva de género.
  3. Que el proceso sea transparente, con la publicación pormenorizada de los órganos responsables de tomar las decisiones clave en cada una de las fases del proceso de contratación y adjudicación.

Propuesta 929 Impulsar la rehabilitación pública de viviendas privadas, quedando afectas a los precios máximos de renta durante los diez primeros años desde la recepción de la subvención y su afección al índice de precios del alquiler durante los veinte años restantes.

Propuesta 921 Priorizar los planes que apuesten por la rehabilitación, regeneración y reordenación de espacios urbanos en desuso, apostando por la edificación en solares vacíos y la rehabilitación de edificios cerrados.

Propuesta 922 Reforzar en la próxima legislatura el cuerpo de inspectores de vivienda con la convocatorio de al menos 60 nuevas plazas de empleo público.