Financiación

La educación pública es un derecho reconocido y consolidado y, como tal, los poderes públicos tienen la obligación de garantizarla. Por ello, ninguna familia debe verse en la necesidad de sufragar directamente de su bolsillo los recursos necesarios para hacer efectivo este derecho.

En ese sentido, nunca se hará responsables a las familias, directamente, o a través de las AMPA, de los costes de los servicios educativos, ni del equipamiento de los centros. Algo a lo que actualmente están haciendo frente a través de copagos, acondicionamiento-climatización, dotación material escolar, curricular, o en actividades escolares, etc. Estos copagos son inadmisibles en un sistema que debe ser público y de calidad.

Propuestas

Propuesta 723 Llevar a cabo las medidas necesarias para revertir los efectos de los recortes presupuestarios que se han producido en la educación pública, a fin de recuperar, en primera instancia, los niveles de inversión del año 2010.

Propuesta 724 Modificar la Ley de Educación de Andalucía (LEA) para incluir un suelo de financiación del 5% del PIB andaluz para los centros educativos no universitarios andaluces, con prioridad para los centros de titularidad pública. Además de la subida progresiva en los próximos cuatros años hasta el 7% del PIB.

Propuesta 725 Incrementar un 16% las partidas de gastos y funcionamiento de los centros de infantil, primaria y secundaria.

Propuesta 726 Tomar las medidas necesarias para que sean compensados económicamente los ayuntamientos por los gastos de reparación y conservación de los colegios públicos.

Propuesta 727 Acompañar de financiación la legislación y gestión de los Estudios Artísticos Superiores de Diseño en Andalucía. Por tanto, se debe acabar con el carácter experimental de estos estudios, excepcionalidad que los deja sin partida presupuestaria.