Educación pública, educación de calidad

La educación que queremos se fundamenta en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad y coeducación. Con un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución a toda la comunidad.

La finalidad de la educación que persigue Adelante Andalucía prioriza la formación intelectual para comprender el mundo en el que vivimos y participar en su mejora; la formación para una ciudadanía responsable, crítica, solidaria y democrática en un mundo pluricultural; el desarrollo emocional y la búsqueda del bienestar personal y colectivo de la comunidad de la que formamos parte; la eliminación del sistema patriarcal y el fomento del respeto de las múltiples identidades sexuales; el conocimiento del cambio climático y la falta de recursos desde la perspectiva de la educación para el decrecimiento; la capacitación de una mayor resiliencia para afrontar los retos de la crisis sistémica hacia la que caminamos; el desarrollo de la creatividad y de la estética y el respeto profundo a las necesidades, los ritmos y la intimidad de las personas que implica la individualidad de cada niña y niño.

La educación en Andalucía necesita una profunda revisión de conjunto. En este ámbito tenemos una oportunidad para poner encima de la mesa que, tras años de innegables avances, los sucesivos gobiernos del PSOE-A no han estado a la altura de los retos que planteaba el atraso secular. Ni se han implementado las políticas necesarias para frenar las reformas neoliberales, decidida por lobbies y algunos partidos políticos, que sitúan la educación como sector privatizable, instrumento para transmitir a la juventud una ideología competitiva y mercantilista, y haciendo pasar las políticas de recortes como ajustes presupuestarios. Todo ello sumado a un contexto de precarización general de las condiciones de vida y trabajo en todos los sectores.

Esta situación nos interpela a quienes formamos parte de las comunidades educativas y nos obliga a tomar conciencia de la necesidad de articular una serie de propuestas que, aunque estén dirigidas a cambiar al sistema educativo haciendo frente a la ofensiva neoliberal, deben tomar en consideración siempre el contexto de desigualdades sociales y las condiciones en las que viven las familias cuyos hijos e hijas atraviesan cada día la puerta de los colegios e institutos.

No queremos ni podemos aceptar ni dar por buenas las desigualdades crecientes, la precariedad y la pérdida de derechos, tanto en el acceso a unos servicios públicos universales gratuitos y de calidad, como en relación con los derechos laborales, civiles y democráticos. En definitiva, defendemos la aplicación de los derechos humanos universales en toda su extensión y profundidad.

En lo que va de siglo, la evolución de la inversión en educación por parte de los sucesivos gobiernos del Estado Español ha sido siempre inferior al 5% del PIB, alcanzando como cota más alta el 4,61% en 2009.

Con respecto a la financiación para educación en Andalucía (centros públicos y concertados subvencionados), el Gobierno de Susana Díaz en los últimos dos años ha aprobado una subida raquítica. Si en 2017 dedicaban un 3,9%, para 2018 solo le han dedicado un 4,04%. Son unos presupuestos totalmente insuficientes para poder dar el salto cualitativo imprescindible y necesario para mejorar nuestro sistema educativo público, reducir el fracaso escolar y potenciar políticas de rescate de nuestros estudiantes.

También las estadísticas disponibles muestran para Andalucía unos datos que, si no los remediamos urgentemente, serán una pesada losa para nuestro futuro inmediato. El abandono escolar temprano, que indica el porcentaje de jóvenes que abandonan el sistema y solo tiene la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), afecta al 23% de la juventud andaluza entre 18 y 24 años, más de 5 puntos por encima de la media española que es del 18,28%, y muy lejos de alcanzar el objetivo previsto del 15% para dentro de dos años.

No son mejores los datos de titulación en la ESO. En Europa el índice de fracaso escolar es del 11%. En España oscila en torno al 23%, mientras que en Andalucía alcanza el 34%. Y lo que es aterrador es que, de cada millón de niños escolarizados en Andalucía, 350.000 no terminan siquiera los estudios obligatorios.

La segregación escolar es otra dimensión que debemos afrontar desde el Gobierno andaluz. Esta situación es producto de la distribución desigual del alumnado entre los centros educativos por su estatus socioeconómico, por el país de origen de sus familias, por sus necesidades educativas específicas o por su elección de optativas. No cabe olvidar que también influye en ello, por un lado, y de forma directa, la doble red de centros, públicos y privados subvencionados, y por otro lado, de forma indirecta, la aplicación de ciertos programas educativos que generan división organizativa entre el alumnado de los centros de titularidad pública.

En Andalucía nos encontramos centros escolares en los que el aislamiento y la segregación responde habitualmente a la dinámica de barrios en exclusión social, aunque la realidad de los últimos cursos es que la crisis ha afectado duramente a familias en muchos más barrios y ha generado múltiples capas sociales empobrecidas, lo cual tiene un reflejo directo en los resultados académicos, en el abandono y en el fracaso educativo. Las consecuencias de esta segregación escolar se dejan sentir de manera significativa en la falta de igualdad de oportunidades, en el rendimiento escolar del conjunto del sistema educativo y en la propia cohesión social de los barrios de nuestros municipios. Luchar contra la segregación escolar debe ser uno de los objetivos prioritarios de las políticas educativas progresistas.

Por ello, apostamos por una educación pública en la que no prevalezca la competitividad y el mercantilismo, y desde la que la próxima generación de ciudadanos y ciudadanas pueda construir una sociedad fundada sobre los apoyos, los cuidados, el bien común y la cooperación.

En líneas generales, como medidas urgentes y prioritarias proponemos:

  • Instar al Gobierno estatal que derogue la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa, en su totalidad, de cara al comienzo del próximo curso.
  • Trabajar desde la Junta de Andalucía para exigir al Gobierno estatal la retirada inmediata del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
  • Defender una reforma constitucional que blinde y le otorgue a la educación el lugar primordial que se merece, con su consecuente reflejo en cada uno de los Presupuestos Generales del Estado. Nos comprometemos a impulsar un proceso constituyente educativo que elabore de forma compartida una nueva ley educativa estatal con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

La educación pública es un derecho reconocido y consolidado y, como tal, los poderes públicos tienen la obligación de garantizarla. Por ello, ninguna familia debe verse en la necesidad de sufragar directamente de su bolsillo los recursos necesarios para hacer efectivo este derecho.

En ese sentido, nunca se hará responsables a las familias, directamente, o a través de las AMPA, de los costes de los servicios educativos, ni del equipamiento de los centros. Algo a lo que actualmente están haciendo frente a través de copagos, acondicionamiento-climatización, dotación material escolar, curricular, o en actividades escolares, etc. Estos copagos son inadmisibles en un sistema que debe ser público y de calidad.

Tras más de una década de políticas de austeridad, muchos centros educativos adolecen de falta de material, en su mayor parte obsoleto, sin olvidar la indigna existencia de centros con instalaciones provisionales (barracones y “caracolas”). A todo ello, hay que añadir la aparición de nuevas demandas y necesidades como la dotación del servicio de comedor, la retirada del amianto o la bioclimatización sostenible de los centros escolares.

Otro problema importante es la masificación de muchos centros, sobre todo en grandes ciudades y áreas metropolitanas. Dicha masificación es un potente factor que incide en la segregación, el fracaso y la desigualdad. Por otro lado, la falta de plazas en centros públicos de algunas zonas urbanas es a menudo la excusa para justificar la promoción de centros privados-concertados sostenidos con fondos públicos.

No es posible, por tanto, una política de igualdad de oportunidades sin un plan urgente de construcción de nuevos centros escolares. Para ello hay que asegurar los instrumentos legales necesarios para priorizar la reserva de suelo público con destino a construcciones educativas frente a otros usos.

Está contrastado que el desarrollo de las personas en los primeros 5 años de vida, en concreto el desarrollo del cerebro, resulta determinante para el resto de las etapas vitales. Por ello, desde Adelante Andalucía entendemos que incluir la etapa de Infantil 0-3 en el sistema educativo público es una necesidad para garantizar la equidad a todas las familias andaluzas. A pesar de que la legislación ya recoge esta idea, hace falta voluntad política para su puesta en marcha real.

El artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), relativo a la oferta de plazas y gratuidad, que no fue modificado por la LOMCE, establece que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil. Asimismo, también se expresa que se coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo; y se determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.

Los tipos de titularidad de centros de infantil en Andalucía durante el curso 2017/18 han sido:

  • 11,28% de centros de titularidad de la Junta de Andalucía,
  • 33,10% de titularidad de otras administraciones locales (en su mayoría de gestión privada, en manos de grandes empresas como Clece y Eulen),
  • y un 55,63% de titularidad privada, gestionadas por autónomas, pequeñas empresas y cooperativas.

La situación del colectivo docente pasa por una creciente precarización de sus condiciones laborales, algo que merma la calidad de nuestra educación pública, con consecuencias directas para nuestro alumnado. Burocratización, ratios elevadas, bajas que no se cubren, horas de docencia sin dedicación para otras tareas necesarias como la preparación de material o correcciones, altas tasas de interinidad que en muchos centros merma las posibilidades de tener un proyecto educativo de calidad y garantista, etc.

Desde Adelante Andalucía pensamos que el incremento de las plantillas no solo debe hacernos volver a los niveles anteriores a los recortes de 2012 tras la aplicación del artículo 135 de la CE, sino que, además, hay que plantear las necesidades de plantilla que puedan cubrir con garantías los niveles de calidad y equidad para nuestros centros educativos.

El curso escolar 2017/18 ha venido marcado por una convocatoria de oposiciones docentes que ha generado malestar entre el profesorado interino. El diagnóstico es que en el sistema educativo público hay actualmente una tasa de interinidad muy alta, en torno al 20%, que, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe ser reducida por debajo del 8%. La convocatoria de oposiciones para reducir dicha tasa sin un acuerdo de estabilidad para el profesorado interino que ha estado sufriendo la falta de oposiciones durante tantos años, se ha visto en algunas especialidades como un grave riesgo de despido encubierto y una sustitución masiva del personal. Cambiar unos trabajadores por otros. Ante esta situación, miles de docentes se han movilizado exigiendo un pacto de estabilidad. Si en Andalucía eran 23.000 interinas las personas que ocupaban plazas estructurales, con el reciente proceso de oposiciones se han reducido a unas 18.000. Lo cual sigue manteniendo la misma problemática.

Compartimos la preocupación de este colectivo y apoyamos sus reivindicaciones. Ante la persistente falta de un Estatuto de la Función Pública Docente, resulta imperativo acometer medidas que reviertan esta situación.

La implantación del Programa de Bilingüismo ha estado íntimamente ligada al sometimiento del sistema de enseñanza (desde la oferta educativa a la gestión de los centros) a la lógica privatizadora y mercantilista propia del neoliberalismo, haciendo del bilingüismo un instrumento generador y reproductor de desigualdad y segregación. De hecho, solo un 28,9% del alumnado lo cursa.

La forma de implantación y la decisión de impartir materias fundamentales en la segunda lengua (inglés de ordinario), no ha logrado un nivel de competencia mayor en idiomas, aunque sí ha afectado negativamente al aprendizaje de otras materias, por lo que se impone la necesidad de llevar a cabo una evaluación del Programa de Bilingüismo y enfocar el aprendizaje a través de la asignatura de idiomas que cursa el 100% del alumnado.

Como punto de partida, proponemos profundizar en la democracia y la participación en los centros, y en la construcción del conocimiento como parte de los procesos de aprendizaje, tomando al alumnado como partícipe de este.

La LOMCE y su Formación Profesional Básica arrincona a parte del alumnado en un itinerario casi exclusivo, en la práctica, para la FP. Una Formación Profesional Básica que no se adapta a las necesidades del alumnado y que debería ser reforzada con recursos humanos y materiales para compensar las dificultades que arrastra el alumnado que viene de no completar la enseñanza secundaria. Si la igualdad de oportunidades fuera real, esta situación asimétrica estaría resuelta desde Primaria y Secundaria.

En la Formación Profesional Inicial faltan títulos, tanto en especialidades más innovadoras, como en el sector servicios. La oferta para personas adultas es casi inexistente y continúa presente una importante segregación por género. La formación del profesorado está muy lejos de la calidad que debe alcanzar para tener una FP innovadora y actualizada a la demanda laboral.

El Gobierno andaluz lleva varios años amagando con un anteproyecto de FP que vuelve a quedarse nuevamente en un cajón, eternizando la promesa de modernización del sistema, mientras la realidad es que la FP ha soportado buena parte de la política de recortes y sometimiento a los mercados y la precarización.

La Formación Profesional subsiste sin renovaciones de instalaciones y equipamientos de laboratorios y talleres, y la única innovación actual se dirige exclusivamente a la FP Dual.

Las consecuencias más claras de esto son las siguientes:

  • Se ha separado la FP de la red de centros educativos, impulsando paulatinamente los CIFP (Centros Integrados de FP) y creando un modelo ajeno al ámbito educativo, para convertir la FP exclusivamente en un instrumento del mercado laboral, y no para facilitar una formación de calidad a las personas.
  • La Privatización progresiva del modelo, incorporando la FP Dual.

No en vano, en los últimos años, prácticamente la mayoría de los nuevos títulos de FP implantados son duales. Estos se convierten en elementos de negociación del Gobierno andaluz con las direcciones de los centros, y se utilizan, además, para hacer arreglos políticos contrarios al interés general.

Se invierte en nuevos títulos si van a ser duales, aunque sean efímeros, para responder a necesidades de empresas concretas que utilizan esta vía para sus renovaciones de plantilla puntuales.

La figura de los tutores de empresa, una vez consolidados, puede suponer la sustitución del profesorado técnico de FP, lo que implica precarizar el empleo docente.

La FP Dual está asumiendo el papel que le correspondía a la FP para el Empleo, bajo sospechas de corrupción, y que está en procesos judiciales y de auditorías por parte de la Unión Europea. Para ello, se está flexibilizando el sistema público de FP para responder a demandas puntuales que no tendrían que tener esta respuesta.

Es necesario adoptar una política que apueste por la Formación Profesional como eje de un nuevo modelo productivo al servicio de Andalucía, que proyecte una economía social, centrada en la gente y en el bien común.

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