Servicios Públicos: derechos, no privilegios

En un contexto de creciente precarización del mercado laboral, la Junta de Andalucía, lejos de buscar y encontrar soluciones para paliar, por lo menos en sus ámbitos competenciales, los efectos nefastos de las dos reformas laborales, ha asumido el marco actual y ha facilitado la difusión de la precariedad tanto en el interior de la Adminitración Pública como en las relaciones contractuales con empresas y agentes externos a la administración. Externalización por un lado, y precariedad por el otro, han erosionado en manera considerable la calidad del empleo público.

Es necesario un cambio sustancial de las políticas destinadas a mejorar el empleo público y, por tanto, consolidar los servicios públicos a través del aumento del personal con contratos de calidad, poniendo en el centro de las prioridades del próximo Gobierno de Andalucía el aumento del empleo público como elemento esencial para fortalecer nuestra economía y generar riqueza y bienestar social.

Andalucía presenta algunas particularidades que hacen que el funcionamiento de su sistema de salud y su sistema de servicios sociales sea especialmente importante para la población que habita esta comunidad autónoma, así como para el desarrollo de la misma:

Es una comunidad autónoma con un alto índice de desigualdad, que toma su máxima expresión al presentar una de las tasas de desempleo más altas del estado español.

  • La pobreza y la exclusión social, especialmente localizada en determinados barrios de nuestras ciudades y pueblos, y en algunas comarcas, agudiza los problemas de salud de sus habitantes, que además se encuentran sometidos a otros condicionantes de naturaleza medioambiental (ejemplo claro son el Campo de Gibraltar y Huelva) que vienen a agravar la prevalencia de ciertas enfermedades y unos índices de mortalidad y morbilidad sensiblemente superiores a la media.
  • A pesar de estos aspectos presenta el gasto sanitario por habitante más bajo del conjunto del estado.

Ante esta situación, y heredando problemas de legislaturas anteriores, el gobierno de la Junta de Andalucía ha respondido intensificando las tareas de politización del sistema sanitario e instrumentalización de los servicios de protección social poniéndolos al servicio de la propaganda institucional y no al servicio de la población andaluza. Se han diseñado planes, programas y leyes que en los aspectos formales mantienen cierta apariencia de lucha por los más desfavorecidos pero al no constituir una clara apuesta por parte de las instituciones competentes esto no se ha materializado en el beneficio de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. El PSOE se ha instalado, al contrario, en la autocomplacencia y en negar las evidentes fallas del sistema. Su nula capacidad de reacción ha abonado el terreno a quienes pretenden abundar en la ya muy preocupante privatización de la sanidad andaluza, camuflando sus verdaderos intereses en el malestar generalizado de las personas trabajadoras y usuarias del SAS ante el deterioro objetivo de la sanidad pública.

Además, de forma paralela, se ha insistido en una gestión caótica de los profesionales sanitarios y de servicios sociales, con recortes de personal y precarización del empleo público, lo cual supone un ataque directo al mayor activo de los servicios públicos, sus trabajadores y trabajadoras. La incapacidad para el desarrollo profesional dentro de las instituciones sociosanitarias una vez se trabaja en ellas y la imposibilidad de acceder a dichas organizaciones por parte de los profesionales que recientemente han acabado sus periodos formativos han hecho que se haya generado una situación de separación y desafección por parte de los trabajadores hacia el sistema sanitario y los servicios sociales donde trabajan que dificulta la consecución de unos servicios públicos de calidad.

En este contexto de degradación de los servicios públicos, los intentos de inclusión de experiencias de los usuarios para la mejora del sistema se han hecho de forma vertical, guiados siempre desde la instituciones y sin generar verdaderos espacios de participación comunitaria, concibiendo la participación como un complemento a las decisiones ya tomadas y no como una parte esencial en el diseño y funcionamiento de los servicios de salud y los servicios sociales.

El sistema sanitario tiene que girar y caminar conjuntamente con los servicios sociales, poniendo a la persona en el centro, contextualizándolo en un entorno y unas condiciones de vida sobre las que hay que actuar y cuidando a los y las profesionales que servirán de vehículo entre las necesidades de las personas y los servicios que se puedan prestar desde las instituciones.

Con las propuestas que se recogen en este documento pretendemos trabajar en los ejes principales que consideramos más urgentes para atajar la brecha social que crece en nuestra comunidad, remodelando las instituciones con visión de futuro y abriéndolas a la población para que construyan unos sistemas públicos que son suyos. Los principios fundamentales en los que se basan nuestras propuestas son:

  • Enfatizar la necesidad de rendición de cuentas por parte de las instituciones sanitarias, utilizando la transparencia y participación comunitaria como vías fundamentales para la materialización de esta rendición de cuentas.
  • Guiar el sistema de cobertura y prestaciones por un universalismo proporcional, que reconozca el acceso a la salud y a sus determinantes sociales como un derecho universal pero trabaje con especial interés con los colectivos más desfavorecidos. Este principio vendría a representar la idea de ponérselo más fácil a quienes más lo necesitan sin perder la visión de que el sistema público tiene que llegar a absolutamente toda la población.
  • La salud no es solo lo sanitario, viéndose influida por una serie de determinantes sociales (educación, vivienda, entorno físico, etc.) y ambientales cuyas políticas pueden influir sobre la salud de los habitantes de nuestra comunidad. Mirar a la salud desde todas las políticas y hacerlo con una visión que permita disminuir las desigualdades sociales en salud en nuestra comunidad y limitar los efectos adversos ambientales. La visión de la salud en todas las políticas no ocupa en exclusiva ninguno de los puntos de este documento por creer que es algo más global y que debe afectar a la totalidad del programa, tal y como marca la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
  • Finalmente, el envejecimiento de la población es un reto que necesariamente hay que afrontar desde todas las políticas públicas, y especialmente desde salud. El abordaje de esta realidad requiere un esfuerzo que incumbe a los servicios sociales y en general a todo el mapa de recursos disponibles y su orientación. Hasta la fecha la inversión destinada a atender de manera adecuada a las personas mayores y a las que las cuidan en el ámbito familiar o profesionalmente es muy deficiente. Sin embargo, esta inversión tiene una tasa de retorno muy importante: por el empleo que genera; por facilitar la conciliación a las personas cuidadoras, que por falta de recursos o de ayuda suelen convertir la atención de sus mayores en su ocupación casi exclusiva; por el fortalecimiento de la red de apoyo social para combatir la soledad de muchas personas que no pueden o no quieren acceder a residencias en las que ser atendidas, etc.

Para la consecución de estos principios proponemos una serie de estrategias que vertebrarán la totalidad de las propuestas presentadas más adelante:

  • Trascender hacia una nueva forma de hacer, un nuevo modelo de gestión donde la gobernanza se haga desde abajo, participada y democrática, con recursos y gestión pública, donde se sepa valorar, apreciar y diferenciar entre beneficio económico y beneficio social -el objetivo de la Administración no es ganar dinero, sino prestar los mejores servicios públicos a la ciudadanía-; con un enfoque a largo plazo y huyendo de cortoplacismos. Conocemos cómo los ahorros iniciales se convierten luego en sobrecostes; con luz y taquígrafos y con una completa integración asistencial en la que la Atención Primaria sea el centro de gestión y coordinación de recursos, unida a su vez con los servicios sociales, esto es, generando una red andaluza real sociosanitaria, que vaya más allá de dar respuesta una vez surgida la enfermedad y genere y capacite herramientas para prevenirla de una manera mucho más efectiva y menos costosa.
  • La potenciación de la Atención Primaria como eje vertebrador del Sistema Sanitario. La Atención Primaria es actualmente la gran olvidada de nuestro sistema. La literatura disponible nos dice que un sistema eficiente pasa por una Atención Primaria de calidad que garantice la longitudinalidad, la accesibilidad, la acción coordinada y la integralidad dentro de éste. Esto ha de hacerse teniendo en cuenta no solo la visión de la población general y la de los profesionales de Atención Primaria, sino también incorporando visiones integradoras procedentes de la asistencia hospitalaria y que ya han venido actuando en el desarrollo y facilitación de las comunicaciones entre los diferentes ámbitos del sistema sanitario.
  • Incluir objetivos específicos en los planes de salud de disminución de desigualdades en el estado de salud y en el acceso, efectividad y calidad de los servicios sanitarios. De esta manera, construiremos un sistema de salud orientado hacia a la equidad.
  • La apuesta por una integración sociosanitaria real que posibilite un enfoque integral que incluya la mirada hacia los determinantes sociales de la salud. Solo con la actuación coordinada de los servicios de salud con servicios sociales podremos conseguir abarcar la salud de la población de forma amplia y realizar una atención centrada en las personas y no en la enfermedad.
  • Plan de atención a las personas mayores, sostenido en el tiempo, transversal y orientado a la transformación paulatina del sistema en un sostén adecuado a la realidad presente y futura.
  • Garantizar tanto a usuarios como a profesionales que se contarán con todos los recursos necesarios a través de una financiación adecuada para que la cobertura de la cartera de servicios sanitaria pública se preste con las máximas garantías de calidad, sin que se generen continuamente cuellos de botella o se sobrecargue de trabajo a los trabajadores y trabajadoras que terminan paliando los déficits e incompetencia de los gestores, pero pagando un alto precio tanto en calidad de vida como en impedir que tarde o temprano sea el usuario el que sufre en primera piel estas deficiencias.
  • Reconociendo que Andalucía ha hecho un importante esfuerzo en investigación biomédica, con especial atención a todo lo relacionado con las células madre, en términos sociales hubiera sido más rentable diversificar esos esfuerzos y centrar la mayoría de éstos en la investigación clínica o preventiva del día a día o enfermedades más prevalentes. Hacer una operación muy complicada que sólo dos o tres hospitales del país pueden afrontar es un hito que convive en Andalucía con otra realidad ilustrativa: no hay unidades de Ictus en todas las provincias o se amputan anualmente más de mil pies diabéticos por falta de seguimiento precoz de las personas que padecen esta enfermedad.

Estas paradojas, presentes en la política sanitaria andaluza, requieren medidas específicas para corregir las prioridades de la inversión y reorientarlas hacia objetivos de los que la mayoría de la población pueda beneficiarse. No se trata de renunciar a la investigación en ningún caso, sino de valorar la rentabilidad social de las líneas de investigación que cuentan con financiación pública y favorecer aquellas orientadas a prevenir ciertas patologías o mejorar la calidad de vida de quienes las padecen.

A este respecto merecen mención específica las enfermedades raras, y los conocidos como medicamentos huérfanos. El escaso interés de la industria privada en investigar enfermedades con muy baja prevalencia coloca en una indefensión y vulnerabilidad a quienes las padecen y que el sistema público debe paliar. Por ello, se impone la coordinación con el conjunto de sistemas sanitarios estatales, garantizando que se distribuya de manera adecuada la creación y sostén de unidades de referencia para las mismas, y abundando en la formación del personal médico para su correcto diagnóstico y derivación a las mismas.

Desde la aprobación de la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, se han ido instaurando diferentes formas de gestión pública por parte de empresas privadas dentro del sistema sanitario. Este modelo se ha demostrado no solo ineficaz, sino también caro para la ciudadanía y perjudicial para el paciente. Un modelo que ha servido para que se enriquezcan unos pocos a costa de los trabajadores del sector, de los pacientes y de las arcas públicas. Desde Adelante Andalucía trabajaremos para recuperar las empresas públicas y las agencias sanitarias bajo gestión directa del SAS. Durante este proceso, se tendrá en cuenta a los trabajadores empleados bajo estas fórmulas de gestión.

De igual modo, la descentralización en la gestión, mayor autonomía en distritos locales y democratización en la dirección se consideran factores positivos por usuarios y trabajadores, favoreciendo a su vez políticas de fortalecimiento del nivel de Atención Primaria, comunitaria y espacios de cuidados sociosanitarios con disponibilidad de camas de observación de cuidados medios para afrontar el crecimiento en la proporción demográfica de personas mayores de 65 años con mayor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas y comorbilidades, lo que condiciona a su vez que se pongan en marcha si se quieren corregir efectos adversos que originan ingresos hospitalarios y caídas, un seguimiento más continuado del control farmacológico de personas polimedicadas, para lo cual el tiempo disponible no puede consumirse exclusivamente en consultas a demanda.

De hecho, los estudios demuestran que inversiones en Atención Primaria y salud pública reducen la demanda de los servicios de emergencia y hospitalarios.

En cuanto a innovaciones organizativas, la gestión real desde los trabajadores y trabajadoras clínicas solo será posible con la delegación de poder desde la Administración hacia ellos y ellas, la implicación desde el origen de éstos en la toma de decisiones en cuanto a recursos y evaluación de tecnologías sanitarias, en el diseño de los objetivos a alcanzar, el entendimiento y asunción natural de que sus decisiones clínicas basadas en la evidencia tienen un impacto sobre la capacidad de respuesta del sistema, y por tanto un coste de oportunidad de hacer otras actividades clínicas demandadas que son efectivas y se dejan de hacer, adquisición continua de habilidades y conocimientos económicos y científicos, uso efectivo de nuevas tecnologías de la información y en la democratización y rendición de cuentas de los órganos de dirección.

Finalmente es parte fundamental de este nuevo modelo de gestión la participación efectiva de los usuarios a través de los diferentes colectivos que representan todas las capas de la sociedad, prestando especial atención y facilitando su acceso a las más vulnerables.

El sistema sanitario tiene una función de empleador que pocas veces centra el debate político. En la actualidad, afrontamos una situación en la cual el aumento de la precariedad laboral de parte de los trabajadores sanitarios, la perpetuación de la inestabilidad laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo han generado una creciente y comprensible desafección por parte de las personas trabajadoras del Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia dicha institución, lo cual repercute en un peor funcionamiento de nuestro sistema. Es necesario recuperar esta cooperación sin volver a la situación anterior, sino construyendo un sistema de gestión de profesionales que se base en la seguridad laboral, la evaluación periódica de competencias como forma de asegurar la calidad asistencial –huyendo de mecanismos burocratizados y desvestidos de significado práctico como los actuales procedimientos de acreditación de calidad- y el diálogo y planificación de la mano de los trabajadores y trabajadoras. Establecemos, pues, como uno de los objetivos fundamentales recuperar miles de trabajadores y trabajadoras sanitarias actualmente exiliadas en otras regiones, la empresa privada u otros países.

Según los últimos datos de gasto sanitario consolidado –el que realmente se ejecuta y no solo se presupuesta- Andalucía es la Comunidad Autónoma que menos euros por habitante destina a la sanidad 1.110€ por habitante frente a los 1.332€ por habitante de media en el estado español. Y siendo así, una comunidad en que las diferencias sociales son un problema importante y que acumula grandes focos de mortalidad y morbilidad con respecto al resto de España, la inversión en el sistema sanitario puede tener un importante poder de redistribución y garantía de la funcionalidad social de los individuos. Es por ello que incrementar su financiación no es estrictamente un gasto, sino una inversión en cuanto a la capacidad de generación de riqueza de nuestra tierra.

Es necesario ampliar la visión de los servicios sanitarios; si admitimos que la salud se ve determinada por otros aspectos en mayor medida que por la prestación asistencialista, es necesario que la universalidad sanitaria se extienda a esos otros ámbitos que conforman los determinantes sociales y ambientales de la salud.

Uno de los mayores problemas del sistema sanitario a nivel estatal –y también en Andalucía- ha sido la falta de un organismo con poder y legitimidad para liderar la evaluación de prestaciones y políticas de salud, de modo que se han introducido y sacado del sistema prestaciones sin que eso estuviera basado en un análisis de efectividad, seguridad y eficiencia que hiciera posible explicar los porqués técnicos de las decisiones tomadas. Liderar un cambio en este aspecto debe ser un imperativo ético para una Comunidad Autónoma que debido a la baja financiación de su sistema sanitario no puede permitirse el gasto en prestaciones y políticas ineficientes y que no aporten valor añadido a la población andaluza, y, por otro lado, le es perentorio introducir nuevas prestaciones (como la salud bucodental, óptica o auditiva) que provoca que muchas familias con escasos recursos no puedan acceder a ellas.

En los últimos años, las políticas en materia de medicamentos han ido más dirigidas a la contención del gasto que a la adecuación de la prescripción y el control de la adherencia a los tratamientos. Las políticas de control de gasto, además, se han centrado en la disminución de los precios de compra cuando los datos disponibles nos dicen que el problema se encuentra en la sobremedicación. Es fundamental tener como centro de las políticas sobre medicamentos el hecho de que su objetivo primordial tiene que ser lograr que los tratamientos adecuados lleguen a los pacientes de forma efectiva y equitativa, logrando introducir los nuevos tratamientos que aporten ventajas para el paciente y eliminando de la cartera de servicios – o evitando la prescripción- de aquellos que no aporten valor añadido.

Los servicios de salud mental han sufrido un deterioro en los últimos años en gran parte relacionado con la organización y dirección de los mismos bajo criterios exclusivos de eficiencia y seguimiento de políticas centradas en dar respuesta a toda demanda por encima de la adecuación de los recursos a dicha demanda y a las necesidades de la población. En el caso particular de salud mental se añade la predominancia del modelo biomédico que obvia las características específicas de la patología mental, relativas a la subjetividad y el desarrollo e integración social de los individuos.

Partiendo de una visión que enfatizaba ciertos aspectos de psiquiatría comunitaria y de uso de los dispositivos de salud mental como eje básico en el seguimiento de los pacientes con patologías más incapacitantes, hemos pasado a un deterioro de los dispositivos de asistencia comunitaria y de las prestaciones complementarias que podrían permitir a estos pacientes desarrollar una vida con las mayores capacidades posibles.

La complejidad de la red de salud mental destinada al trastorno mental grave, que implica dispositivos de ingreso hospitalario y continuidad de cuidados ambulatoria pero también dispositivos de rehabilitación y larga estancia, centros de soporte social específicos, entre otros, requiere una relación fluida con servicios sociales, educación y demás elementos de la comunidad. No podemos permitir que los servicios de salud mental se configuren en torno a los hospitales mientras se desteje el papel fundamental de esta compleja red periférica coordinada desde los centros de salud mental.

El III Plan Integral de Salud Mental 2016-2020 (III PISMA) ha fracasado en el objetivo de desarrollar una verdadera atención a la salud mental independiente de los defectos del resto del sistema sanitario (falta de integración con los servicios sociales, hospitalocentrismo, orientación de mercado –gerencialismo-, padecimiento lineal de los recortes en otros ámbitos, etc.).

Por ello, es preciso trascender los buenos propósitos recogidos en dicho documento y llevar a cabo unas reformas que caminan conjuntamente con el resto del programa que planteamos pero que tendrían especial impacto en la población con problemas de salud mental, especialmente aquellos con trastornos más graves y que precisan una mayor potenciación de la longitudinalidad, la accesibilidad y la polivalencia del sistema.

Los servicios de Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias suponen un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto, a la vez que se ven influidos por cómo funcionan los diferentes niveles del sistema.

Desde hace años, los servicios de urgencias se han visto como una salida a las inoperancias del sistema sin llegar a acometer reformas en profundidad en ellos que permitan la formación intensiva y periódica de sus trabajadores, la dotación cuantitativa y cualitativa profesional adecuada a la demanda asistencial y el control de la demanda asistencial mediante acciones efectivas en los niveles asistenciales que la determinan –principalmente Atención Primaria, las plantas de hospitalización y la demora en Consultas Externas Hospitalarias-.

La perspectiva de salud debe estar presente en todas las políticas públicas, permitiendo a largo plazo y de una manera eficiente disminuir las desigualdades sociales y asegurar la protección de la salud de todas las personas.

Sin embargo, a pesar de que son esos otros factores “invisibles” a primera vista los que impactan en mayor medida sobre la salud poblacional, la relación de su peso sobre el gasto sanitario total es apenas anecdótico. Tampoco existen políticas fuera del departamento de salud de cualquier gobierno en el que se mida su impacto presupuestario en relación a su incidencia sobre la salud de la población y su correspondiente modulación de la demanda asistencial ahorrando una carga de enfermedad importante, si se pusieran en práctica. Sería infinitamente menos costoso, por tanto, aumentar políticas dirigidas a la prevención de la enfermedad que a su tratamiento.

La educación que queremos se fundamenta en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad y coeducación. Con un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución a toda la comunidad.

La finalidad de la educación que persigue Adelante Andalucía prioriza la formación intelectual para comprender el mundo en el que vivimos y participar en su mejora; la formación para una ciudadanía responsable, crítica, solidaria y democrática en un mundo pluricultural; el desarrollo emocional y la búsqueda del bienestar personal y colectivo de la comunidad de la que formamos parte; la eliminación del sistema patriarcal y el fomento del respeto de las múltiples identidades sexuales; el conocimiento del cambio climático y la falta de recursos desde la perspectiva de la educación para el decrecimiento; la capacitación de una mayor resiliencia para afrontar los retos de la crisis sistémica hacia la que caminamos; el desarrollo de la creatividad y de la estética y el respeto profundo a las necesidades, los ritmos y la intimidad de las personas que implica la individualidad de cada niña y niño.

La educación en Andalucía necesita una profunda revisión de conjunto. En este ámbito tenemos una oportunidad para poner encima de la mesa que, tras años de innegables avances, los sucesivos gobiernos del PSOE-A no han estado a la altura de los retos que planteaba el atraso secular. Ni se han implementado las políticas necesarias para frenar las reformas neoliberales, decidida por lobbies y algunos partidos políticos, que sitúan la educación como sector privatizable, instrumento para transmitir a la juventud una ideología competitiva y mercantilista, y haciendo pasar las políticas de recortes como ajustes presupuestarios. Todo ello sumado a un contexto de precarización general de las condiciones de vida y trabajo en todos los sectores.

Esta situación nos interpela a quienes formamos parte de las comunidades educativas y nos obliga a tomar conciencia de la necesidad de articular una serie de propuestas que, aunque estén dirigidas a cambiar al sistema educativo haciendo frente a la ofensiva neoliberal, deben tomar en consideración siempre el contexto de desigualdades sociales y las condiciones en las que viven las familias cuyos hijos e hijas atraviesan cada día la puerta de los colegios e institutos.

No queremos ni podemos aceptar ni dar por buenas las desigualdades crecientes, la precariedad y la pérdida de derechos, tanto en el acceso a unos servicios públicos universales gratuitos y de calidad, como en relación con los derechos laborales, civiles y democráticos. En definitiva, defendemos la aplicación de los derechos humanos universales en toda su extensión y profundidad.

En lo que va de siglo, la evolución de la inversión en educación por parte de los sucesivos gobiernos del Estado Español ha sido siempre inferior al 5% del PIB, alcanzando como cota más alta el 4,61% en 2009.

Con respecto a la financiación para educación en Andalucía (centros públicos y concertados subvencionados), el Gobierno de Susana Díaz en los últimos dos años ha aprobado una subida raquítica. Si en 2017 dedicaban un 3,9%, para 2018 solo le han dedicado un 4,04%. Son unos presupuestos totalmente insuficientes para poder dar el salto cualitativo imprescindible y necesario para mejorar nuestro sistema educativo público, reducir el fracaso escolar y potenciar políticas de rescate de nuestros estudiantes.

También las estadísticas disponibles muestran para Andalucía unos datos que, si no los remediamos urgentemente, serán una pesada losa para nuestro futuro inmediato. El abandono escolar temprano, que indica el porcentaje de jóvenes que abandonan el sistema y solo tiene la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), afecta al 23% de la juventud andaluza entre 18 y 24 años, más de 5 puntos por encima de la media española que es del 18,28%, y muy lejos de alcanzar el objetivo previsto del 15% para dentro de dos años.

No son mejores los datos de titulación en la ESO. En Europa el índice de fracaso escolar es del 11%. En España oscila en torno al 23%, mientras que en Andalucía alcanza el 34%. Y lo que es aterrador es que, de cada millón de niños escolarizados en Andalucía, 350.000 no terminan siquiera los estudios obligatorios.

La segregación escolar es otra dimensión que debemos afrontar desde el Gobierno andaluz. Esta situación es producto de la distribución desigual del alumnado entre los centros educativos por su estatus socioeconómico, por el país de origen de sus familias, por sus necesidades educativas específicas o por su elección de optativas. No cabe olvidar que también influye en ello, por un lado, y de forma directa, la doble red de centros, públicos y privados subvencionados, y por otro lado, de forma indirecta, la aplicación de ciertos programas educativos que generan división organizativa entre el alumnado de los centros de titularidad pública.

En Andalucía nos encontramos centros escolares en los que el aislamiento y la segregación responde habitualmente a la dinámica de barrios en exclusión social, aunque la realidad de los últimos cursos es que la crisis ha afectado duramente a familias en muchos más barrios y ha generado múltiples capas sociales empobrecidas, lo cual tiene un reflejo directo en los resultados académicos, en el abandono y en el fracaso educativo. Las consecuencias de esta segregación escolar se dejan sentir de manera significativa en la falta de igualdad de oportunidades, en el rendimiento escolar del conjunto del sistema educativo y en la propia cohesión social de los barrios de nuestros municipios. Luchar contra la segregación escolar debe ser uno de los objetivos prioritarios de las políticas educativas progresistas.

Por ello, apostamos por una educación pública en la que no prevalezca la competitividad y el mercantilismo, y desde la que la próxima generación de ciudadanos y ciudadanas pueda construir una sociedad fundada sobre los apoyos, los cuidados, el bien común y la cooperación.

En líneas generales, como medidas urgentes y prioritarias proponemos:

  • Instar al Gobierno estatal que derogue la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa, en su totalidad, de cara al comienzo del próximo curso.
  • Trabajar desde la Junta de Andalucía para exigir al Gobierno estatal la retirada inmediata del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
  • Defender una reforma constitucional que blinde y le otorgue a la educación el lugar primordial que se merece, con su consecuente reflejo en cada uno de los Presupuestos Generales del Estado. Nos comprometemos a impulsar un proceso constituyente educativo que elabore de forma compartida una nueva ley educativa estatal con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

La educación pública es un derecho reconocido y consolidado y, como tal, los poderes públicos tienen la obligación de garantizarla. Por ello, ninguna familia debe verse en la necesidad de sufragar directamente de su bolsillo los recursos necesarios para hacer efectivo este derecho.

En ese sentido, nunca se hará responsables a las familias, directamente, o a través de las AMPA, de los costes de los servicios educativos, ni del equipamiento de los centros. Algo a lo que actualmente están haciendo frente a través de copagos, acondicionamiento-climatización, dotación material escolar, curricular, o en actividades escolares, etc. Estos copagos son inadmisibles en un sistema que debe ser público y de calidad.

Tras más de una década de políticas de austeridad, muchos centros educativos adolecen de falta de material, en su mayor parte obsoleto, sin olvidar la indigna existencia de centros con instalaciones provisionales (barracones y “caracolas”). A todo ello, hay que añadir la aparición de nuevas demandas y necesidades como la dotación del servicio de comedor, la retirada del amianto o la bioclimatización sostenible de los centros escolares.

Otro problema importante es la masificación de muchos centros, sobre todo en grandes ciudades y áreas metropolitanas. Dicha masificación es un potente factor que incide en la segregación, el fracaso y la desigualdad. Por otro lado, la falta de plazas en centros públicos de algunas zonas urbanas es a menudo la excusa para justificar la promoción de centros privados-concertados sostenidos con fondos públicos.

No es posible, por tanto, una política de igualdad de oportunidades sin un plan urgente de construcción de nuevos centros escolares. Para ello hay que asegurar los instrumentos legales necesarios para priorizar la reserva de suelo público con destino a construcciones educativas frente a otros usos.

Está contrastado que el desarrollo de las personas en los primeros 5 años de vida, en concreto el desarrollo del cerebro, resulta determinante para el resto de las etapas vitales. Por ello, desde Adelante Andalucía entendemos que incluir la etapa de Infantil 0-3 en el sistema educativo público es una necesidad para garantizar la equidad a todas las familias andaluzas. A pesar de que la legislación ya recoge esta idea, hace falta voluntad política para su puesta en marcha real.

El artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), relativo a la oferta de plazas y gratuidad, que no fue modificado por la LOMCE, establece que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil. Asimismo, también se expresa que se coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo; y se determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.

Los tipos de titularidad de centros de infantil en Andalucía durante el curso 2017/18 han sido:

  • 11,28% de centros de titularidad de la Junta de Andalucía,
  • 33,10% de titularidad de otras administraciones locales (en su mayoría de gestión privada, en manos de grandes empresas como Clece y Eulen),
  • y un 55,63% de titularidad privada, gestionadas por autónomas, pequeñas empresas y cooperativas.

La situación del colectivo docente pasa por una creciente precarización de sus condiciones laborales, algo que merma la calidad de nuestra educación pública, con consecuencias directas para nuestro alumnado. Burocratización, ratios elevadas, bajas que no se cubren, horas de docencia sin dedicación para otras tareas necesarias como la preparación de material o correcciones, altas tasas de interinidad que en muchos centros merma las posibilidades de tener un proyecto educativo de calidad y garantista, etc.

Desde Adelante Andalucía pensamos que el incremento de las plantillas no solo debe hacernos volver a los niveles anteriores a los recortes de 2012 tras la aplicación del artículo 135 de la CE, sino que, además, hay que plantear las necesidades de plantilla que puedan cubrir con garantías los niveles de calidad y equidad para nuestros centros educativos.

El curso escolar 2017/18 ha venido marcado por una convocatoria de oposiciones docentes que ha generado malestar entre el profesorado interino. El diagnóstico es que en el sistema educativo público hay actualmente una tasa de interinidad muy alta, en torno al 20%, que, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe ser reducida por debajo del 8%. La convocatoria de oposiciones para reducir dicha tasa sin un acuerdo de estabilidad para el profesorado interino que ha estado sufriendo la falta de oposiciones durante tantos años, se ha visto en algunas especialidades como un grave riesgo de despido encubierto y una sustitución masiva del personal. Cambiar unos trabajadores por otros. Ante esta situación, miles de docentes se han movilizado exigiendo un pacto de estabilidad. Si en Andalucía eran 23.000 interinas las personas que ocupaban plazas estructurales, con el reciente proceso de oposiciones se han reducido a unas 18.000. Lo cual sigue manteniendo la misma problemática.

Compartimos la preocupación de este colectivo y apoyamos sus reivindicaciones. Ante la persistente falta de un Estatuto de la Función Pública Docente, resulta imperativo acometer medidas que reviertan esta situación.

La implantación del Programa de Bilingüismo ha estado íntimamente ligada al sometimiento del sistema de enseñanza (desde la oferta educativa a la gestión de los centros) a la lógica privatizadora y mercantilista propia del neoliberalismo, haciendo del bilingüismo un instrumento generador y reproductor de desigualdad y segregación. De hecho, solo un 28,9% del alumnado lo cursa.

La forma de implantación y la decisión de impartir materias fundamentales en la segunda lengua (inglés de ordinario), no ha logrado un nivel de competencia mayor en idiomas, aunque sí ha afectado negativamente al aprendizaje de otras materias, por lo que se impone la necesidad de llevar a cabo una evaluación del Programa de Bilingüismo y enfocar el aprendizaje a través de la asignatura de idiomas que cursa el 100% del alumnado.

Como punto de partida, proponemos profundizar en la democracia y la participación en los centros, y en la construcción del conocimiento como parte de los procesos de aprendizaje, tomando al alumnado como partícipe de este.

La LOMCE y su Formación Profesional Básica arrincona a parte del alumnado en un itinerario casi exclusivo, en la práctica, para la FP. Una Formación Profesional Básica que no se adapta a las necesidades del alumnado y que debería ser reforzada con recursos humanos y materiales para compensar las dificultades que arrastra el alumnado que viene de no completar la enseñanza secundaria. Si la igualdad de oportunidades fuera real, esta situación asimétrica estaría resuelta desde Primaria y Secundaria.

En la Formación Profesional Inicial faltan títulos, tanto en especialidades más innovadoras, como en el sector servicios. La oferta para personas adultas es casi inexistente y continúa presente una importante segregación por género. La formación del profesorado está muy lejos de la calidad que debe alcanzar para tener una FP innovadora y actualizada a la demanda laboral.

El Gobierno andaluz lleva varios años amagando con un anteproyecto de FP que vuelve a quedarse nuevamente en un cajón, eternizando la promesa de modernización del sistema, mientras la realidad es que la FP ha soportado buena parte de la política de recortes y sometimiento a los mercados y la precarización.

La Formación Profesional subsiste sin renovaciones de instalaciones y equipamientos de laboratorios y talleres, y la única innovación actual se dirige exclusivamente a la FP Dual.

Las consecuencias más claras de esto son las siguientes:

  • Se ha separado la FP de la red de centros educativos, impulsando paulatinamente los CIFP (Centros Integrados de FP) y creando un modelo ajeno al ámbito educativo, para convertir la FP exclusivamente en un instrumento del mercado laboral, y no para facilitar una formación de calidad a las personas.
  • La Privatización progresiva del modelo, incorporando la FP Dual.

No en vano, en los últimos años, prácticamente la mayoría de los nuevos títulos de FP implantados son duales. Estos se convierten en elementos de negociación del Gobierno andaluz con las direcciones de los centros, y se utilizan, además, para hacer arreglos políticos contrarios al interés general.

Se invierte en nuevos títulos si van a ser duales, aunque sean efímeros, para responder a necesidades de empresas concretas que utilizan esta vía para sus renovaciones de plantilla puntuales.

La figura de los tutores de empresa, una vez consolidados, puede suponer la sustitución del profesorado técnico de FP, lo que implica precarizar el empleo docente.

La FP Dual está asumiendo el papel que le correspondía a la FP para el Empleo, bajo sospechas de corrupción, y que está en procesos judiciales y de auditorías por parte de la Unión Europea. Para ello, se está flexibilizando el sistema público de FP para responder a demandas puntuales que no tendrían que tener esta respuesta.

Es necesario adoptar una política que apueste por la Formación Profesional como eje de un nuevo modelo productivo al servicio de Andalucía, que proyecte una economía social, centrada en la gente y en el bien común.

Andalucía, por voluntad de las y los andaluces, es una comunidad de cuidados, donde unos y otros velamos por todos. Para Adelante Andalucía hablar de vivienda es hablar de muchas más necesidades y derechos que la mera tenencia de un inmueble. Hablar de vivienda es discernir sobre uno de los presupuestos básicos para el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano. Y es así porque los derechos humanos no se ejercitan aisladamente.

No puede haber derechos de los menores sin vivienda donde vivir la infancia. No puede existir el libre desarrollo de la personalidad sin tener aseguradas las más mínimas necesidades vitales. Todos los andaluces y andaluzas tenemos el derecho a vivir en cualquier ciudad o pueblo de Andalucía en condiciones de seguridad, paz y dignidad.

El impacto de las políticas de vivienda en la mayoría de los países europeos, en los que el alquiler es una significativa forma de acceso al techo y la vivienda pública y/o asequible alcanza porcentajes que se miden en dos cifras (Holanda 32%, Austria 23%, Reino Unido 18% o Francia 17%). Aquí, el alquiler y la vivienda pública y/o social han sido fenómenos marginales, el segundo testimonial (1,1%), a los que sumando viviendas de renta antigua y otras formas de promoción social, alcanza un ridículo 2,5%. En los últimos años, esta divergencia entre Europa y Andalucía no se ha acortado, sino que, por el contrario, ha ido en aumento. El gasto público en vivienda es de un 0,059% del PIB en el estado español, mientras que en países del entorno europeo, con un importante parque de vivienda asequible, se sigue invirtiendo en torno al 1,5% de su PIB.

Este derecho de la ciudadanía andaluza debe corresponderse con la obligación que tiene la administración autonómica de intervenir activamente para garantizar su efectivo cumplimiento. El Ejecutivo andaluz no siempre ha velado por el respeto de los derechos y garantías habitacionales de la ciudadanía andaluza. Andalucía, según las estadísticas del CGPJ, ha ocupado en los años de esta legislatura los primeros puestos en cuanto a ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler. La inacción social y la desidia de la Junta de Andalucía en estos últimos cuatro años en materia de vivienda ha agravado los estragos en el derecho humano a la vivienda del pueblo andaluz. Cada vez son más personas las que no tienen satisfecho su derecho a la vivienda. Los desahucios se mantienen en unos niveles intolerables, como los fenómenos de sobreocupación por varias generaciones de una vivienda, la infravivienda, la dificultad cuando no imposibilidad de emancipación juvenil o las personas sin hogar. A esto se suma el deterioro físico y energético de las edificaciones, muchas de ellas inaccesibles para los sectores más vulnerables ante la falta de política de rehabilitación.

A esta situación se suma que el precio medio de los alquileres ha ido subiendo de tal forma, que en los últimos tres años se ha recuperado el precio previo a la crisis en todas las provincias andaluzas. A este nuevo ciclo especulativo, iniciado por la turistificación en los barrios históricos de las ciudades andaluzas, se añade que los mayores propietarios de viviendas en arrendamiento en España son fondos internacionales de inversión, muchas veces denominados fondos buitre por su interés en maximizar los beneficios a toda costa. El resultado de la subida abusiva del precio, que en el caso de alguna ciudad andaluza ronda el 20%, es que Andalucía lidera el ranking de desalojos por impago del alquiler.

Esta segunda burbuja inmobiliaria de los precios del alquiler, originada por fenómenos tan complementarios como son la concentración en la tenencia de vivienda, su función inversora y el destino al uso turístico, es de nuevo un círculo vicioso que tantos problemas ha dado cíclicamente a la economía y las familias andaluzas.

Esta nueva burbuja inmobiliaria se combate restaurando el sentido de ciudad mediante políticas públicas que reconozcan y doten presupuestariamente los programas de rehabilitación de viviendas que no cumplen las condiciones de habitabilidad, de edificios eficientes energéticamente, de recuperación del espacio público, de tal forma que hagan de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva, y no un mero escenario de visita para turistas. Desde Adelante Andalucía defenderemos que la vivienda sea un derecho subjetivo garantizado que alcance en el 2030 su universalidad. Empezando por los sectores más desfavorecidos y empobrecidos.

Para ello, es urgente y prioritario el aumento significativo de viviendas públicas y/o asequibles. Exigiremos e impulsaremos el objetivo de que en Andalucía exista una importante inversión pública que destine el 2,5% del PIB a vivienda asequible.

Ante los abusos contractuales y de procedimiento, tanto en las ejecuciones hipotecarias, como en las condiciones fraudulentas aplicadas por las entidades financieras a los contratos de préstamo, denunciados y sancionados por los distintos órganos judiciales, tanto estatales como europeos, hemos propuesto importantes reformas en la Ley de Vivienda de Andalucía. Además, hemos abordado en profundidad la modificación o inclusión de nuevos artículos en la Ley de Tanteo y Retracto para procurar la recuperación de viviendas públicas en manos de las entidades financieras que les fueron adjudicadas tras procesos de desahucios.

Como ocurre en otros países europeos, Adelante Andalucía aspira a establecer un plan de adquisiciones de viviendas que complementen el Parque Público Residencial Andaluz, y se destinen fundamentalmente al alquiler y a aprovisionar las reservas de recursos habitacionales transitorios destinadas a los colectivos más vulnerables y a situaciones de emergencia.

Por último, pero no menos importante, nuestra convicción de que no hay estado social sin igualdad de oportunidades, como no hay estado democrático sin transparencia, por esta razón entendemos que el programa electoral, la actividad política y la implementación de las políticas públicas en materia de vivienda deben contemplar cuantas medidas sean posibles sobre transparencia y control parlamentario. Así, se permitirá la participación de la sociedad civil en plano de igualdad y se darán soluciones y alternativas a aquellas políticas públicas que no hayan dado el resultado que se esperaba.

Según recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la justicia es uno de los valores superiores y el impulso de la justicia social es uno de los objetivos fundamentales de esta norma. Por ello, la Administración autonómica está obligada a garantizar la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia gratuita. Lamentablemente, el resultado de la gestión de los sucesivos gobiernos del PSOE andaluz no es digno de elogio. Andalucía continúa siendo uno de los territorios con mayor nivel de litigiosidad de España y la respuesta de la Administración de Justicia nunca ha sido acorde a las necesidades que se derivan de esa realidad.

Esta lectura de la situación, lejos de ser catastrofista, coincide con los datos oficiales y las manifestaciones de voces públicas autorizadas. En el último informe de la gestión de la Defensoría del Pueblo Andaluz, correspondiente a 2017, se hace referencia a la situación de colapso de numerosos órganos judiciales, a la que se suma una «precaria capacidad de gestión y resolución de asuntos». La Defensoría del Pueblo Andaluz avisa de que «estas carencias no han hecho sino agudizar la parálisis del sistema judicial y dejar, aún más si cabe, en evidencia la falta de respuestas efectivas de superación de los graves problemas detectados, avisados, denunciados y carentes de correctivos apreciables hasta la fecha».

Uno de los ejemplos más evidentes de la lamentable situación de la Justicia en Andalucía se encuentra en la sobresaturación de los juzgados provocada por los litigios sobre las cláusulas suelo o para la reclamación de gastos indebidos en la formalización de préstamos hipotecarios. Los juzgados andaluces no recibieron los recursos y refuerzos necesarios para hacer frente a la legítima avalancha de demandas. Y, lamentablemente, la precaria situación de la Justicia en Andalucía no se limita al momento de apertura de los procesos, sino que alcanza también a la ejecución de las sentencias, cuestión fundamental para la efectividad de los derechos reconocidos en los tribunales.

En la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, correspondiente a 2017, se destaca que el sistema judicial se encuentra claramente congestionado. Se afirma también en ese documento que «para la normalización de ciertos Juzgados o jurisdicciones, así como para la reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible la necesaria creación de plazas judiciales, todo ello sin olvidar la mejora de los planes de refuerzo y la mejor optimización de ciertos órganos», entre otras cuestiones.

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, se ha mostrado contundente al calificar públicamente al sistema judicial de la comunidad como «insostenible y poco operativo». Sin embargo, estos datos y manifestaciones no han sido suficientes para que la Junta de Andalucía haya situado la Justicia entre sus prioridades. Ni el consejero que inició la legislatura (hasta la polémica que lo separó del cargo), ni la consejera que lo sustituyó han conseguido implementar las mejoras que son necesarias con urgencia.

La Junta de Andalucía es competente en materia de personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia. El ejercicio de esta competencia por parte de la administración autonómica ha afectado de forma negativa a los y las profesionales de la Justicia, como se ha puesto de manifiesto en las movilizaciones llevadas a cabo en 2018, en las que varios sindicatos denunciaron la parálisis de la negociación colectiva en el sector de Justicia.

De igual forma, en relación con las competencias autonómicas en materia de medios materiales, la propia consejera de Justicia e Interior en funciones ha reconocido ante el Parlamento de Andalucía que casi la mitad de las infraestructuras judiciales necesitan intervenciones para subsanar deficiencias. A esta situación se suma la necesidad de poner en práctica una planificación sensata de la construcción o adquisición de inmuebles para usarlos como edificios judiciales, que debe estar alejada de anuncios estrella y ligada a las necesidades reales del territorio.

Mención especial merece la lucha contra la corrupción que se realiza desde el ámbito judicial, casi siempre con medios insuficientes y sujeta a normas que en varias ocasiones han facilitado que el menoscabo de recursos públicos haya quedado impune. Es necesario realizar un análisis y reforma de varias normas para evitar que protejan a quienes se aprovechan de su cargo público, obteniendo beneficio particular o favoreciendo intereses partidistas.

Por último, en un contexto en el que el sistema judicial clásico no puede responder con suficiencia a las demandas que se le plantean, es necesario reforzar la apuesta por métodos alternativos para la resolución de conflictos, como la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales, con el fin de facilitar el acceso a la misma y el ejercicio de la libertad sindical en Andalucía.

La protección de las personas consumidoras encuentra su encaje legal en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, a nivel genérico, y, más detalladamente, en las leyes sectoriales de referencia a nivel estatal y andaluz. En nuestra Comunidad Autónoma la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, desarrolla las competencias específicas de Andalucía en materia de consumo. Desde 2003 ha habido un desarrollo reglamentario amparado en lo anterior que ha venido dando soporte a la actividad administrativa en consumo. El tiempo transcurrido permite analizar los déficits de esta norma, que desde Adelante Andalucía queremos actualizar para facilitar la labor del movimiento consumerista, que permitan controlar de manera eficiente el mercado, y que delimite un régimen sancionador adecuado, cuyos ingresos repercutan en políticas de consumo en toda la Comunidad.

Avanzaremos en el reconocimiento del papel de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias como agentes económicos y sociales. Debe reconocerse el desarrollo alcanzado por el movimiento consumerista organizado en Andalucía y el nuevo rol que juegan las organizaciones de personas consumidoras y usuarias andaluzas como agentes con capacidad de intervención en el mercado. Impulsaremos y garantizaremos su participación en la toma de decisiones que les afecten, en un nuevo modelo de diálogo social que se impulse en condiciones de igualdad con otros agentes sectoriales de la economía andaluza.

Para garantizar el alcance de estas políticas es necesario crear una consejería propia o que exista un centro directivo con competencias en materia de consumo, insertado en la actual Consejería de la Presidencia o aquella que, cualquiera que sea su denominación, ostente las competencias en materia de Presidencia.

Para ejercer las competencias autonómicas en materia de consumo se necesita, además del liderazgo institucional y una planificación transversal, una estructura administrativa y unos presupuestos suficientes acorde con el cometido a desarrollar. Por ello, concentraremos, fortaleceremos y dignificaremos tanto las competencias de consumo como el personal que las desarrolla, evitando que sean un juego de trileros perdido entre consejerías.

Desde Adelante Andalucía queremos liderar una verdadera política de defensa de las personas consumidoras. Es preciso que la política de consumo sea considerada política social y de servicio público, dirigida a la ciudadanía y sus derechos. Que potencie el consumo responsable y solidario como principio esencial de su acción.

Andalucía tiene unas elevadísimas tasas de pobreza y de exclusión social, situándose a la cabeza de todas las comunidades autónomas en prácticamente todos los indicadores que miden estos parámetros.

Para lograr la justicia social en Andalucía necesitamos la articulación de una política social eficaz, participativa, universal y descentralizada, cercana a las realidades sociales de nuestros territorios, con un sistema público fuerte de servicios sociales concebido como derecho fundamental de gestión directa. Este sistema ha de impulsar el desarrollo social integral de las personas y las comunidades en nuestros territorios, dotado de mecanismos reales y recursos eficaces que hagan posible la atención a toda la población andaluza. Tenemos que erradicar las causas que dan origen a los procesos de exclusión social y actuar en sus consecuencias, impulsando la solidaridad entre personas. La participación ciudadana y social debe ser un objetivo de primer orden y la garantía de la vida digna debe ser el primer objetivo de toda administración.

El sistema público de servicios sociales y la atención a las situaciones de dependencia, junto con la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones, constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. Desgraciadamente, las políticas seguidas en los últimos años de ajuste y reducción de lo público emanadas de la Unión Europea y seguidas por el gobierno de Mariano Rajoy, sumado a la nefasta gestión del PSOE en Andalucía, nos han conducido a una situación en la que las personas dependientes tienen dos problemas fundamentales: tienen prestaciones que están reconocidas pero no las reciben y la tardanza, de hasta dos años, en la valoración de las necesidades de las personas.

En Andalucía, muchas personas dependientes mueren antes de recibir la atención y la ayuda a la que tienen derecho, abocando a sus familiares, mujeres en su gran mayoría, a realizar una labor de cuidados que acaba incidiendo en su vida familiar, personal y profesional. El cuidado de las personas dependientes no puede subordinarse a la disponibilidad o capacidad económica de las familias o a la sobrecarga de trabajo de las mujeres; esta labor es competencia de la Administración Pública.

Somos conscientes, en una sociedad civilizada, de la importancia de las políticas públicas respecto a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Una sociedad en la que las personas, desde que nacemos hasta el final de nuestras vidas, necesitamos cuidados. Una sociedad en la que cada vez se vive más, aumentando en consecuencia el número de personas que necesitan ayuda y cuidados en la etapa final de su vida.

Es impensable en la actualidad que una niña o niño no obtenga plaza en una escuela inmediatamente, o que alguna persona enferma no reciba la atención médica necesaria, al mismo nivel debieran entenderse el resto de los cuidados.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos por las personas con capacidades diversas. Cubre una serie de ámbitos fundamentales como son la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y la rehabilitación, la participación en la vida política y la igualdad y no discriminación.

La Convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, que tenemos que desterrar para hablar de capacidades diversas. Se pasa así de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos que reconoce las barreras y los prejuicios de la sociedad, que constituyen en sí mismo el problema.

Ciertamente, las barreras que se encuentran cada día las personas con capacidades diversas son barreras levantadas por los demás y que entre todas tenemos que derribar, comenzando por algo tan sencillo como el efectivo cumplimiento y financiación de la Ley 4/2017, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad.

Las medidas dirigidas a la efectiva igualdad de las personas con capacidades diversas están presentes en todos los ejes del programa de Adelante Andalucía, ya que la discriminación que a día de hoy sufren tiene que ser combatida desde todos los frentes. En este apartado incluimos esas propuestas y otras que entendemos que son imprescindibles para garantizar los derechos de las personas con capacidades diversas.

El deporte constituye un motor imprescindible del cambio democrático para lograr una sociedad más justa, saludable y feliz. Esta actividad marca la vida de los andaluces y andaluzas a través de los grandes eventos deportivos, la formación en educación física de hijos e hijas o el hábito saludable del ejercicio deportivo.

En 1978 la Conferencia General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura dice en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que, en consecuencia, se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte. Y, más recientemente, en el Libro Blanco sobre el Deporte (2007) la Comisión Europea señalaba que el deporte contribuye en gran medida a la cohesión económica y social y a lograr sociedades más integradas. Por lo demás, UNICEF señala en la Guía Deporte para un Mundo Mejor que el deporte es un universal cultural, de cuya práctica pueden derivar actitudes y valores como la cooperación, la autonomía, el diálogo, el respeto, la responsabilidad o la creatividad. Al mismo tiempo, permite abordar temas como la salud, la equidad de género, la no discriminación o el respeto al medio ambiente, colaborando en la construcción de un mundo mejor.

Pese a ello, y frente a la retórica política e institucional que ha envuelto en las décadas precedentes muchas de las políticas deportivas, en las últimas décadas el sistema deportivo andaluz se ha resentido como servicio público y ha depositado el peso de las grandes decisiones en los agentes económicos, que incluye la externalización privada de los servicios municipales deportivos con la que el acceso a la práctica deportiva deja de ser un derecho universal, a la vez que ha centrado la inversión pública en el deporte de espectáculo y el deporte de competición.

Quizá esto explique el que la práctica del deporte se haya estancado en Andalucía y, es más, incluso que no se haya llegado a normalizar como práctica cotidiana de la mayor parte de la ciudadanía andaluza. Sigue sin producirse un proceso de incorporación de su ciudadanía a la práctica del deporte, encontrándonos muy por debajo de la media europea y muy por debajo de la media estatal; aún persiste la brecha deportiva, es decir, siguen siendo numerosas las personas que no realizan esta actividad por razones de edad, género, cultural y económica, destacando el bajo porcentaje de mujeres que aún siguen sin practicar deporte; padecemos la friolera cifra de que 4 de cada 10 personas en edad infantil o adolescente sufren obesidad y sobrepeso, siendo campeones de Europa por esta situación. Y, por último, la gestión de los eventos y las agendas deportivas, así como de los servicios deportivos municipales, se encuentran en manos del sector privado y no de la Administración Pública, debido a la progresiva externalización de los servicios deportivos experimentada en los últimos años, poniéndose en peligro el acceso universal a la práctica deportiva.

Todo ello motiva en Andalucía una reorientación de sus políticas deportivas, pensando en garantizar la consolidación del hábito deportivo en la ciudadanía, la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios y las instalaciones deportivas y, por último, el disfrute de unas condiciones suficientes de salud y bienestar, todos ellos pilares fundamentales de un cambio democrático real a través del deporte.

El derecho a la información y a la libertad de prensa son los ejes fundamentales de toda comunicación verdaderamente democrática. Una información que debe ser crítica, independiente y plural y con la suficiente protección para los profesionales que la elaboran. Es vital para la salud democrática de una sociedad, que la totalidad de la ciudadanía pueda recibir información de calidad como base primordial a la hora de tomar decisiones en la vida política.

Además, todos los medios de comunicación, independientemente de su titularidad, deben de estar obligados a permitir el acceso de la ciudadanía a los contenidos que emitan de una manera real y efectiva. Los medios de comunicación solo responderán a las verdaderas necesidades de la ciudadanía andaluza si son espacios abiertos en los que está (asociaciones, grupos, sindicatos, etc.), tiene la posibilidad de elaborar sus propios contenidos.

Recuperar la comunicación como vía de participación democrática es esencial para que las demás transformaciones sociales tengan respaldo y continuidad.

Los medios públicos son un pilar del desarrollo social y democrático. Apostamos por el servicio público esencial y el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos como garantía de vertebración y cohesión territorial y social de Andalucía:

  • La ciudadanía tiene derecho a unos medios de comunicación que sean garantes de las libertades democráticas y al acceso igualitario a los mismos. En este sentido, es necesaria una información plural para el ejercicio de una ciudadanía libre.
  • Los medios de comunicación deben prestar un servicio público esencial, teniendo en cuenta la pluralidad social, atendiendo a las minorías y ofreciendo programaciones de calidad.
  • El sistema radiotelevisivo debe ser un servicio universal, fomentando el acceso a las infraestructuras de telecomunicación en todos sus soportes.
  • Los medios públicos han de ser íntegramente de titularidad pública, tener una financiación estable y suficiente y de gestión directa frente a la tentación neoliberal privatizadora.

Las políticas de Infancia en nuestra comunidad autónoma se sustentan en la Constitución de 1978; en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007.Su regulación está prevista en la Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor.

Tras 10 años de crisis económica, las medidas adoptadas por el PSOE no han servido, ni de lejos, para erradicar la pobreza infantil o el riesgo de pobreza. Todo lo contrario, el índice de pobreza infantil ha escalado hasta el 33%. Resulta urgente revertir esta situación.

El tratamiento que se da a las personas menores que padecen algún trastorno o discapacidad o que están en riesgo de padecerlos es fundamental para su desarrollo futuro. Por eso, resulta necesario reforzar todos los mecanismos de que dispone la administración para atenderlos. En concreto:

Antes de ser extranjeros o extranjeras, son menores y por ello deben contar con toda la protección que el ordenamiento jurídico otorga a las personas menores en Andalucía. Sobre la condición de inmigrantes de los y las menores extranjeros no acompañados, la orientación política general en esta materia será presidida por el “interés superior del menor” determinado por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, y en el ámbito andaluz la Ley 1/1998, de los derechos y atención al menor.

Entendemos que urge eliminar la rigidez e inmovilidad en la aplicación de políticas así como prestar la mejor atención y protección a la infancia migrante.

La última EPA señalaba que un 47% de los y las jóvenes andaluzas menores de 25 años se encuentra en paro, cifra que aumenta hasta el 61% en los y las menores de 20 años. El último Observatorio de Emancipación de Andalucía señalaba que solo el 17,4% de los y las jóvenes andaluzas puede emanciparse. Con este contexto, más de 120.000 jóvenes andaluces y andaluzas han salido de nuestra tierra hacia otros países desde que comenzó la crisis.

La juventud andaluza sigue en crisis, y estos datos nos demuestran la nula eficacia de las políticas juveniles de los gobiernos de la Junta de Andalucía, que continuamente han dejado sin desarrollar al máximo las competencias del artículo 74 de nuestro Estatuto de Autonomía. Una políticas que han sido prácticamente inexistentes y cuyos programas específicos para jóvenes han tenido una aplicación caótica, con una gestión deficiente, sin planificación ni rendición de cuentas alguna. A pesar del enorme esfuerzo de los y las profesionales, las políticas de juventud han sido una herramienta para hacer uso partidista, caciquil y corto de miras. Ejemplo de ello ha sido la aplicación del Sistema de Garantía Juvenil, que requiere una profunda revisión para siquiera vislumbrar la posibilidad de alcanzar los objetivos que a nivel europeo dieron luz a dicho programa.

Un gobierno que verdaderamente defienda a las y los andaluces y que se proponga cuidar de su gente debe ser muralla de contención ante los ataques de un sistema depredador, y por tanto tendrá en las políticas de juventud un eje prioritario de actuación. Hace falta combinar una perspectiva transversal de las políticas de juventud tratando de introducir unas “gafas jóvenes” en todas las políticas de la administración, con actuaciones específicas que permitan un grado de concreción mucho mayor. Políticas que deberán abordar los problemas de la juventud, actuando de manera urgente ante las necesidades más básicas, a la vez que permiten ir generando una cultura de participación, democracia y transformación real, siendo un catalizador y no un freno de las experiencias sociales, económicas, políticas, culturales, deportivas o artísticas que ya está experimentando la juventud andaluza.La juventud de Andalucía ya está demostrando que es posible una Andalucía nueva, lejos de clichés y con un futuro enorme por delante, innovando y construyendo en primera persona del plural.

En este bloque abordaremos algunos de los ejes centrales de las políticas de juventud que llevará a cabo el nuevo Gobierno andaluz: políticas de juventud, servicios públicos, empleo, ocio, cultura, tiempo libre, feminismos, sexualidades, diversidad, participación, democracia, voluntariado, vivienda, educación, investigación y migraciones.

Para el desarrollo de las políticas de juventud es importante la puesta en marcha de una Ley de Juventud que surja de un proceso real de participación. La Ley tramitada en esta legislatura dista mucho de poder solucionar alguno de los problemas de la juventud andaluza tanto a nivel sistémico como en un plano más concreto. Desde Adelante Andalucía proponemos una Ley de Juventud que incluya alguna de los principios y propuestas que se establecen en este apartado.

Hasta ahora las políticas de la Junta de Andalucía para atajar el gravísimo problema del desempleo y la precariedad juvenil no han cumplido sus objetivos y son muchas las voces que han mostrado cómo la aplicación andaluza del Sistema de Garantía Juvenil ha dejado mucho que desear. A continuación, se exponen algunas propuestas concretas sobre empleo juvenil:

Resulta necesario poner en valor las políticas juveniles en materias de ocio, cultura y tiempo libre, pero huyendo de la burocratización y anquilosamiento que ha caracterizado a la Junta de Andalucía en los últimos años. Debe basarse en los principios de participación, autogestión y apertura, facilitando el acceso a todas las personas jóvenes, poniendo en valor expresiones artísticas, culturales o de ocio que huyan de estereotipos sexistas o clasistas y que no encuentran cabida en circuitos comerciales.

A la vez que el movimiento feminista vive un crecimiento exponencial y una cierta hegemonía entre la juventud, existe una reacción conservadora que se apoya en los valores vigentes del sistema patriarcal entre la juventud. El papel de un gobierno del cambio debe ser apoyar al movimiento feminista y poner en marcha medidas que a la vez que suponen una mejora inmediata de las condiciones de vida de las mujeres y las personas LGTBI, ponen en cuestión el sistema patriarcal y nos acercan poco a poco a una sociedad igualitaria.

La participación debe ser una de las señas de identidad de un gobierno que quiere hacer políticas juveniles de transformación real, no solo hablando de democracia sino poniéndola en práctica. Para ello es imprescindible garantizar procesos democráticos e independientes, con órganos de contrapoder y promoviendo el empoderamiento de las y los jóvenes para transformar en primera persona del plural.

La vivienda es uno de los elementos que el que más dificultades nos encontramos las y los jóvenes para el desarrollo de una vida digna y la emancipación. Es imprescindible una política de vivienda dirigida a la población joven, tanto para estudiantes como trabajadores y trabajadoras, favoreciendo el régimen de alquiler asequible, seguro y con garantías, alejada de criterios mercantiles y que prevenga de la especulación. Para ello es preciso primar la figura del parque público de viviendas por encima de unas políticas de ayuda al alquiler que no se ha demostrado eficaz en los últimos años.

En otros bloques del programa se abordará a fondo una transformación tanto de la Escuela Andaluza como de nuestro sistema de investigación. En este bloque trataremos de aportar algunas medidas concretas, complementarias a las anteriores, y centradas en la población joven que, por sus características, tiene un especial interés en estas materias.

Andalucía es una tierra que se ha caracterizado durante toda su historia por su apertura, empatía y solidaridad. Somos además una tierra de acogida pero hemos visto, y seguimos viendo, cómo miles de andaluces y andaluzas tiene que hacer las maletas. La emigración y la inmigración son dos fenómenos inherentes a la identidad de Andalucía. En los últimos tiempos se hace más que urgente la puesta en marcha de políticas destinadas a poner las condiciones para que los cientos de miles de andaluces que han emigrado puedan retornar, a la vez que ponemos en marcha los mecanismos para el cumplimiento estricto de los derechos humanos y el desarrollo de una acogida digna a las personas migrantes que llegan a nuestra tierra.

A 1 de junio de 2018, en Andalucía el total de pensiones ascendía a 1.544.872. La pensión media en Andalucía -de todas las diferentes clases de pensiones- era de 839,50 euros. Un 11% menos que la media española.

Si hablamos solo de las pensiones de jubilación, en Andalucía se abonan un total de 868.061 pensiones, siendo la pensión media de 976,21 euros. Nuevamente, un 10% menos que la media española.

En Andalucía, según los últimos datos publicados, la diferencia entre la media de las pensiones de mujeres (658,07 euros) y hombres (993,26 euros) es de un 34% menos. El total de pensionistas en Andalucía se situaba en 1.379.298 (712.002 hombres y 667.194 mujeres).

Las pensiones no contributivas sitúan a sus 101.000 personas perceptoras, con ingresos menores de 370 euros al mes, en situación de riesgo de exclusión social, siendo mujeres el 67% de las beneficiarias.

Las políticas sobre mayores y personas dependientes impulsadas desde la Junta de Andalucía requieren de una sensibilidad especial y un trato prioritario en cuanto a servicios y calidad de la prestación de estos. De igual manera, afrontar como una oportunidad de creación de empleo digno asociado al sector de los cuidados deberá basarse en políticas de expansión y mejora de los servicios asociados. Fomentar las ayudas, las exenciones de la Tarjeta Junta 65, hacer más abiertos los Centros de Participación Activa en su gestión y, como una finalidad prioritaria, hacer a nuestra administración más sensible, eficiente y justa para con nuestros mayores.

Constatamos la necesidad de racionalizar el gasto de la Junta de Andalucía, unos recursos públicos que son de todos y todas. La competitividad de las grandes empresas de servicios sociales tiene su base en el abaratamiento de los contratos de las trabajadoras. La privatización de los servicios públicos no lleva aparejada empleos y salarios dignos, sino todo lo contrario. Igualmente, tampoco brinda mejores servicios a la ciudadanía. Debemos revertir la deriva externalizadora de las residencias públicas, dotarlas de los servicios adecuados, y evaluar la demanda real de este servicio social, ajustando la ratio por habitante, para la implantación de las plazas necesarias en las comarcas andaluzas que lo precisen.

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