Unas instituciones limpias, sin privilegios y al servicio de la gente

Cuarenta años ininterrumpidos de gobiernos socialistas han acabado provocando una confusión entre el partido en el Gobierno y el Gobierno mismo, creando muchos vicios que repercuten de manera negativa en el funcionamiento de nuestras instituciones y atentan contra las reglas más elementales de un sistema democrático. Por ello, es fundamental reforzar las instituciones andaluzas, abriéndolas a la ciudadanía y haciéndolas más transparentes. Y ello solo será posible actuando a la vez sobre la Administración de la Junta de Andalucía, implementando mecanismos que garanticen el control efectivo sobre el dinero público, fomentando una gestión eficiente del mismo y reforzando el papel del Parlamento como órgano de control.

Para ello proponemos medidas muy concretas en cuatro ejes diferentes pero complementarios, destinadas todas a hacer más democráticas nuestras instituciones: transparencia y control de las cuentas públicas, participación, ética y lucha contra la corrupción y profundización democrática. Muchas de las medidas que se contienen en este bloque ya han sido elaboradas y presentadas formalmente en el Parlamento de Andalucía, pero no salieron adelante por el acuerdo en contra del Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, que siempre han coincidido para impedir la aprobación de medidas de regeneración de nuestra democracia.

Esta iniciativa, presentada por primera vez en la historia de nuestra democracia en el Parlamento de Andalucía en la anterior legislatura, y rechazada por los partidos del gobierno y los partidos de la derecha, fue recogida en otros parlamentos autonómicos, donde los mismos partidos que aquí la rechazaron en esas autonomías mostraron incluso entusiasmo. Así, hoy día la ciudadanía de Extremadura, Valencia y La Rioja accede a sus cuentas públicas, con toda la información sobre los gastos e ingresos. Especialmente destacables son los casos de Valencia y La Rioja, donde la ciudadanía tiene acceso a los conceptos y extractos de las cuentas corrientes bancarias de las instituciones públicas.

Si bien la Ley 7/2017, de Participación Ciudadana de Andalucía supone un avance en el ámbito autonómico, la propuesta final no contempló muchas de las propuestas ciudadanas que fueron recogidas durante el proceso participativo que le precedió, y que iban encaminadas a garantizar la efectividad y transversalidad de la Ley. Es por ello que, aun siendo un instrumento de partida, es necesario incorporar mejoras y, sobre todo, garantizar su desarrollo efectivo, haciéndola accesible al conjunto de andaluzas y andaluces.

Existen importantes limitaciones competenciales para poder crear un verdadero marco jurídico y político de participación ciudadana, ya que la legislación estatal, que data mayoritariamente de los años 80, es muy restrictiva en lo que a participación se refiere. La inexistencia de una Ley Orgánica que desarrolle el derecho fundamental de participación, recogido en el artículo 23 de la Constitución, hace que sean las Sentencias del Tribunal Constitucional las que fijen los límites jurídicos de la participación en las Comunidades Autónomas.

Por ello, nos comprometemos desde Adelante Andalucía a generar un movimiento que proponga y haga fuerza para la consecución de una Ley Orgánica de Participación, a nivel estatal, que amplíe los marcos y los límites que, en la actualidad, cercenan las capacidades autonómicas para crear comunidades autónomas realmente democráticas y participativas.

Consideramos que la democracia participativa, como nuevo modelo de gestión de lo público, ha de construirse desde los principios de:

  • Universalidad: la participación es un derecho político que ha de reconocerse al conjunto de la ciudadanía (una persona, un voto).
  • Vinculación: los resultados emanados de los procesos participativos han de vincular las acciones de los gobiernos. Sin una toma de decisiones no habrá una participación efectiva.
  • Transparencia, información accesible, control social y rendición de cuentas.
  • Deliberación: los procesos han de basarse en el diálogo, de modo que contribuyan a la construcción colectiva.
  • Perspectiva feminista: construir modelos y formas de participación que sean sostenibles, fomenten los cuidados, el apoyo mutuo, y pongan la vida en el centro, derribando los obstáculos para una participación igualitaria.
  • Inclusión: procesos que favorezcan la inclusión de los sectores sociales excluidos, con mayores dificultades para la participación efectiva, desde una lógica de redistribución del poder y del saber.

Los principios y objetivos que deben inspirar la ordenación del sector público son la calidad, igualdad y universalidad en la prestación de los servicios públicos a los que el sector se debe. Para alcanzarlos se necesitan leyes adecuadas, un presupuesto suficiente y una administración fuerte como instrumento fundamental.

Una administración organizada básicamente en:

  • Profundizar en el autogobierno, gestionando el reparto competencial desde una perspectiva andaluza, con vocación de asumir las competencias de proximidad que no tiene sentido que todavía ejerce el Estado.
  • Cambiar el modelo de implementación centralista geográfico por otro basado en la ubicación efectiva de toda las instituciones autonómicas en todo el territorio andaluz.
  • Pasar del paradigma de organización burocrática vertical de la Junta de Andalucía a otro horizontal, con más independencia funcional, más recursos a la cooperación interadministrativa y reducción de los órganos centrales de la administración andaluza.
  • Fomentar la neutralidad de la Administración y su función de administradora y controladora de la buena aplicación del ordenamiento jurídico por encima de tendencias partidistas.

Subcategorías
Transparencia
Higiene democrática
Participación
Más democracia
Una Administración al servicio de la mayoría
Directos