El agua como un derecho humano

El agua es un derecho humano universal inviolable e inalienable y, como tal, debe ser gestionada de forma pública, sostenible y participativa. Proponemos una gestión pública del agua basada en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y desde el paradigma de la Nueva Cultura del Agua.

El agua no es un bien comercial, sino un bien de titularidad pública, esencial para la vida, y un derecho humano reconocido por la ONU. En Andalucía el agua es un recurso estratégico del que depende no solamente el abastecimiento humano, sino que también es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, e incide especialmente en el desarrollo de sectores tan importantes como la agricultura o el turismo, entre otros. Estamos por tanto ante un recurso cada vez más escaso debido a la influencia del cambio climático, pero también por una inadecuada planificación, mala gestión, falta de actuaciones para su conservación y una distribución inadecuada de sus usos.

La Nueva Cultura del Agua es un modelo alternativo que deja atrás la visión obsoleta del agua como un input productivo o económico, para entenderla como un bien ecosocial. Una gestión pública del agua basada en la protección de los ecosistemas acuáticos, la racionalidad económica asociada al principio de recuperación de costes y la gestión participativa.

Propuestas

Propuesta 384 Sustituir los sistemas de gestión del agua basados en el aumento de la oferta por otros basados en el control de la demanda, considerando que existen límites en el consumo de agua basados en los recursos naturales de las cuencas hidrográficas y en el respeto a los caudales ecológicos.

Propuesta 385 Una política basada en la defensa del agua como derecho humano y no como bien comercial. El recurso agua y la gestión del mismo debe quedar al margen de cualquier tratado o normativa de libre comercio (TTIP, CETA, etc) y salvaguardar este recurso de posibles normas liberalizadoras que afectan a los mercados interiores. Una vez que la administración autonómica ha reconocido el principio del derecho humano al agua, mediante su incorporación a la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, fomentará la gestión pública y social del agua en detrimento de las fórmulas de gestión privada.

Propuesta 386 El deficiente modelo del agua que se ha desarrollado ha provocado la degradación de los sistemas y ecosistemas hídricos, además de problemas de salud pública y afecciones negativas para el medioambiente. Como consecuencia del aumento de la pobreza y del avance en las privatizaciones en los servicios de agua, ha aparecido un nuevo fenómeno de exclusión social denominado pobreza hídrica. Defendemos el acceso a aguas potables y a saneamientos de calidad como condición de desarrollo humano. Para ello, diseñaremos e implementaremos un Plan Integral de Erradicación de la Pobreza Hídrica. Desarrollaremos mediante reglamento la implantación del Suministro Mínimo Vital previsto en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, garantizando su aplicación a toda persona que por estar en situación de riesgo de exclusión social, no pueda hacer frente al abono del recibo del agua. Estableceremos mínimos vitales universales, y políticas tarifarias por tramos de consumo que apliquen el principio de “quien contamina (consume), paga”, teniendo en cuenta, además, la renta familiar.

Propuesta 387 Prohibir los cortes de suministro por razones económicas y asegurar la prestación de suministros mínimos vitales de agua en toda la comunidad autónoma. En base a la consideración del agua como derecho humano, la Ley de Aguas deberá primar la gestión pública del servicio, limitar el plazo máximo de las concesiones de los servicios de aguas y prohibir los cánones concesionales para asegurar que los ingresos provenientes de los servicios de aguas se reinvierten íntegramente en el sistema, evitando, además, casos de corrupción política.

Propuesta 388 Implementar políticas de comunicación y pedagogía social generalizadas, con calendarios, objetivos y evaluación de resultados. Coordinaremos acciones conjuntas en colaboración con los operadores públicos de aguas de nuestra comunidad autónoma y/o las asociaciones que los agrupen, y llevaremos a cabo campañas generales con fines medioambientales para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión del recurso agua.

Propuesta 389 Defender la gestión exclusiva de las competencias del Guadalquivir por parte de Andalucía, aunque entendemos que el debate sobre la titularidad de la administración del agua no debe desviar la atención de los problemas reales de la gestión del agua: la contaminación, la sobreexplotación, la falta de garantía, la privatización, la concentración de un alto porcentaje de los recursos en pocas manos y los perjuicios a usuarios que se ven perjudicados por la falta de control y buen gobierno.

Propuesta 399 Impulsar la transparencia y la participación ciudadana en la planificación y gestión del agua. Para ello, se debe aumentar la operatividad de los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas, y revisar el artículo 36 de la Ley de Aguas. Debe reformarse el marco regulador de estos órganos de participación, con el fin de aumentar su agilidad, extender su actividad más allá de los periodos de elaboración o revisión de los planes hidrológicos y potenciar los recursos técnicos y económicos necesarios para permitir y facilitar la participación ciudadana.

Propuesta 391 Se propone reestructurar los consejos del agua, aumentando la representación de las organizaciones ecologistas y sociales, e incorporando otros sectores como los usuarios recreativos (y otros usos no consuntivos y no privativos), universidades y centros de investigación. Igualmente se propone incorporar los representantes de los intereses socioambientales a las comisiones de desembalse y en todos los órganos de gobierno, gestión y planificación de las Confederaciones Hidrográficas.

Propuesta 392 Impulsar la coordinación entre las distintas políticas sectoriales estratégicas en Andalucía, integrando la política de aguas, de ordenación del territorio, agraria, de conservación de la biodiversidad y de desarrollo rural. Al objeto de favorecer, entre otras cuestiones, la coherencia entre los planes hidrológicos, la gestión de los espacios protegidos y espacios fluviales. La integración de estas políticas con la gestión del agua es también una herramienta para la prevención de riesgos de inundaciones, y para que se respeten las dinámicas naturales de los ríos, además de contribuir a reducir la contaminación puntual y difusa.

Propuesta 393 Revisar los proyectos de construcción de las infraestructuras hidráulicas y potenciar sistemas alternativos de abastecimiento para los momentos de escasez siguiendo el paradigma de la Nueva Cultura del Agua y las directrices de la Directiva Marco del Agua.

Propuesta 394 Impulsar la reutilización de aguas residuales como sistemas de satisfacción de la demanda agraria e industrial, y la optimización de los procesos de desalinización mediante el uso de fuentes de energía renovables para satisfacer la demanda urbana, agraria e industrial.

Propuesta 395 Garantizar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos. Para ello diseñaremos e impulsaremos un programa de recuperación y conservación del buen estado ecológico de ríos, lagos, lagunas, humedales, costeras de transición y subterráneas asumiendo el enfoque ecosistémico de gestión integrada del agua.

Propuesta 396 Revisar los Planes Especiales de Sequía con las recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia, tanto con los requisitos de protección de ecosistemas acuáticos que establece la Directiva Marco del Agua, como con los escenarios de cambio climático previstos en Andalucía.

Propuesta 397 Buscar acuerdos aplicando los principios de la gobernanza en materia de aguas para el cierre de pozos ilegales, ocupaciones de cauces, vertidos ilegales y otras violaciones del dominio público hidráulico.

Propuesta 398 Declarar la sobreexplotación de acuíferos en mal estado cualitativo en las demarcaciones hidrográficas competencia de la Junta de Andalucía, como, por ejemplo, el acuífero Aguas en Almería o los acuíferos Sierra Mijas y Sierra Blanca. Diseñar y ejecutar las medidas del Plan de Ordenación de Extracciones en cumplimiento de la Ley de Aguas.

Propuesta 399 Ejecutar y dotar de la correcta financiación a la Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos.

Propuesta 409 Reformar la estructura de las confederaciones hidrográficas por ser encontrarse obsoletas para aplicar correctamente los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

Propuesta 401 Modificar la Instrucción de Planificación Hidrológica y el Reglamento, especialmente en cuanto a la recuperación de costes, el régimen de caudales ecológicos y el uso de indicadores hidromorfológicos para la evaluación del estado de las masas de agua.

Propuesta 402 Revisar los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, atendiendo a los calendarios establecidos en el proceso de planificación de la Directiva Marco del Agua y a los diferentes planes hidrológicos.

Propuesta 403 Revisar los Planes de gestión del riesgo de inundación para ajustarlos a las directrices de la Directiva Marco del Agua y la ética de la Nueva Cultura del Agua.

Propuesta 404 Anular definitivamente el proyecto de dragado de profundización del estuario del Guadalquivir. Este proyecto conllevaría graves consecuencias económicas y sociales sobre el resto de usos del agua, además de afecciones negativas sobre el Parque Nacional de Doñana y otros espacios naturales, y todo sin ninguna justificación económica. Además del deterioro actual del estuario, entre las consecuencias que tendría el dragado de profundización destacan el incremento de la erosión de márgenes y el consecuente aumento de turbidez del estuario, así como el aumento de la salinidad del agua con importantes afecciones sobre el sector pesquero y marisquero, la acuicultura, el desarrollo rural, el turismo y el sector arrocero.

Propuesta 405 Ampliar la figura de reservas naturales fluviales en los ríos Genal, Hozgarganta y Río Grande, que conservan elevados valores de biodiversidad, naturalidad en su dinámica (hidrogeomorfología) y valores paisajísticos y patrimoniales, constituyendo auténticas joyas fluviales. Pese a ello, estos tres ríos se enfrentan a las amenazas de presas y trasvases que acabarían destruyendo de forma irreversible un patrimonio único.

Propuesta 406 Impulsar, en el marco competencial, la anulación definitiva del trasvase del río Castril a través de la derogación de la Disposición decimoquinta de la Ley 22/2012, de Residuos y Suelos Contaminados. Igualmente, en reconocimiento a sus valores ecológicos se propone su declaración como reserva natural fluvial.

Propuesta 407 Recuperar las fuentes naturales y manantiales de Andalucía, como la fuente de Canca en Álora. Poner en valor el patrimonio cultural y ambiental ligado a las fuentes y manantiales de Andalucía.

Propuesta 408 Recuperar los sistemas históricos de regadíos como las acequias milenarias de Andalucía Oriental en Sierra Nevada, Alpujarras y Vega de Granada para mantener la necesaria multifuncionalidad de la agricultura. Reconociendo los valores agronómicos, culturales, paisajísticos y ambientales que cumplen funciones y servicios ecosistémicos esenciales.

Propuesta 409 Promover la optimización del uso y distribución de los recursos hídricos en el sector agrario. La disponibilidad de agua para riego en territorios que comparten con Andalucía la alternancia de periodos de lluvia con periodos de sequía es necesaria para garantizar la estabilidad de las producciones, la competitividad y rentabilidad de las explotaciones. Por esto, es preciso asegurar una dotación suficiente por su regularidad y adecuada por su calidad. Además, se deben considerar estos objetivos en un marco de sostenibilidad del agua de riego. Para ello hay que garantizar:

  1. Una gestión pública de los recursos hídricos que contemple las medidas necesarias para asegurar, en épocas de sequía, un reparto adecuado que atienda a criterios sociales y de interés general. En concreto, los Bancos Públicos de Agua deben asegurar una correcta reasignación de recursos, evitándose en cualquier caso las transacciones de derechos de uso del agua entre privados.
  2. Unas políticas hidráulicas orientadas a la redistribución del recurso y a la exclusión de la especulación. Estas políticas estructurales deben mejorar la eficiencia de las redes de distribución y avanzar en la política de modernización de regadíos de forma permanente, evitando que estos objetivos tengan carácter coyuntural. Además, el aprovechamiento de recursos alternativos y la potenciación de la reutilización de aguas y/o desaladoras deben ser temas prioritarios.
  3. Un marco normativo para promover la democratización de las comunidades de regantes, garantizando que en las tomas de decisiones participan todos los implicados y que priman los criterios económicos y sociales. Del mismo modo, se deberán poner en marcha iniciativas dirigidas a asegurar la regularización de los aprovechamientos de masas de aguas subterráneas.

Propuesta 419 Promover la gestión directa del ciclo integral del agua a través de las fórmulas de gestión que permite la Ley de Bases del Régimen Local, ya sea gestión por la propia entidad local o mediante una empresa pública. Promover, a su vez, la constitución de consorcios y/o mancomunidades para mejorar la economía de escala en la gestión directa del ciclo integral del agua.

Propuesta 411 Fomentar un nuevo modelo de operador público de aguas que además de gestionar el servicio de manera eficiente, se comprometa en aplicar fórmulas de participación pública, incorporando a agentes sociales en los consejos de administración y favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas. La nueva empresa pública debe incorporar también un concepto de responsabilidad social corporativa avanzado, asegurando el derecho humano al agua, promoviendo los derechos laborales de sus trabajadores, participando activamente en proyectos innovadores relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación, y en iniciativas de cooperación internacional de carácter solidario.

Propuesta 412 Auditar las infraestructuras de depuración de aguas residuales ejecutadas por la administración autonómica para detectar aquellas que no funcionan correctamente o que no funcionan por falta de mantenimiento, déficit de presupuesto o de personal, con el fin de poner en marcha en colaboración con las entes locales un programa de acciones correctivas y preventivas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales y a la Directiva Marco del Agua.

Propuesta 413 Poner en marcha el Observatorio de Aguas de Andalucía, ya previsto en la Ley Andaluza de Aguas, como organismo independiente y participado que vele por una visión del agua como derecho humano, asegurando además la eficiencia y la sostenibilidad en la prestación del servicio. El futuro observatorio deberá tener al menos las siguientes funciones:

  1. Homogeneizar y dar claridad y transparencia al sistema tarifario en el conjunto de Andalucía, evitando la complejidad actual de las facturas del agua para el usuario.
  2. Establecer y aplicar un conjunto de indicadores técnicos y sociales que permitan evaluar la calidad de los diferentes servicios de aguas mediante una metodología desarrollada de manera participada, para que los ciudadanos puedan conocer de manera transparente el funcionamiento de su servicio de aguas en relación con los que operan en el resto de municipios andaluces.
  3. Supervisar posibles procesos de privatización de la gestión del agua, para asegurar que cualquier cambio de gestión redunde en el interés general, mejore la eficiencia y se cumplan los criterios de legalidad y de libre concurrencia, evitando así el avance de privatizaciones que tienen como único objetivo la obtención de contraprestaciones a los privatizadores a cambio de la concesión del servicio.
  4. Asesorar a administraciones municipales y supramunicipales que tengan la voluntad de remunicipalizar el servicio de aguas.
  5. Favorecer la participación de técnicos independientes, ayuntamientos, operadores públicos y agentes sociales en las propuestas de reforma y desarrollo de la normativa en materia de aguas.

Propuesta 414 Reformar el Reglamento Domiciliario de Aguas de Andalucía, que data del año 1991, para que deje de ser solamente un texto regulador de derechos y deberes de operadores y usuarios, y pase a convertirse en un verdadero reglamento de desarrollo de lo dispuesto en la Ley de Aguas de Andalucía. El nuevo reglamento deberá estar inspirado en el principio de la prevalencia de la gestión pública y en los principios de fundamentales del agua como derecho humano, que son: acceso universal, no discriminación e igualdad sustantiva; disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad; participación, acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad. Además se deberá articular la aplicación práctica del suministro mínimo vital de 100 l/hab/día, cuya financiación debe corresponder a las entidades suministradoras. Además, el nuevo reglamento abordará todo el ciclo integral del agua sin diferenciar la gestión en alta y en baja, como ocurre actualmente, dando seguridad jurídica a todos los aspectos relacionados con la gestión del agua desde su captación hasta su vertido. Este nuevo reglamento deberá respetar escrupulosamente las competencias y la autonomía municipal en materia de aguas.

Propuesta 415 Contabilizar correctamente los costes de los servicios del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso. Fomentar el principio de recuperación de costes de la gestión del servicio de aguas, así como los costes ambientales y del recurso. No obstante, para asegurar el buen estado de las infraestructuras hidráulicas y dado el estado actual de obsolescencia de muchas infraestructuras de captación, distribución y depuración, y la necesidad de un plan global de renovación de infraestructuras, la administración autonómica apoyará a los ayuntamientos y a otros entes gestores del ciclo integral del agua. Esto se realizará mediante fórmulas de cofinanciación con fondos públicos de cualquier naturaleza, para asegurar la asequibilidad del agua al usuario, la garantía de suministro y el buen estado de nuestras masas de aguas en el medio y largo plazo.

Propuesta 416 Promover la recuperación de los servicios de gestión del agua privatizados para adoptar un modelo de gestión pública y participativa. Apoyar a los operadores 100% públicos del ciclo integral del agua de Andalucía, ya sean entes administrativos o mercantiles, municipales o supramunicipales, así como a las asociaciones que los agrupen.

Propuesta 417 Impulsar un ambicioso programa de inversiones públicas con el fin de dotar a todas las poblaciones del territorio andaluz de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales y a la Directiva Marco del Agua. Evitando que la Unión Europea vuelva a imponernos sanciones derivadas de la dejación de funciones de los gobiernos anteriores. Financiando dicho programa con el canon autonómico, y con fondos propios de la administración andaluza o de otras administraciones, aplicando criterios de tecnologías sostenibles, la adaptación a las condiciones locales, el impulso de la economía local y la generación de empleo.

Propuesta 418 Auditar la gestión del canon autonómico del agua.

Propuesta 419 Garantizar la gestión pública del ciclo urbano del agua.

Propuesta 429 Diseñar e implementar un programa de fomento e inversión para la mejora de la sostenibilidad del ciclo urbano del agua mediante la implementación de energías renovables y de nuevas tecnologías del agua, como la reutilización y las tecnologías de depuración no convencionales.

Propuesta 421 Promover, en el ámbito competencial, la instalación en todo el territorio andaluz de fuentes para garantizar el acceso al agua potable en los espacios públicos.

Propuesta 422 Garantizar que en los festivales y eventos de culturales y sociales que se celebren en Andalucía se pueda acceder al agua potable de forma gratuita.