Bienes Comunes: cuidar el patrimonio de las próximas generaciones

La conservación y protección del medioambiente y la lucha frente al cambio climático debe ser ejes vertebradores de las políticas públicas de Andalucía. Ejes fundamentales sobres los que debe pivotar el nuevo modelo productivo y energético en Andalucía. Es, por tanto, necesario transitar hacia un nuevo modelo social, económico y ambiental basado en un nuevo paradigma sustentado en la ética ambiental, la responsabilidad y el compromiso colectivo. Para conseguir este objetivo necesitamos que la sociedad se sienta parte de la solución y se implique para resolver los problemas ambientales.

Resulta necesario potenciar el papel de las administraciones públicas andaluzas en materia medioambiental.

El agua es un derecho humano universal inviolable e inalienable y, como tal, debe ser gestionada de forma pública, sostenible y participativa. Proponemos una gestión pública del agua basada en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y desde el paradigma de la Nueva Cultura del Agua.

El agua no es un bien comercial, sino un bien de titularidad pública, esencial para la vida, y un derecho humano reconocido por la ONU. En Andalucía el agua es un recurso estratégico del que depende no solamente el abastecimiento humano, sino que también es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, e incide especialmente en el desarrollo de sectores tan importantes como la agricultura o el turismo, entre otros. Estamos por tanto ante un recurso cada vez más escaso debido a la influencia del cambio climático, pero también por una inadecuada planificación, mala gestión, falta de actuaciones para su conservación y una distribución inadecuada de sus usos.

La Nueva Cultura del Agua es un modelo alternativo que deja atrás la visión obsoleta del agua como un input productivo o económico, para entenderla como un bien ecosocial. Una gestión pública del agua basada en la protección de los ecosistemas acuáticos, la racionalidad económica asociada al principio de recuperación de costes y la gestión participativa.

La política energética es un instrumento de gobierno clave para la transformación del modelo productivo hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica. Por ello, impulsaremos un cambio energético hacia un nuevo modelo de energías renovables, limpias y sostenibles.

La Junta de Andalucía está en el vagón de cola en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos una transición energética ágil y eficaz si queremos frenar las consecuencias más sangrantes del cambio climático, y Andalucía, por su especial fisonomía, su geografía y sus condiciones naturales y climáticas es una tierra especialmente vulnerable a las consecuencias negativas del cambio climático.

Mantenemos la necesidad de una ecoauditoría de las necesidades energéticas andaluzas que sirva de base para la redefinición de los planes y programas implantados hasta la fecha por los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía, sobre la premisa de la soberanía energética.

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