Cambio de modelo productivo

La crisis antes, y los últimos tres años de crecimiento ahora, están poniendo en evidencia toda la debilidad del modelo productivo andaluz, un modelo que sigue basándose en sectores de bajo valor añadido y bajos bajos salarios. Un modelo generador de paro, precariedad y subempleo. Esta fragilidad ha sido acentuada en los últimos años por la progresiva reducción de las inversiones estatales y autonómicas (estamos a la cola de Europa en inversiones reales e innovación), que influye sobre la posibilidad de converger con el conjunto del Estado en las principales variables económicas, productivas y sociales. Los últimos gobiernos de Susana Díaz han destacado por sus políticas inerciales y cíclicas, y por la falta de un proyecto de cara al futuro, demostrándose incapaz de dar respuestas concretas a los serios problemas de nuestra economía y sus consecuencias sociales.

Desde Adelante Andalucía promovemos una transformación profunda de nuestro modelo productivo avanzando hacia un modelo que tenga su base en la sostenibilidad ambiental y la especialización en sectores industriales, agrícolas y servicios generadores de valor añadido con alto contenido de I+D+i, poniendo en marcha una verdadera transición ecológica y energética. El Gobierno de Susana Díaz pasó de 588 millones de euros de inversión en investigación e innovación en 2013, a 451 millones. Del 2,16% del presupuesto en 2010 pasamos al 1,38% del presupuesto. El mayor recorte del siglo XXI en investigación e innovación. Por cada euro que se invertía en 2010, ahora se invierten 57 céntimos. La investigación, innovación y sociedad del conocimiento ha pasado de un 0,5% del PIB al 0,28%, casi la mitad en términos relativos. Se recortó en el primer presupuesto de Susana Díaz en investigación e innovación un 23%, mientras el recorte medio era del 3%. Fue la partida más recortada con cultura, energía e industria. Dejaron sin innovación a Andalucía cuatro años, considerando la ciencia como una materia que podía pararse un tiempo, cuando la realidad es que la función de I+D+i necesita continuidad y certidumbre. También la necesitan las universidades.

La actividad turística en Andalucía constituye uno de los pilares de su economía y del empleo. Esta importancia está recogida y reconocida en el Estatuto de Autonomía, y se confirma por una aportación al PIB superior al 13%. El turismo sostiene miles de empleos en los hoteles, los hostales y los campamentos, en miles de bares y restaurantes, en actividades de todo tipo, en las agencias de viajes, en los comercios y en los transportes especializados. El volumen de turistas que recibe la comunidad autónoma la sitúa entre las primeras de España y son varios los destinos andaluces que se posicionan entre los más importantes en los mercados estatal y europeo.

Sin embargo, este gigante tiene los pies de barro, como consecuencia de los problemas derivados del modelo turístico hegemónico en Andalucía.

El primer problema, y el más importante, tiene que ver con las condiciones de trabajo. La mitad de los contratos en el sector turístico son temporales: 4 de cada 10 lo son a tiempo parcial; 8 de cada 10 de los contratos de verano son de camareros. Los principales sindicatos han cifrado en sus últimos informes en un 97% el total del número de contratos en precario.

El segundo problema del sector es la estacionalidad. La concentración de la actividad turística en determinados periodos del año produce inestabilidad y precariedad en el empleo, pérdida de rentabilidad, masificación y sobreexplotación de recursos, en determinados momentos, siendo fundamental distribuir adecuadamente la llegada de turistas a lo largo del año.

El tercer problema del sector turístico es la vulnerabilidad del tejido empresarial de pymes y autónomos netamente andaluces frente a las poderosas touroperadoras, cadenas hoteleras y centrales de reservas, también llamadas plataformas de “economía colaborativa”.

El cuarto problema es la masificación de ciertos destinos turísticos, de la que se deriva una emergente tensión social entre la población residente, además de un impacto ambiental y patrimonial que requiere toda nuestra preocupación. Presión sobre nuestro patrimonio histórico, agotamiento de los recursos naturales, e incluso de nuestros servicios sanitarios, que quedan colapsados en ciertas épocas en las zonas de mayor masificación turística, incidiendo no solo en la convivencia, sino también en la calidad de la oferta turística.

El quinto problema es la grave situación del litoral andaluz, debido a una sobreexplotación de los recursos naturales y una urbanización de la costa que supera el 60% de la misma. El descuido de nuestro litoral es cada vez más evidente. En los últimos años, se han adoptado soluciones cortoplacistas que pasan por la inversión de dinero público en dragar arena de los fondos marinos, o en darle bocados a los sistemas dunares en el mejor de los casos. A esto hay que añadir que los núcleos de población costeros ven incrementada su población estival y no cuentan en muchos casos con sistemas de depuración de las aguas residuales adecuados para soportar tal aumento de población, vertiendo al mar aguas que no reúnen las condiciones adecuadas para el sostenimiento de determinadas actividades como el sector del marisqueo y la pesca

Y, por último, también está el problema del transporte y la movilidad insostenible en los núcleos turísticos andaluces. El transporte en estos núcleos sigue realizándose básicamente a través del vehículo privado, no contribuye a hacer del sector turístico un sector sostenible que oferte servicios públicos de calidad, y no favorece la diversificación de la oferta turística, ni el descanso ni el ocio. Una nueva concepción de la movilidad en todo el territorio puede contribuir a romper su estacionalidad y vertebrar el territorio.

Estos, entre otros problemas, nos inducen a pensar que el modelo turístico que impera en Andalucía no es el más adecuado para los intereses de los y las andaluzas; sí lo es, específicamente, para las grandes cadenas hoteleras, las centrales de reserva y las touroperadoras internacionales, pero no lo es, especialmente, para los intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector, y para los vecinos y vecinas que sufren la masificación.

Pensamos que el sector turístico es y debe seguir siendo estratégico para Andalucía, pero hemos de apostar por un modelo diferente, si pensamos en el interés de la ciudadanía andaluza y de Andalucía, y en la sostenibilidad de este sector para el futuro de nuestra tierra. E, igualmente, creemos que desde la administración andaluza se puede hacer más y mejor en este ámbito sin necesidad de gran esfuerzo y financiación, sino sobre todo de imaginación, creatividad y mucha sensibilidad, poniendo las prioridades justas en su lugar.

Desde nuestra convicción, han de adoptarse medidas en materia turística que han de dar respuesta a los siguientes objetivos:

  • Mostrar el camino a los empresarios y empresarias en la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, como mejor medio para garantizar un turismo de calidad.
  • Tener una potente industria turística andaluza, como mejor alianza con la sociedad andaluza y con la autonomía de nuestro sector, ante el envite de las grandes cadenas y centrales de reservas.
  • Ser competitivos desde Andalucía en la oferta de servicios en el mercado de Internet, creando una plataforma pública de centrales de reservas.
  • Incorporar la participación social, no solo de los agentes del sistema turístico, sino también de la sociedad civil, en los órganos colegiados de participación.
  • Promover la actividad turística desde una perspectiva ambiental, mediante prácticas ambientalmente sostenibles, garantizando la preservación de los recursos naturales y patrimoniales que la posibilita, especialmente en la franja del litoral andaluz y los espacios naturales protegidos.
  • Y, por último, mejorar la coordinación entre el Gobierno andaluz, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en la planificación turística.

El sector agroalimentario constituye, para un territorio como Andalucía, un permanente pilar estratégico sobre el que sustentar su desarrollo sostenible y el de sus gentes. No solo lo es por su capacidad de generar o distribuir riqueza y empleo, sino también por el potencial que tiene para fijar población en el territorio, para garantizar la soberanía alimentaria y para mantener un medio rural vivo. El reto principal consiste en alimentar a una población creciente sin degradar la base de los recursos naturales. Esto no será posible sin un cambio significativo en el actual modelo.

La respuesta a los problemas del sector solo puede llevarse a cabo desde la colaboración y coordinación con los actores implicados y desde la reorientación del modelo productivo y de todas las políticas públicas en las que se sustenta. Un nuevo modelo que tiene como objetivo conseguir y preservar nuestra soberanía alimentaria. Basado en el impulso de las explotaciones familiares, que reconozca el esencial papel de la mujer en el medio rural, y fomente la incorporación de los jóvenes, asentado en la profesionalización del sector. Un modelo que, además, mantenga un medio rural vivo y reconozca los bienes y servicios que aporta a la sociedad y al medioambiente, reconociendo su carácter multifuncional. Debemos concentrar nuestros esfuerzos hacia un modelo agroecológico.

Un sector agroindustrial fuerte, garante de la soberanía alimentaria y capaz de generar empleo de calidad. Ello implica la necesidad de una política agraria integral y transversal, más allá de los límites que marca la UE, vinculada a un nuevo modelo energético andaluz y a la concepción del agua como derecho humano y no como artículo de lujo o de especulación.

Para que la economía andaluza deje de ser periférica en la UE, y reduzca su dependencia de factores externos, es necesario poner en marcha un cambio de modelo productivo centrado en la diversificación productiva, la inversión en sectores con alto valor añadido y el fomento de un sector industrial moderno innovador que sepa valorizar los recursos del territorio y crear empleo estable y de calidad.

Ello significa poner en práctica una verdadera política industrial a través de la aprobación de una Estrategia Industrial de Andalucía 2019-2024, que vincule estratégicamente la política industrial de Andalucía a la planificación económica general, el pleno empleo de calidad y el desarrollo sostenible del territorio andaluz.

Desde principios de los años ochenta se han venido aplicando, paulatinamente, políticas encaminadas al desmantelamiento del sector industrial en el Estado Español, con especial incidencia en Andalucía, donde la desindustrialización y la deslocalización de industrias estratégicas o de cabecera han respondido a la dinámica e intereses del capital, incentivando la economía sumergida, el dumping social y la generación de miles de parados y paradas en nuestro territorio.

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Hacia un nuevo modelo productivo
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Turismo y hostelería: un modelo inteligente para crear un empleo de calidad
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Una nueva política de cohesión económica y social
Reindustrialización: soberanía industrial de nuestra tierra