Hacienda y fiscalidad para redistribuir la riqueza

Los efectos de la crisis de 2007 y de las políticas neoliberales aplicadas han sido más duros para Andalucía que para el conjunto del país y se han repartido de forma desigual, afectando en mayor medida a la mayoría de la población y muy severamente a los sectores más vulnerables. La crisis de 2007 también ha tenido beneficiarios, la riqueza se ha concentrado y la pobreza se ha repartido, provocando que Andalucía sea hoy más desigual que hace una década.

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española (CE) dio lugar a un cambio en el orden de las prioridades, poniendo en primer lugar el pago de la deuda y sus intereses, y dejando en segundo plano la garantía de los derechos sociales. La persistencia de esta reforma en la Carta Magna representa un peligro para el blindaje de los derechos sociales.

Como consecuencia de la Reforma de la CE, la imposición de las políticas de austeridad y de sus postulados fiscales erosionó considerablemente el sector público desde 2009. Las políticas neoliberales de recortes afectaron particularmente a los servicios públicos fundamentales y al Estado social. Los recortes en Andalucía han sido más duros que en otros territorios y esto ha tenido efectos negativos sobre el empleo público. Además, las políticas de austeridad han contribuido a la destrucción de empleo y del frágil tejido productivo.

Las políticas de recortes en gasto público social y de austeridad han representado una herramienta de control añadido que ha limitado enormemente los espacios de autogobierno autonómico y local, poder que Andalucía conquistó para tener el mayor autogobierno a fin de superar las desigualdades.

Las datos económicos oficiales muestran una recuperación del PIB, pero ello no es síntoma de distribución igualitaria, ni que la supuesta recuperación esté llegando a todos. Las cifras de desigualdad empeoran y contamos con una base económica estructuralmente muy débil en Andalucía.

La crisis y las políticas de austeridad y de contención del gasto han frenado el proceso de convergencia entre Andalucía y el conjunto del Estado. En realidad, después de 10 años del estallido de la crisis Andalucía sigue presentando una situación productiva y de mercado de trabajo extremadamente frágil, aún más que en el 2007.

Los recortes afectaron duramente a la inversión en investigación, desarrollo e innovación, principal motor del cambio de modelo productivo. La peor de las medidas para el progreso de Andalucía. Es fundamental no solo mejorar su financiación sino promover acuerdos entre las empresas andaluzas y las universidades u otras formaciones modulares para el fomento del espíritu emprendedor en la juventud andaluza.

El Gobierno de Susana Díaz se ha limitado a dejarse llevar en el ámbito económico por las políticas neoliberales alentadas por Ciudadanos y por el crecimiento económico facilitado por los bajos precios del petróleo, el aumento del comercio internacional y el auge del turismo como sector de punta a nivel estatal.

La reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) de 2009 es uno de los pactos políticos más importantes que lleva esperando con urgencia nuestro país y una asignatura pendiente del Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. Tal es su relevancia, que se trató de uno de los elementos clave para justificar la formación de Gobierno ante la difícil situación parlamentaria generada después de las elecciones del 20D en 2015 y del 26J en 2016. Para Andalucía, la reforma del sistema de financiación autonómica es vital para acabar con una infrafinanciación que podríamos tildar de crónica por su duración, con efectos negativos para avanzar en igualdad, consolidar derechos y lograr otros nuevos. Ni Rajoy, ni Sánchez, con Montero al frente de Hacienda, han cumplido con Andalucía.

Las políticas pactadas entre PSOE y Ciudadanos han dado lugar a una reducción de los ingresos tributarios y los recursos para llevar a cabo inversiones sociales. A la infrafinanciación estructural se ha sumado entonces una mayor reducción de los ingresos determinada por la aceptación de los dogmas neoliberales en ámbito tributario. Esto ha pasado cuando más recursos eran necesarios para apuntalar una recuperación con pies de barro.

Parte del endeudamiento de Andalucía se debe a la infrafinanciación sufrida. Ha sido necesario el acceso a mecanismos de liquidez para hacer frente al vencimiento de las deudas. No obstante, estos mecanismos de liquidez, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han representado un elemento de agravio más que de alivio para Andalucía, aumentando progresivamente la magnitud de la deuda. Es preciso llevar a cabo una valoración de la deuda inducida por infrafinanciación y dar solución necesaria y urgente para su sostenibilidad, siempre y cuando no sustituya el aumento de recursos para satisfacer las necesidades de gasto de la comunidad.

El PIB per cápita del 2017 sigue por debajo del dato de hace una década, el endeudamiento de Andalucía se debe a la infrafinanciación sufrida. Ha sido necesario el acceso a mecanismos de liquidez para hacer frente al vencimiento de las deudas. No obstante, estos mecanismos de liquidez, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han representado un elemento de agravio más que de alivio para Andalucía, aumentando progresivamen cosa que se diferencia sustancialmente con lo que ha ocurrido en el resto del país. Tampoco en los años de recuperación se han conseguido los niveles de empleo previos a la crisis y tampoco se han revertido los recortes en servicios públicos fundamentales (SPF).

Andalucía sigue a la cola de España y Europa en tasas de empleo, y a la cabeza en precariedad: temporalidad y parcialidad que afectan en mayor medida a las mujeres. Los índices de desigualdad se han disparado ante una ausencia casi total de medidas sociales.

La estrategia de competitividad global de la economía andaluza de aumento de productividad se ha logrado por la tendencia a la baja de costes laborales, precariedad, bajos salarios y sobreexplotación laboral. Somos más competitivos a costa de la ampliación de la brecha salarial. Se ha consolidado un modelo de ganancia espuria de competitividad por destrucción de empleos de menor valor añadido con intensificación de ritmos productivos y reducción de salarios.

En definitiva, la crisis, las políticas de austeridad y de contención de gasto y las elecciones en materia económica y tributaria del gobierno de Susana Díaz han tenido como resultado una pérdida de autonomía real de nuestra nacionalidad histórica, un aumento de la brecha territorial y social, una mayor fragilidad del tejido productivo. El crecimiento de los últimos cuatro años no ha llegado a los hogares andaluces y puede sufrir sin cambios sustanciales una importante desaceleración.

Uno de los principales problemas para la autonomía política y económica de las CCAA ha sido la infrafinanciación estructural que sufren, fruto del actual sistema de financiación autonómica (SFA); de la debilidad de nuestro sistema tributario estatal y autonómico; y de las políticas de desfiscalización puestas en marcha tanto en España como en varias CCAA, incluida Andalucía. La reforma del actual SFA es una necesidad y una urgencia, que debería acompañarse de un cambio sustancial del marco fiscal y de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de la deuda pública autonómica, en gran parte resultado de la infrafinanciación.

En términos de ingresos tributarios, la brecha entre España y el resto de la zona euro se ha ido ampliando por efecto de la crisis, de las políticas de austeridad y de las reformas tributarias, tanto estatales como autonómicas. En 2016, el peso de los ingresos sobre el PIB en España era 7,2 puntos porcentuales inferior a la media de la zona euro. Las mayores diferencias con nuestro entorno europeo existen en los impuestos directos, que son los que más progresividad y justicia fiscal garantizan.

Las últimas reformas han contribuido a reducir el peso de los impuestos directos sobre el conjunto de los ingresos no financieros, mientras sigue subiendo el peso de los indirectos. En Andalucía, los últimos presupuestos apoyados por Ciudadanos han ido claramente en esta dirección, reduciendo la progresividad, menguando la recaudación y favoreciendo a las rentas más altas.

Es necesario que desde Andalucía se avance hacia un cambio radical en las políticas tributarias de los últimos años impulsando reformas y debates a nivel estatal, y entre Estado y CCAA, poniendo en marcha en el Parlamento Andaluz una serie de medidas en los espacios de competencia autonómica.

Uno de los principales problemas estructurales de Andalucía ha sido el elevado nivel de desigualdad social que sufre. Esto es algo que viene de lejos y que tiene que ver con la dimensión “institucional” del reparto de la riqueza, la excesiva acumulación de la misma en un reducido grupo de personas, y con políticas económicas que se han limitado a parchear y no han tocado los elementos de fondo de este desequilibrio. La existencia de una mayor igualdad material, a parte de un elemento que dice mucho sobre la calidad de nuestra sociedad e instituciones, es un elemento esencial para que nuestra economía sea más fuerte y menos dependiente de los factores externos. Es evidente, además, que no se puede concebir una reducción de la desigualdad sin la eliminación de la pobreza.

En la última década hemos comprobado cómo la crisis antes, y las políticas de austeridad después, han golpeado con mayor intensidad a aquella parte de la población que ya tenía serias dificultades para llegar a final de mes. El crecimiento de los últimos tres años no se ha traducido en una recuperación económica real para la mayoría de la población, mientras sí está beneficiando de manera asimétrica a los más adinerados. Desde Adelante Andalucía consideramos prioritario reducir la brecha social interna, como condición necesaria para reducir la brecha territorial externa: sin igualdad real no hay un modelo sostenible.

Subcategorías
Marco fiscal y reforma del sistema de financiación autonómica
Revolución fiscal para reducir la desigualdad y luchar contra la pobreza