Una nueva economía para la Andalucía que viene

Los efectos de la crisis de 2007 y de las políticas neoliberales aplicadas han sido más duros para Andalucía que para el conjunto del país y se han repartido de forma desigual, afectando en mayor medida a la mayoría de la población y muy severamente a los sectores más vulnerables. La crisis de 2007 también ha tenido beneficiarios, la riqueza se ha concentrado y la pobreza se ha repartido, provocando que Andalucía sea hoy más desigual que hace una década.

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española (CE) dio lugar a un cambio en el orden de las prioridades, poniendo en primer lugar el pago de la deuda y sus intereses, y dejando en segundo plano la garantía de los derechos sociales. La persistencia de esta reforma en la Carta Magna representa un peligro para el blindaje de los derechos sociales.

Como consecuencia de la Reforma de la CE, la imposición de las políticas de austeridad y de sus postulados fiscales erosionó considerablemente el sector público desde 2009. Las políticas neoliberales de recortes afectaron particularmente a los servicios públicos fundamentales y al Estado social. Los recortes en Andalucía han sido más duros que en otros territorios y esto ha tenido efectos negativos sobre el empleo público. Además, las políticas de austeridad han contribuido a la destrucción de empleo y del frágil tejido productivo.

Las políticas de recortes en gasto público social y de austeridad han representado una herramienta de control añadido que ha limitado enormemente los espacios de autogobierno autonómico y local, poder que Andalucía conquistó para tener el mayor autogobierno a fin de superar las desigualdades.

Las datos económicos oficiales muestran una recuperación del PIB, pero ello no es síntoma de distribución igualitaria, ni que la supuesta recuperación esté llegando a todos. Las cifras de desigualdad empeoran y contamos con una base económica estructuralmente muy débil en Andalucía.

La crisis y las políticas de austeridad y de contención del gasto han frenado el proceso de convergencia entre Andalucía y el conjunto del Estado. En realidad, después de 10 años del estallido de la crisis Andalucía sigue presentando una situación productiva y de mercado de trabajo extremadamente frágil, aún más que en el 2007.

Los recortes afectaron duramente a la inversión en investigación, desarrollo e innovación, principal motor del cambio de modelo productivo. La peor de las medidas para el progreso de Andalucía. Es fundamental no solo mejorar su financiación sino promover acuerdos entre las empresas andaluzas y las universidades u otras formaciones modulares para el fomento del espíritu emprendedor en la juventud andaluza.

El Gobierno de Susana Díaz se ha limitado a dejarse llevar en el ámbito económico por las políticas neoliberales alentadas por Ciudadanos y por el crecimiento económico facilitado por los bajos precios del petróleo, el aumento del comercio internacional y el auge del turismo como sector de punta a nivel estatal.

La reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) de 2009 es uno de los pactos políticos más importantes que lleva esperando con urgencia nuestro país y una asignatura pendiente del Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. Tal es su relevancia, que se trató de uno de los elementos clave para justificar la formación de Gobierno ante la difícil situación parlamentaria generada después de las elecciones del 20D en 2015 y del 26J en 2016. Para Andalucía, la reforma del sistema de financiación autonómica es vital para acabar con una infrafinanciación que podríamos tildar de crónica por su duración, con efectos negativos para avanzar en igualdad, consolidar derechos y lograr otros nuevos. Ni Rajoy, ni Sánchez, con Montero al frente de Hacienda, han cumplido con Andalucía.

Las políticas pactadas entre PSOE y Ciudadanos han dado lugar a una reducción de los ingresos tributarios y los recursos para llevar a cabo inversiones sociales. A la infrafinanciación estructural se ha sumado entonces una mayor reducción de los ingresos determinada por la aceptación de los dogmas neoliberales en ámbito tributario. Esto ha pasado cuando más recursos eran necesarios para apuntalar una recuperación con pies de barro.

Parte del endeudamiento de Andalucía se debe a la infrafinanciación sufrida. Ha sido necesario el acceso a mecanismos de liquidez para hacer frente al vencimiento de las deudas. No obstante, estos mecanismos de liquidez, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han representado un elemento de agravio más que de alivio para Andalucía, aumentando progresivamente la magnitud de la deuda. Es preciso llevar a cabo una valoración de la deuda inducida por infrafinanciación y dar solución necesaria y urgente para su sostenibilidad, siempre y cuando no sustituya el aumento de recursos para satisfacer las necesidades de gasto de la comunidad.

El PIB per cápita del 2017 sigue por debajo del dato de hace una década, el endeudamiento de Andalucía se debe a la infrafinanciación sufrida. Ha sido necesario el acceso a mecanismos de liquidez para hacer frente al vencimiento de las deudas. No obstante, estos mecanismos de liquidez, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han representado un elemento de agravio más que de alivio para Andalucía, aumentando progresivamen cosa que se diferencia sustancialmente con lo que ha ocurrido en el resto del país. Tampoco en los años de recuperación se han conseguido los niveles de empleo previos a la crisis y tampoco se han revertido los recortes en servicios públicos fundamentales (SPF).

Andalucía sigue a la cola de España y Europa en tasas de empleo, y a la cabeza en precariedad: temporalidad y parcialidad que afectan en mayor medida a las mujeres. Los índices de desigualdad se han disparado ante una ausencia casi total de medidas sociales.

La estrategia de competitividad global de la economía andaluza de aumento de productividad se ha logrado por la tendencia a la baja de costes laborales, precariedad, bajos salarios y sobreexplotación laboral. Somos más competitivos a costa de la ampliación de la brecha salarial. Se ha consolidado un modelo de ganancia espuria de competitividad por destrucción de empleos de menor valor añadido con intensificación de ritmos productivos y reducción de salarios.

En definitiva, la crisis, las políticas de austeridad y de contención de gasto y las elecciones en materia económica y tributaria del gobierno de Susana Díaz han tenido como resultado una pérdida de autonomía real de nuestra nacionalidad histórica, un aumento de la brecha territorial y social, una mayor fragilidad del tejido productivo. El crecimiento de los últimos cuatro años no ha llegado a los hogares andaluces y puede sufrir sin cambios sustanciales una importante desaceleración.

Uno de los principales problemas para la autonomía política y económica de las CCAA ha sido la infrafinanciación estructural que sufren, fruto del actual sistema de financiación autonómica (SFA); de la debilidad de nuestro sistema tributario estatal y autonómico; y de las políticas de desfiscalización puestas en marcha tanto en España como en varias CCAA, incluida Andalucía. La reforma del actual SFA es una necesidad y una urgencia, que debería acompañarse de un cambio sustancial del marco fiscal y de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de la deuda pública autonómica, en gran parte resultado de la infrafinanciación.

En términos de ingresos tributarios, la brecha entre España y el resto de la zona euro se ha ido ampliando por efecto de la crisis, de las políticas de austeridad y de las reformas tributarias, tanto estatales como autonómicas. En 2016, el peso de los ingresos sobre el PIB en España era 7,2 puntos porcentuales inferior a la media de la zona euro. Las mayores diferencias con nuestro entorno europeo existen en los impuestos directos, que son los que más progresividad y justicia fiscal garantizan.

Las últimas reformas han contribuido a reducir el peso de los impuestos directos sobre el conjunto de los ingresos no financieros, mientras sigue subiendo el peso de los indirectos. En Andalucía, los últimos presupuestos apoyados por Ciudadanos han ido claramente en esta dirección, reduciendo la progresividad, menguando la recaudación y favoreciendo a las rentas más altas.

Es necesario que desde Andalucía se avance hacia un cambio radical en las políticas tributarias de los últimos años impulsando reformas y debates a nivel estatal, y entre Estado y CCAA, poniendo en marcha en el Parlamento Andaluz una serie de medidas en los espacios de competencia autonómica.

Uno de los principales problemas estructurales de Andalucía ha sido el elevado nivel de desigualdad social que sufre. Esto es algo que viene de lejos y que tiene que ver con la dimensión “institucional” del reparto de la riqueza, la excesiva acumulación de la misma en un reducido grupo de personas, y con políticas económicas que se han limitado a parchear y no han tocado los elementos de fondo de este desequilibrio. La existencia de una mayor igualdad material, a parte de un elemento que dice mucho sobre la calidad de nuestra sociedad e instituciones, es un elemento esencial para que nuestra economía sea más fuerte y menos dependiente de los factores externos. Es evidente, además, que no se puede concebir una reducción de la desigualdad sin la eliminación de la pobreza.

En la última década hemos comprobado cómo la crisis antes, y las políticas de austeridad después, han golpeado con mayor intensidad a aquella parte de la población que ya tenía serias dificultades para llegar a final de mes. El crecimiento de los últimos tres años no se ha traducido en una recuperación económica real para la mayoría de la población, mientras sí está beneficiando de manera asimétrica a los más adinerados. Desde Adelante Andalucía consideramos prioritario reducir la brecha social interna, como condición necesaria para reducir la brecha territorial externa: sin igualdad real no hay un modelo sostenible.

La crisis antes, y los últimos tres años de crecimiento ahora, están poniendo en evidencia toda la debilidad del modelo productivo andaluz, un modelo que sigue basándose en sectores de bajo valor añadido y bajos bajos salarios. Un modelo generador de paro, precariedad y subempleo. Esta fragilidad ha sido acentuada en los últimos años por la progresiva reducción de las inversiones estatales y autonómicas (estamos a la cola de Europa en inversiones reales e innovación), que influye sobre la posibilidad de converger con el conjunto del Estado en las principales variables económicas, productivas y sociales. Los últimos gobiernos de Susana Díaz han destacado por sus políticas inerciales y cíclicas, y por la falta de un proyecto de cara al futuro, demostrándose incapaz de dar respuestas concretas a los serios problemas de nuestra economía y sus consecuencias sociales.

Desde Adelante Andalucía promovemos una transformación profunda de nuestro modelo productivo avanzando hacia un modelo que tenga su base en la sostenibilidad ambiental y la especialización en sectores industriales, agrícolas y servicios generadores de valor añadido con alto contenido de I+D+i, poniendo en marcha una verdadera transición ecológica y energética. El Gobierno de Susana Díaz pasó de 588 millones de euros de inversión en investigación e innovación en 2013, a 451 millones. Del 2,16% del presupuesto en 2010 pasamos al 1,38% del presupuesto. El mayor recorte del siglo XXI en investigación e innovación. Por cada euro que se invertía en 2010, ahora se invierten 57 céntimos. La investigación, innovación y sociedad del conocimiento ha pasado de un 0,5% del PIB al 0,28%, casi la mitad en términos relativos. Se recortó en el primer presupuesto de Susana Díaz en investigación e innovación un 23%, mientras el recorte medio era del 3%. Fue la partida más recortada con cultura, energía e industria. Dejaron sin innovación a Andalucía cuatro años, considerando la ciencia como una materia que podía pararse un tiempo, cuando la realidad es que la función de I+D+i necesita continuidad y certidumbre. También la necesitan las universidades.

La actividad turística en Andalucía constituye uno de los pilares de su economía y del empleo. Esta importancia está recogida y reconocida en el Estatuto de Autonomía, y se confirma por una aportación al PIB superior al 13%. El turismo sostiene miles de empleos en los hoteles, los hostales y los campamentos, en miles de bares y restaurantes, en actividades de todo tipo, en las agencias de viajes, en los comercios y en los transportes especializados. El volumen de turistas que recibe la comunidad autónoma la sitúa entre las primeras de España y son varios los destinos andaluces que se posicionan entre los más importantes en los mercados estatal y europeo.

Sin embargo, este gigante tiene los pies de barro, como consecuencia de los problemas derivados del modelo turístico hegemónico en Andalucía.

El primer problema, y el más importante, tiene que ver con las condiciones de trabajo. La mitad de los contratos en el sector turístico son temporales: 4 de cada 10 lo son a tiempo parcial; 8 de cada 10 de los contratos de verano son de camareros. Los principales sindicatos han cifrado en sus últimos informes en un 97% el total del número de contratos en precario.

El segundo problema del sector es la estacionalidad. La concentración de la actividad turística en determinados periodos del año produce inestabilidad y precariedad en el empleo, pérdida de rentabilidad, masificación y sobreexplotación de recursos, en determinados momentos, siendo fundamental distribuir adecuadamente la llegada de turistas a lo largo del año.

El tercer problema del sector turístico es la vulnerabilidad del tejido empresarial de pymes y autónomos netamente andaluces frente a las poderosas touroperadoras, cadenas hoteleras y centrales de reservas, también llamadas plataformas de “economía colaborativa”.

El cuarto problema es la masificación de ciertos destinos turísticos, de la que se deriva una emergente tensión social entre la población residente, además de un impacto ambiental y patrimonial que requiere toda nuestra preocupación. Presión sobre nuestro patrimonio histórico, agotamiento de los recursos naturales, e incluso de nuestros servicios sanitarios, que quedan colapsados en ciertas épocas en las zonas de mayor masificación turística, incidiendo no solo en la convivencia, sino también en la calidad de la oferta turística.

El quinto problema es la grave situación del litoral andaluz, debido a una sobreexplotación de los recursos naturales y una urbanización de la costa que supera el 60% de la misma. El descuido de nuestro litoral es cada vez más evidente. En los últimos años, se han adoptado soluciones cortoplacistas que pasan por la inversión de dinero público en dragar arena de los fondos marinos, o en darle bocados a los sistemas dunares en el mejor de los casos. A esto hay que añadir que los núcleos de población costeros ven incrementada su población estival y no cuentan en muchos casos con sistemas de depuración de las aguas residuales adecuados para soportar tal aumento de población, vertiendo al mar aguas que no reúnen las condiciones adecuadas para el sostenimiento de determinadas actividades como el sector del marisqueo y la pesca

Y, por último, también está el problema del transporte y la movilidad insostenible en los núcleos turísticos andaluces. El transporte en estos núcleos sigue realizándose básicamente a través del vehículo privado, no contribuye a hacer del sector turístico un sector sostenible que oferte servicios públicos de calidad, y no favorece la diversificación de la oferta turística, ni el descanso ni el ocio. Una nueva concepción de la movilidad en todo el territorio puede contribuir a romper su estacionalidad y vertebrar el territorio.

Estos, entre otros problemas, nos inducen a pensar que el modelo turístico que impera en Andalucía no es el más adecuado para los intereses de los y las andaluzas; sí lo es, específicamente, para las grandes cadenas hoteleras, las centrales de reserva y las touroperadoras internacionales, pero no lo es, especialmente, para los intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector, y para los vecinos y vecinas que sufren la masificación.

Pensamos que el sector turístico es y debe seguir siendo estratégico para Andalucía, pero hemos de apostar por un modelo diferente, si pensamos en el interés de la ciudadanía andaluza y de Andalucía, y en la sostenibilidad de este sector para el futuro de nuestra tierra. E, igualmente, creemos que desde la administración andaluza se puede hacer más y mejor en este ámbito sin necesidad de gran esfuerzo y financiación, sino sobre todo de imaginación, creatividad y mucha sensibilidad, poniendo las prioridades justas en su lugar.

Desde nuestra convicción, han de adoptarse medidas en materia turística que han de dar respuesta a los siguientes objetivos:

  • Mostrar el camino a los empresarios y empresarias en la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, como mejor medio para garantizar un turismo de calidad.
  • Tener una potente industria turística andaluza, como mejor alianza con la sociedad andaluza y con la autonomía de nuestro sector, ante el envite de las grandes cadenas y centrales de reservas.
  • Ser competitivos desde Andalucía en la oferta de servicios en el mercado de Internet, creando una plataforma pública de centrales de reservas.
  • Incorporar la participación social, no solo de los agentes del sistema turístico, sino también de la sociedad civil, en los órganos colegiados de participación.
  • Promover la actividad turística desde una perspectiva ambiental, mediante prácticas ambientalmente sostenibles, garantizando la preservación de los recursos naturales y patrimoniales que la posibilita, especialmente en la franja del litoral andaluz y los espacios naturales protegidos.
  • Y, por último, mejorar la coordinación entre el Gobierno andaluz, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en la planificación turística.

El sector agroalimentario constituye, para un territorio como Andalucía, un permanente pilar estratégico sobre el que sustentar su desarrollo sostenible y el de sus gentes. No solo lo es por su capacidad de generar o distribuir riqueza y empleo, sino también por el potencial que tiene para fijar población en el territorio, para garantizar la soberanía alimentaria y para mantener un medio rural vivo. El reto principal consiste en alimentar a una población creciente sin degradar la base de los recursos naturales. Esto no será posible sin un cambio significativo en el actual modelo.

La respuesta a los problemas del sector solo puede llevarse a cabo desde la colaboración y coordinación con los actores implicados y desde la reorientación del modelo productivo y de todas las políticas públicas en las que se sustenta. Un nuevo modelo que tiene como objetivo conseguir y preservar nuestra soberanía alimentaria. Basado en el impulso de las explotaciones familiares, que reconozca el esencial papel de la mujer en el medio rural, y fomente la incorporación de los jóvenes, asentado en la profesionalización del sector. Un modelo que, además, mantenga un medio rural vivo y reconozca los bienes y servicios que aporta a la sociedad y al medioambiente, reconociendo su carácter multifuncional. Debemos concentrar nuestros esfuerzos hacia un modelo agroecológico.

Un sector agroindustrial fuerte, garante de la soberanía alimentaria y capaz de generar empleo de calidad. Ello implica la necesidad de una política agraria integral y transversal, más allá de los límites que marca la UE, vinculada a un nuevo modelo energético andaluz y a la concepción del agua como derecho humano y no como artículo de lujo o de especulación.

Para que la economía andaluza deje de ser periférica en la UE, y reduzca su dependencia de factores externos, es necesario poner en marcha un cambio de modelo productivo centrado en la diversificación productiva, la inversión en sectores con alto valor añadido y el fomento de un sector industrial moderno innovador que sepa valorizar los recursos del territorio y crear empleo estable y de calidad.

Ello significa poner en práctica una verdadera política industrial a través de la aprobación de una Estrategia Industrial de Andalucía 2019-2024, que vincule estratégicamente la política industrial de Andalucía a la planificación económica general, el pleno empleo de calidad y el desarrollo sostenible del territorio andaluz.

Desde principios de los años ochenta se han venido aplicando, paulatinamente, políticas encaminadas al desmantelamiento del sector industrial en el Estado Español, con especial incidencia en Andalucía, donde la desindustrialización y la deslocalización de industrias estratégicas o de cabecera han respondido a la dinámica e intereses del capital, incentivando la economía sumergida, el dumping social y la generación de miles de parados y paradas en nuestro territorio.

Andalucía tiene una formación social que presenta unas características diferenciadas de los demás territorios del Estado español, producto de una historia extensa y singular, con rasgos propios en su estructura social, con una posición de periferia en el sistema capitalista y con un modelo productivo construido al servicio de esa posición periférica, típico de una economía extractiva de recursos materiales y humanos.

El desempleo y la precariedad han sido y son males endémicos de la Andalucía que atenazan el bienestar de la sociedad, aumenta la desigualdad y hacen peligrar la cohesión social. Acabar con estas lacras es una prioridad urgente. Las causas de esta situación son diversas; entre las mismas cabe señalar la débil estructura productiva con un modelo de baja competitividad basado en la reducción de los costes laborales y ajeno a la innovación, la posición de la economía especulativa, la deslocalización y el acusado proceso de desindustrialización y, reforzando a todas las tendencias negativas, el antisocial marco legislativo en materia laboral.

La temporalidad y la precariedad son una constante del mercado laboral en Andalucía. Tanto los contratos a tiempo parcial como los contratos temporales suman un inmenso porcentaje de la contratación que esconde un drama para muchas familias. En la contratación a tiempo parcial, miles de personas que ven prolongada ilegalmente sus jornadas de trabajo; en la contratación temporal, otras tantas sometidas a la arbitrariedad de una jungla de modelos de contratación que permite la intermodalidad para evitar la contratación indefinida. Millones de contratos que acaban en días o semanas. Los parámetros de calidad del empleo, por los suelos en Andalucía, deben ser otro vector que propicie políticas de impulso a la contratación estable, favoreciendo políticas que apoyen un modelo laboral que rompa las estadísticas de empobrecimiento del empleo.

Las diferentes reformas laborales impulsadas por los gobiernos del bipartidismo determinan claramente una relación causa-efecto en la precarización del mercado laboral. La afectación ha sido más clara a medida que se han aplicado las medidas contenidas en dichas reformas, propiciando el empobrecimiento del empleo y la desregulación absoluta en muchos sectores; viéndose en muchos casos cómo las trabajadoras y los trabajadores han sido obligados a aceptar condiciones de trabajo muy por debajo de lo que determinaban sus convenios colectivos de sector. Sin duda ese deterioro paulatino de esas condiciones, que hacen que los salarios resulten insuficientes para garantizar la subsistencia de sus perceptores, van justo en la dirección contraria a una mejora generalizada de la situación económica andaluza.

Es importante destacar también la fuga de conocimiento y talento joven que sufre Andalucía. Personas jóvenes universitarias y muy formadas que tienen que abandonar nuestro territorio de forma forzosa buscando oportunidades de trabajo en otros países o regiones que están poniendo en valor la inversión en formación realizada en Andalucía.

También la situación de especial vulnerabilidad que sufren las mujeres rurales, muchas de ellas trabajadoras del campo que no ven reconocidos sus derechos.

Por último una economía poco diversificada basada en sectores como la agricultura intensiva, con convenios del campo muy precarios, que hace que estos trabajos sean desarrollados por personas migrantes, en su mayoría mujeres, en situaciones de extrema vulnerabilidad; o la hostelería, sector en el que la contratación es muy temporal y los muy salarios bajos; o sectores industriales altamente contaminantes como la industria química, básica, y petroquímica; o la minería hacen de nuestra comunidad, y de nuestro país, un territorio en el que no se genera empleo de calidad y no se está propiciando la calidad de vida de la ciudadanía.

Para acabar con esta situación, la acción del futuro Gobierno de Andalucía debe seguir los siguientes criterios:

  • Potenciar la creación masiva de empleo estable público y privado, basado en un nuevo modelo productivo ambientalmente sostenible, digno y de calidad desde el punto de vista de la remuneración y de las condiciones de trabajo y contractuales, con especial atención a la salud y la seguridad en los puestos de trabajo y a la formación profesional continua. Uno de los objetivos es garantizar el derecho a un puesto de trabajo a todas las personas demandantes de empleo.
  • Impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo en aquellos sectores que, desde el punto de vista del modelo productivo que proponemos, más calidad aportan al empleo y a la economía. Asimismo, deberá apoyarse el empleo en los sectores emergentes de la economía social. Cabe señalar la especial importancia de fomentar la economía del conocimiento y la investigación, así como la importancia estratégica de los empleos y actividades asociados a la transición en clave ecológica, particularmente a la transición energética y a la descarbonización total de la economía. Ello debe contribuir a reforzar, modernizar y profesionalizar a través de la formación y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores los nichos de empleo existentes en turismo y hostelería, agricultura ecológica y pesca sostenible, así como en la protección del medioambiente, las nuevas fuentes de energía limpia, la movilidad sostenible, la rehabilitación energética de edificios, la investigación, el desarrollo y la innovación, la gestión sostenible del ciclo integral del agua y la economía circular. Igualmente, es necesario impulsar la generación de empleo, público y privado, en los sectores relacionados con los cuidados, la tercera edad, los servicios sociales y las demandas de atención de diferentes sectores poblacionales. Pero también debe significar un esfuerzo por desarrollar una industria andaluza que, entre otros objetivos, pueda asegurar, en toda la cadena de valor asociada a la transformación de los productos primarios, que ello redunde en un aumento de nuestro PIB.

Dado que en todo proceso de cambio de modelo productivo habrá sectores en los que se crean nuevos empleos, pero también habrá sectores que la economía mundial ha condenado a su extinción, será necesario arbitrar una transición justa para las personas y comarcas afectadas, de manera que se aseguren nuevos puestos de trabajo, formación profesional y garantía de percepción de prestaciones durante todo el tiempo que sea necesario. Ello significa que el conjunto de la sociedad, comenzando por los poderes públicos, se anticipan y asumen sus responsabilidades planificando objetivos, plazos y medidas. A tal efecto proponemos la reforma de las funciones y composición del Consejo Económico y Social para que se constituya una estructura de planificación que elabore y controle la ejecución de un Plan Económico Cuatrienal que se aprobará como Ley por el Parlamento de Andalucía. El Plan será vinculante para el Gobierno e indicativo para el resto de los agentes involucrados. Tendrá, por tanto, correspondencia necesaria en los Presupuestos anuales que deberán responder a los objetivos del Plan. Toda la planificación sectorial de contenido económico deberá guardar coherencia con él, incluyendo las diferentes propuestas que recoge este programa. Este espacio de participación debe constituirse como elemento motor de la creación e implantación de un nuevo modelo productivo para Andalucía que atienda a la realidad social y territorial de las distintas comarcas.

La crisis económica ha golpeado especialmente a la juventud andaluza, por lo que su inserción en el mercado de trabajo se convierte en una prioridad para ofrecer un horizonte de futuro. Asimismo, la brecha de género se hace patente también en el paro y en las condiciones de trabajo, por lo que la igualdad debe guiar todas las políticas de empleo.

La administración autonómica debe ejercer un liderazgo decidido en aquellas políticas que reviertan en la mejora de las condiciones de vida del pueblo andaluz y en la orientación del nuevo modelo productivo y relaciones laborales que queremos implantar. En este sentido, desde la administración autonómica intervendremos activamente en la planificación y diseño del nuevo marco de relaciones laborales primando la prevalencia del derecho al empleo digno, reducción de la jornada laboral, cumplimiento de los convenios colectivos y normativa laboral vigente, etc. Seremos punta de lanza para remover todos aquellos obstáculos políticos y jurídicos que, a distintos niveles, obstruyan el desarrollo de nuestra tierra.

Es necesario reflexionar sobre el actual modelo de relaciones laborales que no ha sido capaz de generar sinergias importantes para eliminar las enormes desigualdades que presenta el mercado laboral en Andalucía.

Un nuevo modelo de relaciones laborales que necesita una revisión profunda para poder dar espacio, participación y protagonismo a todas aquellas articulaciones colectivas que vienen trabajando en materia de empleo en nuestra tierra, y que permita que los acuerdos no tengan que estar revestidos de un carácter institucional, y que se sometan al acuerdo de los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, sin que queden condicionados por ninguna variable que desvirtúe la esencia de una negociación real. Del mismo modo es necesario repensar en un modelo de relaciones laborales que mantenga la independencia de los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y que afronte con garantías democráticas la implicación del conjunto de actores que vienen desempeñando un papel de representación colectiva en Andalucía. Hay un consenso general sobre que los acuerdos de concertación social en Andalucía tienen un resultado desigual. Dotados de fuertes aportaciones económicas, su desarrollo, su impacto y su seguimiento y evaluación presentan claroscuros que es necesario corregir.

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