Preámbulo

Instituciones políticas, identidad andaluza y proceso constituyente

Más de 40 años han pasado ya desde aquel 4 de diciembre. Casi los mismos desde el 28F y la posterior aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, reformado en el año 2007, y Andalucía continúa, e incluso ha acentuado, su dependencia económica, su subalternidad política y su degradación cultural. La autonomía, tan difícilmente conquistada -quebró incluso la organización territorial del Estado diseñada inicialmente en la Constitución del 78-, se ha mostrado verdaderamente insuficiente para invertir la todavía creciente brecha de Andalucía respecto a la media del Estado y a otras comunidades autónomas.

La razón es doble. Por una parte, cuatro décadas de gobierno continuado del PSOE-A han supuesto, fundamentalmente, la construcción de una red clientelar y una trama de intereses que han favorecido a los sectores más fieles a ese partido, garantizando el monopolio del gobierno por parte de este. Todo ello, sin haber desarrollado nunca una verdadera política destinada a emancipar al pueblo andaluz, ni promoviendo medidas que le permitieran avanzar hacia el ejercicio de su soberanía en el ámbito económico territorial, político y cultural, con el objetivo de disminuir las desigualdades internas y respecto a otras nacionalidades y regiones del Estado.

En segundo lugar, la autonomía formalmente existente, concretada en los Estatutos de 1981 y 2007, se ha demostrado radicalmente insuficiente en sus competencias y posterior desarrollo para permitirnos avanzar en ese camino. En gran medida, como consecuencia de la escasa voluntad política de fortalecerla y ampliarla. Cuando ni siquiera las decisiones sobre la cuenca del Guadalquivir son competencia de nuestra Comunidad Autónoma, y no se tiene en cuenta al Gobierno andaluz en lo que respecta a las decisiones sobre las bases militares extranjeras y la utilización estratégica de nuestro territorio, difícilmente parece adecuado hablar de un autogobierno pleno.

Desde la actual organización territorial del Estado es inviable desarrollar una política verdaderamente transformadora para Andalucía, porque no existe un autogobierno real más allá de los límites puramente estéticos. Algo que solo posibilita pequeñas reformas sin capacidad para cambiar la dinámica social y económica de nuestra tierra. Lo que nació como un sistema político en el que se depositaron muchas expectativas e ilusiones compartidas, ha derivado en estas cuatro décadas en un entramado institucional opaco y plagado de corrupción, que no responde a nuestras aspiraciones de mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, ni garantiza la participación democrática, imprescindibles para abrir paso a políticas destinadas al bien común.

El proyecto político y social de Adelante Andalucía pasa por defender y refundar nuestro autogobierno ante la amenaza cierta, e incluso inminente, de próximas reformas constitucionales que pueden acabar por vaciarlo de todo contenido y convertirlo en una mera descentralización administrativa. No en vano, algunas de las opciones políticas que concurrirán a las próximas elecciones andaluzas lo hacen desde postulados abiertamente centralistas, y son partidarias de revertir lo poco que se ha conseguido avanzar hasta ahora.

Necesitamos refundar nuestro autogobierno y ponerlo al servicio de los intereses de la ciudadanía, para construir nuestro propio modelo económico, social, político y cultural. Un modelo capaz de asegurar y profundizar en la conservación de nuestra identidad, generar empleo y riqueza de un modo equitativo, afrontar los retos de la crisis de la globalización, defender los derechos sociales y laborales, así como lograr presencia y capacidad de presión en el conjunto del Estado, y ante la Unión Europea, a la hora de caminar hacia un modelo federal que profundice en la democracia real. Necesitamos un nuevo 4 de diciembre y un nuevo 28 de febrero desde la izquierda andaluza, como entonces. Aunque, como es lógico, impulsado desde un proyecto político adecuado al siglo XXI y a la crisis impuesta desde el capitalismo globalizado.

La estrategia de los diferentes gobiernos centrales para destruir nuestro exiguo autogobierno ha consistido en la asfixia financiera del Gobierno andaluz, y en el descrédito ante la opinión pública del Estado de las autonomías en general, y de la autonomía andaluza en particular. El reciente gobierno de Mariano Rajoy, entre otras medidas, recurrió normas andaluzas como la Ley de la Función Social de la Vivienda, se negó a compartir con las Comunidades Autónomas, tanto los rendimientos por la subida del IVA, como el margen de endeudamiento que la Unión Europea le había concedido al Estado español al retrasar en un año el objetivo de déficit. Además, tanto ese como otros gobiernos estatales han incumplido sistemáticamente la Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto de Autonomía sobre la forma de distribución de las inversiones del Estado de forma equivalente al peso de la población.

Esta manera selectiva de entender las inversiones y los recortes responde a una clara estrategia: asfixiar a las Comunidades Autónomas, especialmente a Andalucía, con lo que indirectamente se desmantelan los servicios públicos que son competencia de esta -salud, educación, dependencia, etc.-, mientras, por otra parte, se convierten en deuda pública las pérdidas de las grandes empresas privadas, ya sean bancos o concesionarias de autopistas. La riqueza que se crea llega solo a unos pocos, pero las pérdidas que esos mismos generan estamos pagándolas los de siempre.

Al envite recentralizador desplegado en los últimos años por el Gobierno de España, hay que sumar la renuncia inaceptable por parte del Ejecutivo autonómico, de Susana Díaz, que no ha desarrollado el espacio de autogobierno que merece Andalucía, ni ha sabido defender la interlocución andaluza como referente del contexto autonómico frente a estos ataques. El PSOE andaluz ha competido con su socio de gobierno, Ciudadanos, por ocupar el espacio centralista, renunciando al potencial andaluz, y despreciando la oportunidad de erigir a Andalucía como ejemplo de sociedad plural y mestiza frente al actual contexto de crispación generalizada.

El carácter andalucista de Adelante Andalucía es un elemento vertebrador de nuestros objetivos de gobierno, que tienen como prioridades la creación de empleo de calidad y la transformación del actual modelo productivo, así como la defensa de la convivencia y la democracia no solo en Andalucía sino en el conjunto del Estado. Las instituciones públicas no pueden confundirse nunca con el partido en el gobierno. Por ello, urge desbaratar las redes clientelares y caciquiles que el PSOE-A ha extendido por toda nuestra geografía valiéndose de la Junta de Andalucía.

Ante la ola recentralizadora que amenaza el Estado de las autonomías, desde Adelante Andalucía queremos abrir una senda alternativa y ambiciosa basada en:

  • El empoderamiento de Andalucía y sus instituciones de autogobierno con el desarrollo completo del Estatuto de Autonomía. Retomar la iniciativa política, sin ser delegación de partidos centrales, impulsando el liderazgo político de Andalucía. Todo ello, siendo a su vez parte activa e impulsora del necesario proceso constituyente que debe afrontar desde la serenidad y la madurez democrática una nueva distribución territorial del poder, en la que Andalucía debe ser pieza clave.
  • El derecho de Andalucía a recibir financiación del Estado y de la Unión Europea, flexibilizando los objetivos de déficit en función de los diferenciales de desempleo, desigualdad, territorio y población. Andalucía, además, debe participar en la toma de las decisiones que se ejecutan desde Madrid y Bruselas en todos aquellos asuntos que le conciernen.
  • La necesidad y la voluntad de Andalucía de ser una comunidad política que actúe directamente ante la Unión Europea. Entendemos necesario optimizar los recursos humanos y materiales de los que ya dispone Andalucía, a través de su Oficina Europea en Bruselas, para garantizar la defensa de nuestros intereses ante las instituciones de la UE.
  • La asunción de las competencias sobre el Guadalquivir y el traspaso de recursos y funciones para el desarrollo de la policía autonómica, gestión de trenes de cercanías, inspección de trabajo, seguridad privada y en materia penitenciaria, servicio meteorológico y demás competencias que establece el Estatuto. Tampoco pueden quedar fuera de la gestión directa, participada y transparente emblemas andaluces como la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, el Archivo General de Indias, Doñana o los Paradores situados en nuestro territorio.
  • El máximo desarrollo de las competencias políticas de nuestro Estatuto de Autonomía con especial atención en la defensa de los derechos civiles, sociales e identitarios.
  • Consideramos que hay que modificar el sistema de reparto competencial para que podamos decidir sobre nuestro futuro. Andalucía debería poder asumir las competencias en las siguientes materias: Seguridad Social, pesca marítima en el litoral andaluz, legislación sobre productos farmacéuticos, puertos y aeropuertos, y transportes terrestres.
  • La organización territorial de Andalucía debe evolucionar sobre la base de la comarcalización, dado que las comarcas andaluzas son el verdadero espacio de intercambio de relaciones y bienes consolidado, fácilmente identificable en nuestra tierra. Asimismo, se deben afrontar las paulatinas modificaciones que esta nueva ordenación requiera en el ámbito de los servicios y actuaciones públicas.
  • La visibilización de nuestra singularidad y valores compartidos como pueblo, empoderando a la sociedad civil y promocionando nuestra realidad compartida frente clichés y falsas generalizaciones que no nos interpelan ni sirven para definirnos. Nuestra cultura es la herramienta más potente y efectiva para desterrar tópicos y falsos enfrentamientos con otros pueblos.
  • Una mayor descentralización de los recursos del Estado en favor de los municipios. Los grandes olvidados durante el despliegue de la Constitución del 78 y, paradójicamente, primera línea de actuación y respuesta social.

El pueblo andaluz conquistó su derecho a la autonomía en la calle, un 4 de diciembre de 1977, y en la batalla política posterior al 28F, ya que aquel referéndum, con las perversas reglas vigentes entonces se había perdido. Pero fue la masiva movilización social la que desbordó el guion pactado por el bipartidismo de la transición -UCD y PSOE- para Andalucía, hecho que abrió un camino nuevo al resto de autonomías. Sin protagonismo político, la actual crisis nos daña individual y colectivamente.

Andalucía ya rompió el modelo autonomista para conquistar así un autogobierno pleno de primer rango político, como recoge nuestro Estatuto de Autonomía al reconocer a Andalucía como nacionalidad histórica. Casi cuarenta años de gobierno continuado del PSOE-A han adormecido nuestra latente conciencia autonomista, nuestra identidad. El resurgir de la misma, la revalorización de nuestras instituciones y autogobierno, debe ir parejo a un proceso constituyente en el Estado. Sin el empoderamiento de los andaluces y andaluzas estaremos atados de pies y manos ante un conflicto del que somos rehenes. Seríamos un peón más en el debate de Estado que se avecina.

No hay conciencia colectiva sin identidad política, y ambas son claves que se retroalimentan entre sí. Por eso hay que luchar contra la uniformidad cultural y la colonización mercantilista de nuestras prácticas y valores. Aspiramos a construir un proyecto endógeno y que participe en la refundación del Estado. Esto implica necesariamente soberanía alimentaria, energética, ambiental, identitaria, política y territorial.

Por eso, proponemos un proyecto para el relanzamiento político de Andalucía hacia el siglo XXI, para vencer esta crisis desde la libertad y la igualdad. Para alcanzar estos objetivos:

  • Andalucía tiene que liderar sin complejos un modelo territorial avanzado que responda a la realidad plurinacional del Estado y de la Unión Europea, a partir del derecho a decidir y de la naturaleza constitucional de los Estatutos. Más autonomía representa mayores posibilidades de construir alternativas frente a la crisis global provocada desde el poder. Más autogobierno supone más capacidad de intervención pública en la búsqueda de un modelo económico para esta tierra. Andalucía tiene que buscar el mejor modelo por sí y para sí, en solidaridad con el resto de los pueblos.
  • Hay que abrir un nuevo espacio de reivindicación de nuestras competencias y de la financiación autonómica, unido a la garantía de los derechos esenciales: sanidad, vivienda, educación, servicios sociales y renta básica de ciudadanía. Además de recuperar la soberanía sobre nuestro patrimonio natural, nuestro medio ambiente y nuestros recursos endógenos.
  • Vincular el Parlamento y la Junta de Andalucía, con todos sus departamentos, servicios y empresas públicas a la voz y las necesidades del pueblo andaluz. Participación y transparencia son las palancas imprescindibles para encontrar alternativas y hacerlas realidad.
  • Necesitamos la voluntad política y el poder propio suficientes para construir una nueva estructura económica sobre una base ecologista, feminista, pública, laicista, republicana, distribuida territorialmente, equitativa, y que apueste por un modelo fiscal propio y la soberanía ecológica.
  • Debe garantizarse una separación real entre Iglesia y poderes públicos. Por ello, se deben adoptar las medidas necesarias para materializar la laicidad de las instituciones y los servicios públicos. Asimismo, urge la eliminación de los privilegios anacrónicos de la Iglesia Católica y la recuperación del patrimonio apropiado por esta indebidamente.
  • La potente identidad cultural andaluza es el paradigma para luchar contra la uniformidad y la colonización de los valores colectivos por la lógica egoísta y uniformista del mercado.
  • La solidaridad frente a la crisis es la barricada para parar recortes y privatizaciones. Nuestra capacidad financiera, pública y privada, es básica para transformar el modelo económico y garantizar derechos individuales y colectivos, así como nuestros servicios públicos.
  • La defensa de Andalucía está unida a la defensa del trabajo como derecho básico de las personas frente al intento de asimilarlo como simple mercancía. A la redistribución de la riqueza y a la justicia social. A dignificar el trabajo. A acabar con la creciente clase de trabajadores pobres.
  • Las movilizaciones sociales y las instituciones políticas autonómicas pueden y deben encontrar su clave de bóveda en la reactivación del pueblo andaluz como sujeto político colectivo. Andalucía hoy por hoy no es protagonista de su acontecer. La participación efectiva del pueblo andaluz a través de la política debe trascender los contornos de la democracia representativa clásica. Debemos garantizar que las nuevas formas de participar en política se incorporen a la toma de decisiones, a la evaluación de las políticas públicas y al establecimiento de las prioridades de la acción pública presente y futura.
  • Tenemos que caminar hacia un proyecto de Estado cooperativo, plurinacional y republicano. El avance de Andalucía es imposible sin participar en la dinámica rupturista y constituyente del Estado, que tiene en la República su expresión más elevada.
  • Demandamos más democracia en y para Andalucía, así como la capacidad real de ejecutar políticas diferentes a las impuestas por el Gobierno estatal. Más autogobierno para no depender de leyes estatales que bloqueen nuestra capacidad como pueblo para decidir salir de la crisis sin expolio, sin recortes, sin pérdida de derechos, por nuestros propios medios y basándonos en la explotación sostenible de nuestros recursos y el avance hacia un modelo verde de producción y consumo. El futuro de Andalucía como pueblo está indudablemente unido al de su autogobierno.
  • Las andaluzas y andaluces reivindicamos nuestra memoria colectiva, y para ello, se debe declarar el 4 de diciembre día histórico de la reivindicación popular del derecho de Andalucía al autogobierno. Asimismo, la justicia debe alcanzar el pasado con la abolición de la sentencia condenatoria a Blas Infante y la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática.
  • Resulta urgente defender las competencias autonómicas y el reconocimiento del patrimonio constitucional andaluz, tanto frente a los intentos recentralizadores, como frente a cualquier propuesta asimétrica que ignore a Andalucía, sujeto político propio, que se ganó su derecho a ser una comunidad histórica al mismo nivel que Cataluña, Galicia y Euskadi.
  • En este sentido, propondremos en el seno del Parlamento de Andalucía la creación de un grupo de trabajo para la defensa del patrimonio cultural andaluz, y la firma de un Pacto por el Patrimonio Constitucional de Andalucía.
  • La existencia del pueblo andaluz es democráticamente incuestionable, porque ha sido el único que de manera diferenciada exigió su derecho a decidir, y lo ejerció constitucionalmente para adquirir la autonomía plena, en la que hay artículos claros sobre la defensa de su identidad que hay que poner en vigor.

Directos